La infausta muerte que han encontrado dos exgobernadores y una gobernadora en tan solo dos años que va del actual régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos habla de un gobierno fallido en materia de seguridad al que le sobran los muertos, las fosas, las ejecuciones, los ajustes de cuentas, las desapariciones forzadas, los feminicidios, y al mismo tiempo le faltan las estrategias, la gente capacitada para los diversos cargos en la materia, la tecnología, y asumir su responsabilidad; dejar de repartir culpas y de una vez por todas tomar las riendas de un país tapizado de cadáveres.

Los neoliberales, los adversarios, la oposición, la corrupción de antes, los gobiernos pasados, todos son culpables menos el actual gobierno. Para López Obrador ha sido la retórica más cómoda echar culpas, lanzar la bolita, como dicen popularmente.

Pero la realidad está en los datos duros, los de verdad, no los que él tiene.

“El Gobierno de México prevé en 2020 un nuevo récord de homicidios dolosos registrados, con una proyección de 40,863 asesinatos pese a la reducción de la movilidad ocasionada por la pandemia de Covid-19.

Esa es la cifra que aparece en el informe de Gobierno del segundo año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, superior al récord reportado en 2019, cuando hubo 37,315 homicidios dolosos según el mismo documento.

Estos datos corresponden al “número de agresiones registradas por su presunción (homicidio) en el certificado de defunción”, y difieren de los datos elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SENSP) de 2019, que recogían 34,608 homicidios y 1,012 feminicidios durante el año pasado”.(Forbes02/sep/2020)

Andres Manuel tomó posesión del país el 1 de diciembre de 2018, y la mañana del 24 de ese mismo mes, en la víspera de Navidad, se daba a conocer la muerte de la recién nombrada gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, entre otros ocupantes que viajaban en un helicóptero.

La presunción de un atentado se repite hasta la fecha, no obstante que el 27 de marzo del presente, el gobierno federal anunció de forma oficial haber finalizado las investigaciones, concluyendo convenientemente que el percance en que falleció la pareja política se trató de un lamentable accidente aéreo.

Según informó el Gobierno, uno de los actuadores del helicóptero, el motor hidráulico que da fuerza a las hélices para que giren, dirijan y mantengan el balance en el aire, tenía dos tornillos sueltos. Otro tenía fallas intermitentes. Esto ocasionó la pérdida de control de la aeronave tras apenas 10 minutos de vuelo. Según las autoridades, la tripulación estaba al tanto de que la aeronave necesitaba mantenimiento, pero eso no evitó que siguiera volando hasta el 24 de diciembre de 2018, día en el que murieron, aunque en un principio se garantizó que la aeronave se encontraba en perfectas condiciones.

La madrugada del pasado viernes 18 de diciembre, el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue víctima de un cobarde y artero ataque directo orquestado por un comando armado en Puerto Vallarta, Jalisco.

Horas después en su conferencia mañanera, el presidente de México, es decir, el primer responsable de garantizar la seguridad y la integridad de todos los Mexicanos, quien se ha dedicado a culpar a otros para no asumir su compromiso, una vez más se lavaba las manos.

Sus palabras fueron: “Quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a sus familiares, amigos. Y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil y se castigue a los responsables.

“Aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a cuidar, se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco”.

No, señor Presidente, el asesinato del exmandatario jalisciense es un delito del fuero federal y es obligación de su gobierno llevar a cabo las pesquisas correspondientes. A usted, como garante de la seguridad, no solo le puede incumbir expresar palabras de pésame como lo hizo casi obligadamente -según se pudo apreciar-, es por mandato llegar a las últimas consecuencias para esclarecer el artero crimen que estrictamente está dentro del marco federal.

Sin menoscabo de lo anterior, sería oportuno diera a conocer a cargo de quién está la Seguridad de los mexicanos desde que abandonó el puesto el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, quien habrá que decirlo, tuvo un gris desempeño dejando el país peor de como lo encontró en materia de seguridad pública y particularmente en lo que a homicidios se refiere. (Bajo la égida de Durazo, se registraron 63 mil homicidios y un mil 700 feminicidios, es decir, un promedio de 4 homicidios cada hora en México).

Sabemos del nombramiento de Rosa Icela Rodríguez en sustitución de Durazo Montaño, pero también que no se ha podido incorporar formalmente por causa diversa.

Sin embargo, en ese inter, señor presidente, ya le asesinaron a un exgobernador y a centenas de Mexicanos . Y nos dicen que todavía no hay fecha para la incorporación formal de la nueva secretaria al frente de la SSPC. Entonces ¿quién está a cargo de la seguridad en el país?