Andrés Manuel López Obrador es más líder que nunca en las encuestas rumbo al 2018 y sus detractores podrían estar orquestando una ofensiva para restarle credibilidad ante la ciudadanía, con un pleito político que buscaría consecuencias legales pero, sobre todo, de exposición con el personaje más detestable de la política mexicana contemporánea: Javier Duarte. 

En un escueto comunicado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó el inicio de una carpeta de investigación por "el posible desvío de recursos públicos del anterior gobierno del estado de Veracruz, por parte de ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a favor del Presidente del partido político MORENA". 

De acuerdo con la Fiscalía, el proceso responde a información que circula en medios de comunicación, que recogen acusaciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en contra de López Obrador por la supuesta entrega de recursos ilegales durante la administración de Javier Duarte. 

Las acusaciones de Yunes Linares han sido vertidas en plataformas de interacción social como Facebook y Twitter donde, sin presentar pruebas o documentos oficiales, ha asegurado que la delegación estatal de Morena recibía 2.5 millones de pesos mensuales por un problema comunitario en el municipio de Coatzacoalcos. Además, el panista adelantó que poseía un audio que involucraba al ex secretario del Trabajo estatal, Gabriel Deantes, y a militantes de Morena, quienes habrían gestionado recursos para impulsar la campaña de su candidato en la elección de 2016, el diputado federal Cuitláhuac García. 

A 16 meses de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador es líder en la mayoría de las encuestas de medios de comunicación y consultoras especializadas. Por ejemplo, en el ejercicio estadístico de SDPnoticias del pasado 12 de febrero, ciudadanos consultados respondieron que, si las elecciones "fueran mañana", el 38.5 por ciento votaría por Morena, que sacaría una ventaja de 18 puntos al PAN y de 25 al PRI. Cuando la pregunta toma en cuenta a los posibles candidatos por partido, e independientes, el tabasqueño alcanza hasta 45 puntos, y supera por entre  26 y 23 puntos a Margarita Zavala, sea como abanderada del PAN, o de la coalición blanquiazul con el PRD. 

El anuncio de la Fepade (que la última vez que divulgó información sobre una investigación en curso casi tuvo que disculparse con el ex vocero del PVEM, Arturo Escobar) deriva de la grilla a la que López Obrador decidió entrarle esta semana en su visita a Veracruz, cuando acusó a los periodistas locales de estar "maiceados" por el gobierno estatal. Esa declaración provocó que el gobernador Yunes publicara un video en el que advertía de los supuestos lazos de corrupción entre Morena y Javier Duarte. Después de retarlo a un debate público, Yunes culminó su operativo anti-AMLO con la presentación de un audio de 2016 en el que, supuestamente, queda claro el contacto entre operadores de Morena y el secretario de Trabajo del gobierno de Duarte, Gabriel Deantes. 

El problema es que el audio no demuestra nada. No es una prueba que sustente una acusación tan grave como el supuesto desvío de recursos públicos. No aporta nombres, números o cantidades. El audio contra AMLO de Yunes Linares es FAKE NEWS. 

La grabación fue divulgada en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, quien pese a cuestionar al gobernador sobre la relevancia  del audio, avaló su presentación, lo que inevitablemente desató una serie de notas periodísticas replicando información no verificada. En un mundo donde el New York Times pagó un anuncio millonario para transmitirse durante la ceremonia de los Oscar, en donde asegura que la verdad es más importante ahora que nunca, los reportes que aspiren a ser trascedentes deben tener evidencia irrefutable. 

Pero más allá de las responsabilidades del periodismo, está el papel de la autoridad. Si el comunicado de la Fepade se interpreta de la forma en la que está escrito, se infiere que la investigación no responde a una denuncia, sino que se abrió "de oficio" por reportes imprecisos en medios de comunicación. 

A un año de las elecciones presidenciales, un problema menor, como en el 2005 fue la expropiación del predio El Encino, podría volver a mermar  la campaña de López Obrador por llegar a Los Pinos. Un año antes de las elecciones de 2006, la Cámara de Diputados desaforó a Andrés Manuel López Obrador por la supuesta violación a un amparo. El episodio de "El Desafuero" provocó alarma en medios internacionales, que vieron en el proceso un "retroceso" para la democracia mexicana. Finalmente, y tras casi un año de proceso, la PGR decidió no ejercer acción penal contra el entonces Jefe de Gobierno, aunque lo siguió considerando "presunto responsable". 

AMLO vivió una segunda ofensiva en un proceso presidencial con el famoso "Charolazo" de 2012, cuando semanas antes de los comicios se divulgó un audio en el que algunos de sus allegados, supuestamente, solicitaban 6 millones de pesos a empresarios. En diciembre de 2012  una investigación de la Unidad de Fiscalización del INE concluyó, tras el análisis de 34 cuentas bancarias, que la coalición que impulsó a López Obrador no había recibido fondos de esa reunión. 

La coyuntura es distinta pero las intenciones podrían ser las mismas, ¿dañará a Andrés Manuel López Obrador una acusación orquestada desde los rincones de la política, pero con poca sustancia jurídica?