Una investigación periodística reveló en noviembre de 2014 que la primera dama Angélica Rivera habría comprado una casa valuada en 7 millones de dólares ubicada en una zona exclusiva de la capital del país. El inmueble adquirido era propiedad del empresario Juan Hinojosa Cantú, dueño del grupo Higa y constructor “favorito” del presidente Enrique Peña Nieto desde hacía tiempo atrás. La esposa del presidente, explicó días después que dicha propiedad la adquirió con los ahorros producto de su trabajo como actriz en Televisa; con ello comenzaría la pesadilla.

Pocas semanas después un nuevo golpe cimbraría al primer círculo del poder del gobierno federal, con la aparición de una nueva propiedad en Malinalco Estado de México y con un valor de 500 mil dólares comprada -supuestamente- por el entonces canciller Luis Videgaray al mismo Hinojosa Cantú.

Luego de ello, una cascada de escándalo tras escándalo vinculados a presuntos actos de corrupción involucrando a funcionarios de las más altas esferas del poder gubernamental. Los casos de la constructora OHL, la petrolera de Odebrecht, la Estafa Maestra, el Paso Exprés de Cuernavaca se convirtieron en sinónimo de corrupción para la sociedad mexicana.

Sin embargo, la corrupción no solo alcanzó las esferas del Ejecutivo, sino que prácticamente trastocó a todos los poderes públicos. En el legislativo, el ramo 23 -los moches- se convertiría en el cheque de cambio para aprobar las reformas estructurales y presupuestos a modo, rápidamente legisladores de -casi- todos los partidos sucumbieron al canto de las sirenas y de la noche a la mañana mudaron como los “nuevos ricos del pueblo” y en empresarios prósperos de la industria de la construcción. En el poder judicial, con decisiones a modo sirvieron de tapete al encargo presidencial. Hoy sabemos por ejemplo que las investigaciones de los órganos de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos -puede- ser la causa de la renuncia del -otrora poderoso- ministro de la corte Medina Mora por presuntas transferencias millonarias.

Pero si todo esto fuera poco, la puntilla parece haber llegado hace unos días, cuando se hicieron públicos audios de entrevistas -simuladas- por una empresa Israelita contratada por la empresa Oro Negro con funcionarios de Pemex. Dichas conversaciones confirman el modus operandi, donde los regalos, mordidas y sobornos era práctica común de los directivos para obtener dinero ilícito. En las conversaciones quedan registrado el nivel de corrupción imperante, cuando José Carlos Pacheco Ledesma, coordinador ejecutivo de Pemex perforación y servicios señaló “a los directores les han dado hasta 5 millones de dólares” y rematar que Carlos Morales considerado el número dos de la empresa “recaudó 2 mil millones de pesos para apoyar la campaña presidencial de Peña Nieto”.

Hoy todos tenemos la certeza de la corrupción institucionalizada en el Gobierno de Peña Nieto desde la Casa Blanca hasta El Oro Negro, también sabemos que Andrés Manuel siempre tuvo la razón y que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia tienen la última palabra.

¡No le vendría mal un poco de justicia al pueblo de México!

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