La crisis de la Planeación en México empezó pocos años después de que esta política de Estado se hizo constitucional (artículo 26). Todo fue a menos con la llegada del neoliberalismo. Junto con la Planeación Democrática, la Rectoría Estatal (artículo 25), nacida también en esos años como precepto constitucional, fueron borrados en el discurso, pero también de la vida económica, política y social de la nación.

En el ámbito del Desarrollo Urbano, la falta de operación de los planes (mal llamados programas) ha significado muchos problemas para la ciudad, para todas las ciudades del país. La regulación no sólo no se cumple, sino que ha sido motivo de grandes actos de corrupción en donde el tamaño de soborno puede medirse por el monto de los obras o los terrenos. Mucho dinero en juego, pero con muchas consecuencias en la calidad de vida de la población.

El estado del arte del desarrollo urbano de México no es muy alentador. Más aún en un contexto de crisis institucional. Es decir, no sólo es un Estado disminuido en su equipamiento y funciones por la política económica, por el modelo económico impuesto desde 1988, es un Estado disminuido por la enorme crisis de las instituciones y un sistema político que sentimos cada vez nos representa menos. Tanto en lo económico como en lo político, el modelo ha fracasado.

Ha sido la imposición del modelo neoliberal, consolidado con las recientes contrarreformas, lo que nos ha llevado al fracaso.La propuesta sería entonces retomar el camino donde se truncó la planeación y propongamos la necesidad de llevar a fondo, a su real aplicación, el cumplimiento de los artículos 25 y 26 de la Constitución. Que la Rectoría Estatal y Planeación Democrática sean una realidad.

En lo que respecta al desarrollo urbano, no creo que haya otra opción visible que pueda dar resultados. En pocas palabras, no puede haber desarrollo urbano si no hay Planeación Democrática ni Rectoría Estatal. La planeación del desarrollo urbano, su metodología y marco jurídico, siempre ha considerado que los planes se elaboren, aprueben e instrumenten, con la participación de la comunidad y que haya mecanismos como la Consulta Pública o Consulta Popular, como lo estipula el ya señalado artículo 26 constitucional. Eso tampoco se ha cumplido.

La propia Rectoría Estatal no será posible si no se dan los mecanismos democráticos y de participación que exige la planeación. De hecho, para que los planes se cumplan a cabalidad haría falta mucha participación de la sociedad. Pero un plan no se elabora a base de participación social, ya que la planeación es una práctica técnica y científica que exige de metodologías, instrumentos y técnicas, pero también de profesionales capacitados en cada materia.

En ese contexto, las propuestas que desarrolle el plan, si bien tienen que ser consensuadas, todas exigen de un soporte técnico y legal que las justifique. Es probable que algunas decisiones de origen técnico no tengan mucho consenso, siempre hay una diversidad de intereses en la comunidad, así como en la cultura, información y visión que tiene la comunidad de los problemas de la ciudad. Pero eso es labor que la metodología y las técnicas de planeación, como lo son los mecanismos de participación social, deben resolver.

Creo que es momento de retomar el camino, las herramientas técnicas y legales para enderezarlo existen, no hay que inventar nada nuevo, sólo llevar a la práctica lo que dicta la Constitución y nuestro Estado de Derecho. Sólo es cuestión de cumplir la ley, y esto incluye el juego de la democracia y la participación. Por supuesto, esto sólo será posible con un gobierno democrático, un gobierno que vea a la Planeación Democrática como un imperativo de la acción pública.