“Todo comienzo tiene su encanto” <br>

Goethe

Por más que movamos el análisis de lo ocurrido en Sinaloa, algo pasó, el error garrafal de las fuerzas federales sin acudir con estrategias o un plan trazado impecable para capturar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, quebró algo en la sociedad sinaloense.

No fue un día normal, la zona de guerra en que se convirtió la lucha por una liberación, y que terminó en demostrarle al gobierno federal que no le hace ni cosquillas al crimen organizado, vino a romper algo cual vasija de cerámica.

Las instituciones quedaron rebasadas, pero, el error garrafal del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de dejarle la decisión a su “gabinete de seguridad” dejó desprotegido, lastimado no al gobierno, sino a los sinaloenses.

El asunto está en que ese día por más que se quiera tapar el sol con un dedo, el Estado Mexicano atentó contra los derechos universales de los sinaloenses al exponerlo de tal manera que cobró vida de inocentes.

El artículo 1 de la Constitución Política de México indica:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Así se sencillo y sin grilla con la ley de la mano el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pulverizó, por una mala e ignorante decisión, el Estado de Derecho, a esto que le agregamos una versión que 12 horas después la cambiaron.

El fatídico jueves, cientos de medios nacionales e internacionales así como los del estado publicaron la detención de Ovidio Guzmán y en la conferencia de prensa se dijo que nunca estuvo detenido.

El gobierno había iniciado una guerra, y les entregó a una persona que ya estaba detenida y la liberó, con esto, si realmente estamos en lo que el mismo presidente llama Estado de Derecho, se violó el Artículo 150 del Código Penal.

Este artículo establece que se sanciona con seis a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión….

Pero, lo que es más. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena de una tercera parte de más penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años.

Entiéndase, no se preservó la vida humana, hay gente que falleció, víctima colateral de esta refriega, es decir que, lamentablemente, un padre de familia, que dejó desamparados a sus hijos por una mala decisión de la federación.

En suma, el Estado de Derecho que tanto presume el presidente de México,  pende de un hilo.

Para aquellos que no sepan en realidad qué es un Estado de Derecho le comentamos que este es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad con su gobierno están sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente.

Este implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores, encargados de hacer cumplir la ley y jueces.

Si se realiza algo, se debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico que es aceptado y toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos.

Algo interesante del Estado de Derecho, es que contrasta con muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador es la de una gran medida de acciones sin que medie una norma jurídica.

En México en teoría es toda acción social y estatal que basa su sustento en la norma, es decir que los gobernantes quedan subordinados al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación.

El tema aquí es que las mismas declaraciones de López Obrador, hablan, transpiran todo, que se violentaron las leyes y códigos que rigen a los mexicanos.

Estamos ante un Estado fallido, y la principal preocupación ahora, es que se respalde al presidente, que recuperar el Estado de Derecho.

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