México, continuidad o ruptura en materia de seguridad

¿Debe el próximo gobierno continuar con la estrategia unilateral de combate al crimen organizado del Presidente Calderón o debe reformar la política de Estado en materia de seguridad?

En días pasados el diario francés Le Monde dedicó una dura editorial al gobierno de Felipe Calderón, los resultados de la actual política de combate al crimen organizado y advirtió que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no modificará la situación de barbarie humanitaria que se vive en el país. 

            A principios del presente año el rotativo parisino también alertó sobre el regreso del PRI, pues la fracasada política de seguridad de Felipe Calderón y la desigualdad sin freno otorgaban grandes ventajas al partido que gobernó a México por más de 70 años. 

            La primera alternancia política fue un fracaso, el Partido Acción Nacional (PAN) no estuvo a la altura que las circunstancias históricas exigían. El cambio democrático que propuso el partido fundado por Manuel Gómez Morín fue postergado por el pragmatismo. La transparencia y rendición de cuentas quedaron relegadas por la opacidad y corrupción en la gestión gubernamental, lo que en su conjunto posibilitó el retorno del PRI.

             Le Monde duda de la eficacia de Enrique Peña Nieto para combatir a las organizaciones criminales, toda vez que la corrupción y complacencias del partido tricolor con los traficantes de narcóticos fueron regla no escrita del viejo régimen político. Pero más que referir a lo que fue el PRI antes de dejar el poder, deberíamos observar lo que está sucediendo en estados gobernados ininterrumpidamente por el Revolucionario Institucional, en donde las ejecuciones y denuncias de medios locales sobre contubernios entre mandatarios priistas y organizaciones criminales, son cotidianas. 

            En estados como Tamaulipas, Veracruz y Estado de México, gobernados por el PRI, la espiral de violencia es más que evidente ante la opinión pública y medios de comunicación. Los gobiernos estatales priistas lejos de combatir el flagelo de la violencia e inseguridad se ciñen a negar el problema; aunque es cierto que el tema de la violencia generada por grupos del crimen organizado es generalizado, pues afecta a distintas entidades federativas gobernadas por diferentes fuerzas políticas, tenemos como antecedente las declaraciones del ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, de extracción tricolor, quien reveló que los gobiernos federales emanados del PRI pactaban con los grupos delincuenciales, y de esta manera se contenía la violencia.

            La “estrategia” de seguridad, por llamarle de alguna manera a las improvisaciones y ocurrencias de Felipe Calderón en materia de seguridad, ha registrado más costos que beneficios. Se cree que las drogas son un problema exclusivo de la seguridad pública, cuando involucra aspectos de mayor prioridad como la salud y educación públicas. Si se acentúa el tema en la parte de seguridad se estará atacando la oferta de narcóticos, pero de ninguna manera la demanda, que es de mayor peso para la seguridad del país. 

            Durante la campaña presidencial, Enrique Peña Nieto prometió corregir la estrategia de seguridad; después del primero de julio solamente refirió que habría modificaciones, lo que quiere decir que en el fondo la actual política de combate al narcotráfico continuará vigente. La prioridad será la militarización, el combate frontal con las organizaciones criminales antes que los diagnósticos, evaluaciones y estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

            Como principal afectado por los negocios de grupos delincuenciales, México debe plantear estrategias y llevarlas al debate internacional para evaluar las salidas a lo que Le Monde catalogó como “carnicería real” y “el más mortífero conflicto en el planeta en los últimos años”. De ser necesario, la legalización de las drogas a nivel global tendrá que discutirse, y aunque son muchos los intereses en juego, México tiene que recuperar el liderazgo que perdió ante la comunidad internacional para impulsar soluciones. 

            Sin embargo, antes que nada es imprescindible conformar una política de Estado, que recoja necesidades y propuestas en materia de narcóticos de los Poderes de nuestra república, los tres niveles de gobierno de nuestra federación y de las distintas fuerzas políticas para que exista compromiso, eficacia y efectividad en los cursos de acción que se definan.

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