El llamado “sistema” educativo en México, ha sido diseñado, desde hace más de 70 años, no sólo como un gigantesco “elefante”, sino para operar de manera “centralista” e “ineficiente”: Hoy en día es un “sistema” disfuncional, lento, y enfermo. Estas características son aplicables al conjunto del Gobierno Federal, hecho que, por cierto, ha sido reconocido recientemente por el presidente López Obrador. Es de tal forma el problema del “sistema”, que no está hecho para generar cambios en el ámbito educativo, sino sólo para intermediar (con resultados cuestionables) en los conflictos de carácter laboral. Así, la burocracia que habita el “sistema” educativo mexicano (fenómeno que se da también en otras naciones), es congruente con aquella definición de lo “burocrático” que dice así: “Es todo aquel protocolo o procedimiento que privilegia y da prioridad al “trámite”, y pone en último lugar a la dignidad de la persona”.
Precisamente, uno de los conflictos más sentidos del “sistema” educativo se relaciona con la operatividad burocrática y la toma de decisiones en el ámbito de la gestión administrativa. Con la centralización, desde el gobierno federal (SEP), de los procesos de selección o admisión, así como de promoción de docentes y directivos escolares de la educación obligatoria (básica y media superior), por ejemplo, se reproducen los problemas añejos de corrupción e impunidad (venta y herencia de plazas); aparte de los conflictos que genera el modelo centralista en términos del diseño y distribución de libros de texto, impuntualidad en el pago de nómina y prestaciones; incumplimiento en obras, o problemas en la sincronización de los tiempos y calendarios federales y locales, etcétera.
Pero lo más importante de estos procesos, y que se ha convertido en un problema estructural, es la asignación de plazas o la decisión sobre la contratación de personal interino, que de por sí ya era un conflicto complicado desde antes de la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD, 2013), misma que en mayo pasado fue abrogada. Pero ¿cómo se daba ese complejo proceso antes del 2013? La necesidad de un docente o directivo escolar de la escuela pública, era detectada por las burocracias intermedias en las entidades (legalmente se les conoce como Autoridades Educativas Locales o “AEL”). Así entonces se iniciaba el procedimiento. Cuando se requería cubrir urgentemente un interinato docente, en el esquema anterior, participaban de manera discrecional, 50 por ciento de las propuestas por parte de la propia autoridad y 50 por ciento por parte del sindicato nacional, con fundamento en lo establecido en el Art. 123 Constitucional. Sobre todo, esto aplicaba cuando se trataba de trabajadores al servicio del Estado.
En muchos casos, la atención de grupos tardaba varias semanas, de tal forma que los estudiantes se quedaban sin docente durante ese tiempo. Esa situación se modificó en 2013, en términos de que, en la decisión sobre las promociones o ascensos se eliminaron las Comisiones Mixtas Escalafonarias, que tenían estructura paritaria (también conocidas como comisiones dictaminadoras SEP-SNTE). El modelo que entró en su lugar, fue el de los concursos centralizados de oposición, establecidos en ley para seleccionar tanto a los docentes o directivos que aspiraban a ocupar una posición directiva superior como a puestos docentes de nuevo ingreso al “sistema”, dentro de la estructura escolar tradicional (docentes frente a grupo, técnicos docentes, directores de centro de trabajo, asesores técnico pedagógicos o supervisores de zonas escolares).
La burocracia de la AEL (en las entidades federativas) que es responsable de estos procesos, se encuentra en operación generalmente dentro del organismo desconcentrado respectivo, creado desde la Reforma Educativa de 1992, mismo que se ubica en las direcciones de planeación, en las direcciones de recursos humanos, o en algún área de desarrollo institucional y contabilidad, debido a que la asignación de plazas o decisión sobre los interinatos, tiene un importante impacto presupuestal.
Hoy en día, con el vacío creado por la suspensión temporal de evaluaciones centralizadas (mayo, 2019), y ante la necesidad de cubrir grupos escolares en los diferentes niveles educativos, la AEL procede a convocar a aquellos docentes que se encuentran registrados en las listas de prelación (virtuales carteras de reemplazo) y que cuentan con resultado vigente como “idóneo”, para cubrir la función docente por tiempos limitados. Al respecto, por cierto, existen algunas denuncias por conflictos generados en este rubro, en el sentido de que estas decisiones en torno a las jornadas (preescolar y primaria) o las horas interinas designadas (en secundarias), obedecen a criterios pactados entre las AEL y las dirigencias de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Se sabe, incluso, que en algunos casos se están imponiendo candados burocráticos, de tal manera que solamente un sector muy reducido de aspirantes, pueden ocupar dichos interinatos. O bien, se establecen dichos candados para perfilar a los allegados, incondicionales o parientes (fenómeno del “nepotismo” o “compadrazgo”) de las cúpulas burocráticas tanto de la AEL como de las dirigencias sindicales. Entonces ¿dónde está el cambio de régimen político y administrativo? ¿Dónde quedó la lucha contra la corrupción?
Si bien este es un asunto del ámbito de la gestión administrativa (no académica ni educativa) dentro del “sistema” educativo, las decisiones que se toman en este nivel de los procesos, resultan importantes para la integración de la estructura y funcionamiento organizacional y, sobre todo, tiene un impacto profundo en lo que sucede en las escuelas y las aulas tanto por los niveles de compromiso (actitudes), y de profesionalismo por parte de las y los docentes como en la reproducción de los círculos del corporativismo, que tan daño han generado al “sistema” educativo.
Burocracia y carencia del proyecto educativo nacional
El discurso del “mérito” académico va de la mano con este modelo que, además de ser excluyente y elitista, ha terminado por convertirse en un criterio administrativo que ha sido desplazado, gradual y progresivamente, por los pactos o negociaciones burocráticos. A ello hay que añadir que los lineamientos que se han dado a conocer recientemente por parte de la SEP (mayo, 2019), establecen ciertos criterios para la asignación de interinatos, pero sin destrabar todos estos nudos y conflictos existentes, hecho que ha creado condiciones para que se reproduzca el corporativismo y el clientelismo en la base del del “sistema” educativo nacional. Esto ha producido, lamentablemente, la expresión coloquial “estamos peor que antes”.
Ante la carencia de un proyecto educativo nacional claro, de avanzada y desburocratizante, por parte de la 4T, las soluciones ciudadanas que habrán de generarse, tanto para contener los impulsos “meritocráticos” (sobre todo si éstos son inequitativos) como para detener las inercias corporativistas, estarán dadas en las discusiones, definiciones y en la reorganización próxima, a través del Poder Legislativo, de las leyes secundarias nuevas (por ejemplo, la ley específica sobre la Carrera Profesional Docente), donde se establecerán los criterios educativos (y perfiles académicos) para elegir a las figuras educativas y para que estas prácticas burocráticas no se reproduzcan, y erradicar la recreación del “elefante blanco” que representa la burocracia educativa.
Dicen que “soñar no cuesta nada”