En la reciente entrega de la revista Nexos, María Amparo Casar titula un texto como “Sí o sí: Me canso ganso” (https://www.nexos.com.mx/?p=43039) Y, por supuesto, bienvenida la libre deliberación democrática y las diferencias de percepción y de criterio. El problema es que en el texto se hacen imputaciones de hecho (que no opiniones identificadas como tales) según las cuales el presidente @lopezobrador ha incurrido en actos contrarios a derecho y otros de “dudosa legalidad”. En realidad, se trata de juicios de valor de la autora que no entiende de derecho y su análisis es más bien metajurídico. Las únicas personas que pueden resolver si un acto del presidente de la República es ilegal o no son las autoridades jurisdiccionales competentes. No hay a priori “ilegalidades” ni menos existe el concepto con relevancia jurídica de “dudosa legalidad”. Se refiere en ese texto el caso del memorándum presidencial que no por ser ajeno a las prácticas acostumbradas en el pasado carece de vida jurídica. 

Conviene señalar que diversos abogados interpusieron demandas de amparo para que se declarara ilegal, contrario a derecho, el famoso memorándum. En todos los casos, las demandas fueron desechadas por los juzgadores de distrito por ser notoriamente improcedentes en virtud de que sus promoventes carecían del interés jurídico, requisito sine qua non para entrar al fondo del asunto. El memorándum presidencial nunca ha sido declarado como ilegal o sin validez o vida jurídica por el Poder Judicial de la Federación. Menos ahora que se ha quedado prácticamente sin materia. 

De esta suerte, es falso lo que sostiene la empresaria del PAN. Queda, en el mejor de los escenarios, en una mera apreciación que carece de mérito en un tribunal de derecho. Vale la pena reiterar que un acto de autoridad que eventualmente pueda estar afectado de inconstitucionalidad, en el extremo de los casos,  sólo puede dejar de tener efectos legales por una resolución jurisdiccional competente debidamente fundada y motivada, jamás por lo que se diga o se opine en los medios de comunicación. No hay duda, el presidente @lopezobrador ha mutado de los usos y costumbres de ejercer sus atribuciones constitucionales y legales, pero- por lo menos hasta ahora- ninguna de sus decisiones ha sido resuelta como “ilegal” y jamás podría un juzgador resolver que un acto de autoridad es de “dudosa legalidad”. O es legal o no lo es. Pero no hay esa expresión en el derecho positivo mexicano como sostiene Casar.

Entiendo que esas reflexiones están animadas por el cuestionamiento de lo que hace o no hace el presidente de la República atendiendo a discrepancias políticas y en ese contexto se inscriben este tipo de textos. Lo que habría que cuestionar es que se manipule a la sociedad creando conceptos que sólo existen en la mente de la autora y sostenga la existencia de actos “ilegales” sin citar- por razones incluso de carácter académico- las resoluciones judiciales que sustentan sus dichos. Es menester honrar el derecho a saber de los gobernados y ello implica veracidad, que no se advierte por ningún lado. El problema es que la posverdad (la mezcla de mentiras con verdad) y las fake news van ganando terreno en los medios de comunicación generando desinformación y manipulación en algunos grupos que puedan dar por buenas semejantes valoraciones sin más fuentes que la imaginación de quien escribe ese tipo de textos.

@evillanuevamx

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