Al ver las imágenes de lo ocurrido en Baja California Sur luego del paso del huracán ?Odile? uno no deja de formularse diversos cuestionamientos:

 

 

 

 

 

En principio, me resisto a creer que 26 mil almas hayan coincidido en acudir a disfrutar de un periodo vacacional, sin antes haberse informado de las condiciones climatológicas para arribar a un destino turístico.

 

En conversaciones con académicos de instituciones como la UNAM o la UAM, que aprovecharon el puente patrio para tomar unas breves vacaciones y sufrieron la peripecia, han coincidido en señalar que personal de Interjet, línea aérea propiedad de Miguel Alemán Velasco, ?les aseguraron que no tenían información de la presencia de ningún huracán en Baja Sur? (sic) durante los días de asueto. O que en todo caso, ?el temporal sería pasajero? (re-sic).

 

El dato no es menor. Por un lado, revela la falta de preparación del personal de una aerolínea y por el otro, el afán de mantener los vuelos vendidos y evitar reembolsos, a costa de la seguridad de los viajeros.

Respecto a los protocolos de seguridad, es evidente que la curva de aprendizaje del Gobierno Federal, luego de la experiencia de los huracanes ?Ingrid? y ?Manuel? en el 2013, rindieron sus frutos, a pesar de las pérdidas materiales, no se contabilizaron mayores pérdidas de vidas humanas, -si bien van cuatro turistas fallecidos, el número de defunciones pudo ser mayor, dada la potencia destructiva de ?Odile?-, de acuerdo con el Director de Protección Civil, Luis Felipe Puente y el Director de Conagua, David Korenfeld, quienes informaron a tiempo de la trayectoria y fuerza del fenómeno.

En contraste, pareciera que las insuficiencias para que los destrozos fueran menores, proviene del Gobierno encabezado por el panista Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, a cuya administración corresponde estar al día en cuanto a los protocolos de seguridad y dar a los mismos una amplia difusión, en una entidad donde la vida de su población transcurre de la mano del mar y el turismo.

Por los testimonios de los viajeros que ya lograron volver al DF, ?los lugareños no tenían ni idea de qué hacer. No hubo autoridad alguna que los orientara y los albergues se destinaron en su mayoría para los turistas?.

 De la desesperación por haber perdido todo, surgió el pillaje, que a su vez, revela otras cuestiones de fondo: Baja California Sur es una entidad con una población en pobreza.

 De acuerdo a las mediciones de la pobreza por ingresos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2010 el 23.5% de los habitantes, 120 360 personas, se encontraban en algún nivel de pobreza. De éstos, el 8.0% (40 974) eran pobres de capacidades y el 4.7% (24 072) se encontraban en pobreza alimentaria.

Lo anterior señala que si bien Baja Sur no se encuentra a nivel nacional entre los estados con mayor pobreza, como lo son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, existen necesidades entre sus habitantes que aún no son resueltas.

Ello revelaría entonces, que los partidos de oposición que han gobernado la entidad ?el PRD con Leonel Cota y Narciso Agundez y actualmente Acción Nacional con Covarrubias- poco o nada hicieron o han hecho respecto:

 Así, Baja California Sur y ?Odile? aportan más aprendizajes: si bien la administración peñista logró esta vez tener mayor atención al seguimiento e información del fenómeno y los fallecimientos fueron mínimos, el trabajo siguió siendo insuficiente.

No es posible atender a una población en emergencia una semana después de los hechos, ni tampoco permitir que por omisión o comisión, un gobierno estatal estorbe y no resuelva lo que es de su competencia: la pobreza, la prevención, la coordinación para evitar actos como los contemplados a través de la comodidad de los televisores, que son altamente cuestionables pero fácilmente comprensibles ante la pérdida de lo construido durante una gran parte de la vida.