En BCS hay una pequeña dictadura en el sistema judicial

Qué críticas originó la ampliación del periodo como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar. El Senado de la República votó a favor de aumentar de 4 a 6 años. Hubo quienes creyeron que es sumamente grave porque consideran un antecedente peligroso, pero en Baja California Sur ya tenemos experiencia en eso de prevalecer en la posición de poder.

“México corre el peligro de convertirse en una dictadura”, repite una y otra Felipe Calderón Hinojosa durante los arranques de campaña del PRI-PAN-PRD. ¿Por qué lo señalaba? ¿Es el temor a una deja vu en el que Morena vuelve arrasar en 2021? Lo cierto es que nosotros en BCS ya tenemos una pequeña dictadura en el sistema judicial.

Estoy hablando del eterno magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia de Baja California Sur: Daniel Gallo Rodríguez. Desde que llegó el PAN al poder lo primero que se hizo fue acomodar esta piueza fundamental del Grupo Comondú, encabezado por el exgobernador de la entidad, Marcos Covarrubias. Incluso, Carlos Mendoza Davis lo ratificó hasta hoy y esto violentando los reglamentos internos.

De hecho, el abogado Arturo Rubio Ruíz de la asociación Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana (LETRAS A.C.) denunció el atropello y la simulación al interior del Poder de Justicia del Estado de BCS, un poder subordinado a los gobiernos panistas. El 26 de mayo de 2020 se abrió la carpeta de investigación LPZ/2722/2020/NUC por usurpación de funciones, en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y su Judicialización. Por supuesto, nada ha pasado hasta hoy.

Debemos recordar que, en 2011, cuando ganó el panista Covarrubias Villaseñor obtuvo la mayoría en el Congreso del Estado de BCS, en esa ocasión fue elegido por seis años para ser magistrado y en 2017 obtuvo una renovación otro periodo similar. Una vez dentro de la instancia judicial, Daniel Gallo consiguió el 18 de enero del 2012 ser presidente magistrado, fue reelecto el 4 de abril de 2014; en abril del 2017 y en su tercer periodo como titular del Tribunal de Justicia y concluyó en abril de 2020.

A principios de junio de 2020 consiguió que el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado lo designara por un periodo más de 2020 al 2023. En el boletín emitido por la institución Gallo Rodríguez expresó “que asume el mandato con compromiso, responsabilidad, rectitud y transparencia de cara a los justiciables y a la sociedad en general”.

Según el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur expresa: “El Tribunal Superior de Justicia del Estado funcionará en los términos que lo determine la Ley Orgánica. El Tribunal, en escrutinio secreto, en la primera sesión que se celebre durante el mes de abril del año en que se haga la designación, nombrará entre los magistrados al que será presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este durará tres años en su cargo”.

Escudándose en la pandemia, continúa ejerciendo como magistrado, cobrando como magistrado, ostentándose como magistrado. Eso no puede ser. En el punto de vista legal es un delito que se denomina usurpación de funciones. Se aprovecha que el gobernador está distraído en la lucha por el Fonden, por la pandemia. Y que el Congreso está peor, están enfrascados en una lucha interna entre dos fracciones, queriendo controlar los recursos y las comisiones del Congreso

Entonces, si analizamos el caso de Gallo Rodríguez frente al de Zaldívar ambos nos hablan de cómo el Poder Ejecutivo continúa metiendo las manos, pero es desde mi punto de vista más grave la situación que impera en el Poder Judicial del Estado porque está violando la ley para mantenerse allí cuando la constitución establece un de 3 años, es decir, no puedes ser el titular de un poder que debe cuidar la legalidad cuando estás en una fragante ilegalidad.