Más allá de atención a las zonas productivas de la ciudad, en donde se dan el mayor número de interacciones laborales, educativas, recreativas y de servicios, la atención de las necesidades de movilidad en las periferias es un tema de justicia social.

Particularmente en la zona norte, es crucial que existan alternativas de transporte público de calidad por dos principales razones. Primero, por la saturación que genera la demanda de miles de personas que van del Estado de México a la Ciudad de México todos los días. Segundo, por la irregularidad del terreno –específicamente para el caso de la Alcaldía de Gustavo A. Madero- que obliga a las personas a hacer uso de servicios de transporte público de cuestionable calidad y seguridad.

Instrumentos como la Encuesta Origen-Destino han evidenciado con suficiencia la desatención a esta zona de la Ciudad y llamado a la acción para incrementar la calidad de vida de sus habitantes, que se trasladan de dos a tres horas al día en condiciones deficientes y a través de medios de transporte que no están interconectados. Reducir los tiempos de traslado y establecer horarios específicos de servicios impactaría de manera directa en la calidad de vida de las personas.

Si bien el Cablebús es un proyecto que se planteó para dar atención a esa zona con condiciones topográficas de difícil acceso, lo cierto es que el procedimiento para ejecutar la obra no se está llevando de manera transparente y pareciera más bien un burdo juego de negociación bajo presión entre las constructoras y la autoridad.

Al contrario, debiera tener una ejecución favorable para la Ciudad porque no han sido pocos los elementos que se han considerado. Al inicio del proceso, la UNOPS, oficina especializada de la ONU para el desarrollo de proyectos, asesoró a los encargados del proyecto para fijar, por mencionar un ejemplo, el monto máximo de la obra en 3,000 mdp.

Sin embargo, Alfa Leitner, la misma empresa que para la construcción del Mexicable, en el Estado de México, en 2013 cotizó para un tramo de 5 km un aproximado de 1,700 mdp, para el Cablebús este año cotizó para el tramo de 9.4 km un aproximado de 3,000 mdp. No existe correspondencia entre los costos operativos de una y otra obra y eso debería ser motivo de alerta, no sólo porque representaría evidencia sobre la posibilidad de corrupción o sobreprecios de la obra en el Edomex, sino también porque no parece tener relación con la inflación y otros costos similares.

Luego de declarar desierto el procedimiento de licitación, se realizó una invitación restringida en la que –fuera de toda lógica- nuevamente se invitó a Alfa Leitner. Extraña que un proyecto que resulta tan necesario para atender, como dijera el Presidente, primero a los pobres, esté a expensas de empresas que no concursan con seriedad y que obligan a que se prolonguen los procesos de forma innecesaria.

No debe perderse de vista lo importante que es que los requisitos estructurales y de operación básicos para el funcionamiento de este proyecto que busca mover a 130 mil habitantes de las zonas altas de la Alcaldía Gustavo A Madero estén cubiertos. En caso contrario, cabe la mención a la construcción y operación de los primeros dos años de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro.

Las experiencias pasadas en licitaciones de obras públicas de gran tamaño e impacto deberían ser ejemplo de eficacia en el uso de los recursos y estar enfocados en todo momento a la maximización de la utilidad pública por las que fueron planteadas: para proveer a las personas de las zonas históricamente menormente atendidas del derecho a la movilidad de manera segura y eficaz.

La problemática de la movilidad en la Ciudad tiene dimensiones metropolitanas en términos geográficos e implicaciones políticas sustantivas en términos financieros y de planeación urbana, especialmente para las periferias. Esperemos que la Jefa de Gobierno dé prioridad a crear soluciones y en no seguir operando a través del amiguismo y a través de procedimientos opacos.