Aprobado ya por el Congreso Federal mexicano el hecho que los pasivos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) sean convertidos en deuda pública, existe un fuerte cuestionamiento a los argumentos que se usaron para aprobar dicha deuda y meditar en torno a lo que se dejó de hacer en materia legislativa meses atrás, ya que se aseguró en las discusiones parlamentarias que la petrolera necesita  estar saneada financieramente para poder competir en el momento en que se abre el sector energético a la competencia, así como reducir sus pasivos laborales para llegar al fin mencionado, pero ignorando lo ya mencionado por parte de Diputados y Senadores al momento de reformar las leyes en materia laboral y fiscal que hubiera significado un alivio para la empresa como transparencia a sindicatos y una mayor recaudación vía Impuesto sobre la Renta (ISR) a grandes fortunas.

El argumento económico teórico de los congresistas en vez de haber legislado con anterioridad sobre el tema es que una empresa limpia en lo financiero y laboral es una empresa que puede insertarse de mejor manera en la competencia perfecta, por lo que el rescate era inaplazable y necesario.

La realidad mexicana nos da muestra de un escenario diferente al citado en el párrafo anterior, ya que para que una empresa estatal del tamaño de PEMEX sea rentable en la forma en que planteó la Cámara de Senadores, es necesario tener un reglamento que controle lo laboral y fiscal y sea llevado a la práctica a cabalidad.

En el tema fiscal es sabido y ya ha sido expuesto por otros medios que la Hacienda pública quitaba buena parte de los ingresos de la ex paraestatal, por lo que no se contaba con los recursos financieros suficientes para desarrollar nuevas tecnologías y exploración por parte de PEMEX, lo que llevó a que una parte de las reformas discutidas estos días quitara algunas cargas fiscales,  pero dejando un hueco en lo laboral, ya que no se puede argumentar que los pasivos de PEMEX se deben al excesivo pago de pensiones y malos manejos sindicales y no hacer nada al respecto tal como se había mencionado con anterioridad.

La oportunidad de los legisladores llegó por primera vez en noviembre de 2012, al ser discutida y promulgada la reforma laboral para poder transparentar la actividad sindical, en vez de dejar intacta dicha sección y añadiendo un anexo al artículo 365 que dice:

El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda. Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos:

I. Domicilio;

II. Número de registro;

III. Nombre del sindicato;

IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo;

V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo;

VI. Número de socios, y

VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso.

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses.

 

Como se puede leer, no existe nada referente al manejo de dinero, por lo que de haber sido modificada esa parte en la Ley Federal del Trabajo, hoy no se estaría en la necesidad de volver deuda pública a los pasivos de PEMEX, de la misma manera que si se hubiera realizado el trabajo en materia fiscal.

Al final la reforma laboral y fiscal no han servido para modificar las relaciones existentes al interior de esos mercados y permiten y toleran las malas prácticas por parte de empleadores en el Gobierno y líderes sindicales que a pesar de lo legislado en la materia, no lograrán el fin de volver a PEMEX competitiva frente a sus futuros competidores.

Lo que los legisladores han demostrado estos meses es una labor de mala gestión política, desconocimiento en la materia y nula planificación a largo plazo, por lo que el futuro de la empresa petrolera no parece ser el mejor.