El Instituto Nacional Electoral y El Colegio de México publicaron recientemente un informe sobre la calidad de la ciudadanía en México, es un análisis relativo a las percepciones y prácticas ciudadanas, así como de su relación con diversos sujetos de intermediación y representación política.
Los datos del estudio se basan principalmente en dos encuestas elaboradas a nivel nacional, a 11 mil ciudadanos y en 169 entrevistas a líderes o representantes de asociaciones civiles, sobre valores, percepciones, prácticas ciudadanas, patrones de organización, alianzas y peticiones entre actores colectivos de la sociedad civil.
Los resultados indican que 53% de los encuestados respondió que las personas siempre deben respetar las leyes; 37%, piensa que, en los hechos, la ley se respeta poco; y 29%, considera que no se respeta nada, estos resultados nos demuestran que la percepción de civismo y de la procuración de justicia está por los suelos.
Respecto al nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales, los peor calificados son los diputados y los partidos políticos. En sentido inverso, los mejor calificados, sorprendentemente, resultaron los maestros y sobre todos los demás, el Ejército.
A pesar de los conflictos magisteriales y las fuertes críticas en contra de la calidad de la educación, los maestros siguen ocupando un nivel muy importante dentro del reconocimiento ciudadano respecto de su importante papel en la vida social, así mismo, no obstante el controvertido papel que las Fuerzas Armadas han tenido que desempeñar en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, la ciudadanía las mantiene en el más alto nivel de respeto y consideración.
La actuación en el desempeño de los partidos políticos y sus representantes legislativos, registra un rechazo y desconfianza extrema y el problema es bastante delicado, pues en muchas ocasiones, la percepción que tiene la ciudadanía es que la ley no es producto de la interpretación de conductas sociales reiteradas que requieren normarse, sino que es el resultado de consensos políticos para generar cambios dentro de la sociedad, a veces en contra de lo que la ciudadanía necesita, adicionalmente perciben como un exceso la cantidad de disposiciones legales.
El ciudadano se entera de la aprobación de las leyes a través de los medios de comunicación, pero no tiene manera de acceder a su contenido de manera fácil, lo que hace que sea poco probable su comprensión real de los alcances, aunado a esto, no ha visto un cambio positivo en su vida cotidiana, lo que le genera mayor confusión y un rechazo tácito al trabajo legislativo.
La actitud de confrontación mostrada por los partidos políticos, a través de sus (en teoría nuestros) legisladores en tribuna y observada durante los debates y aprobación de todas las reformas estructurales, afortunadamente ya concluidas, sumada a los escándalos de desfalcos, acosos sexuales, malos manejos, involucramiento con el crimen organizado y enriquecimiento ilícito, solo provocan que la desconfianza ciudadana crezca.
Dos factores adicionales abonan a la falta de credibilidad que tienen los políticos con los ciudadanos, el primero refiere a los frecuentes cambios de partido por parte de los políticos, en el afán de conseguir una nueva candidatura, regularmente negada, no ganada, o perdida, en el partido de origen; si bien es cierto que están en su derecho, estos cambios infieren un cambio de ideología por parte de ellos, pues las diferencias entre los partidos políticos se refieren a su ideario, de estos hay innumerables casos, probablemente el más conocido es el del Senador Manuel Bartlett, actualmente militante en el Partido del Trabajo.
El segundo factor es comúnmente conocido como el “Chapulinazo”, y se refiere a no concluir el plazo constitucional establecido para el cargo al cual fueron elegidos, con miras a buscar la candidatura para otro puesto de elección popular.
Este factor lo observamos elección tras elección para los tres órdenes de gobierno y se acentúan más cuando los funcionarios utilizan sus cargos vigentes para promocionar su imagen y financiar sus precampañas con tiempo y recursos públicos.
En un acto de congruencia, el lunes pasado el Alcalde de Querétaro, Roberto Loyola, advirtió a sus funcionarios que no se distraigan buscando un cargo de elección popular para el 2015 mientras estén trabajando en su administración, invitándolos a renunciar si ese era su interés.
Esta misma declaración tomó por sorpresa a propios y extraños, incluido a un servidor, pues es ampliamente conocido su interés para contender por la gubernatura del estado, aprovechando que el martes daba audiencia vía Twitter, decidí preguntarle:
Estimado lector, tome usted su propia conclusión, mi intención no es aumentar sus dudas, mucho menos disminuir su confianza ciudadana, pues la encuesta revela un dato aún más preocupante: sólo el 53% de los entrevistados reconoce que la democracia es preferible; 18% declaró que le da lo mismo un sistema democrático que otro, pero 23% declaró que a veces preferiría un sistema autoritario, un síntoma muy grave, que indiscutiblemente debemos revertir.
Lic. Rafael Zaga. @razagave