La democracia participativa o directa en el ámbito nacional se está inaugurando con la reforma al artículo 35 constitucional en 2012, con la Ley Federal de Consulta Popular de marzo de este año y la presentación de cuatro peticiones de consulta por sendos partidos políticos, del PRD, MORENA, PAN y PRI, respectivamente.

Sin embargo,  el uso de esta novedosa forma de participación ciudadana, inédita en nuestro país, tiene desde mi punto de vista varios inconvenientes que la están tergiversando y que eventualmente la puede hacer fracasar y abortar antes de advertir sus ventajas. Veamos:

1.- Se incorporó en el artículo 35 constitucional, que se refiere a las prerrogativas de los ciudadanos, no de los partidos políticos, cuya base principal se encuentra en el dispositivo 41 de nuestra misma Carta Fundamental, y ahí no se les da el derecho de petición de consultas. Me pueden contestar que tampoco se les prohíbe en la ley y por tanto lo pueden hacer. Sería cuestionable este argumento por la naturaleza jurídica de los partidos políticos como entidades de interés público, los cuales se financian con recursos preponderantemente públicos (90% sobre el resto de origen privado).

Y resulta que son 4 partidos los promotores y solicitantes de las consultas, contra ninguna organización estrictamente ciudadana que se haya involucrado en el nada fácil reto de conseguir  millones firmas de apoyo para plantear alguna, con los costos que ello implica.

2.- Los partidos solicitantes han utilizado sus peticiones de consulta para iniciar las campañas con mucha antelación a los tiempos permitidos por la ley, bajo el pretexto de recabar las firmas de apoyo, y sus respectivas propuestas seguramente serán parte central de sus discursos en las campañas formales, independientemente de que procedan o no, según determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este argumento se corrobora porque la ley también prevé que las consultas pueden ser solicitadas por el Presidente de la República y por un tercio de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. ¿Por qué el PRI no exploró estas dos vías y el PAN y el PRD solo la segunda? Seguramente porque no implican movilización de firmantes y publicitación masiva de sus propuestas.

3.- Ninguno de los cuatro partidos ha informado cuánto gastaron para recabar las firmas de apoyo: 4.1 millones el PRD, 2.9 millones MORENA, 2.5 millones el PAN y 6.1 millones el PRI, que seguramente suman varios millones de pesos, lo más probable tomados del financiamiento público que reciben del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE anunció que le costará 30 millones de pesos tan solo revisar alrededor  de 13 millones de firmas recabadas por los 4 partidos y determinar si cumplen con el requisito legal de al menos el 2 por ciento de la lista nominal de electores. Con ese referente es muy probable que se gasten entre el INE y los partidos alrededor de 100 millones de pesos, en una  etapa previa que puede tener como resultado que no se realice ninguna consulta.

4.- El procedimiento en mi opinión está invertido, porque obliga a los solicitantes de las consultas a recabar las firmas de apoyo y al INE a revisarlas, previamente a saber si la consulta será procedente o no y si se presentará o no al cuerpo electoral junto con las elecciones federales siguientes. Porque es hasta entonces que la SCJN determinará si las preguntas planteadas por los partidos solicitantes se ajustan o no a la Constitución.

Un escenario muy probable es que la SCJN resuelva que ninguna de las peticiones de consulta sea procedente y que esos 100 millones de pesos, como si fuera tan poco, se irán a la basura, y solo servirán para el posicionamiento político electoral de los partidos, que no era el propósito de las consultas populares.

5.- Se están trasladando a la SCJN disputas interpartidistas como la reforma energética, y la misma seguramente será cuestionada o descalificada por el partido que no resulte beneficiado con la resolución, como ya lo está anunciando MORENA y el PRD, minando la imagen institucional de nuestro máximo tribunal.

Estas son algunas desviaciones que en mi opinión se están presentando con nuestra novedosa consulta popular, que puede fracasar antes de que la conozcamos, al menos desde el modelo que se legisló y como se está utilizando por los partidos politicos.