La maldita realidad termina por imponerse y más temprano que tarde los problemas (y su lógica solución), obligan al quehacer político a dar respuesta o a asumir las consecuencias. Es claro que la realidad no cambiará sola en el corto plazo: ni la pandemia se va resolver y a controlar con el camino seguido ni la economía se va a reactivar con las medidas adoptadas hasta ahora.

Esperar a que llegue la vacuna salvadora y la inversión extranjera derivada del nuevo tratado de libre comercio y del reshoring de China a nuestro país, es una apuesta que no salvará a México de los problemas en los próximos doce meses: más de 100 mil muertos y una caída en el PIB de más del 10%.

No comprender esta realidad y no dar respuestas distintas a las que el gobierno del presidente López Obrador ha dado, significará en el muy corto plazo darle la espalda a las necesidades que demanda hoy el país, corriendo el riesgo de incurrir en costos sociales (por el problema de salud y desempleo), económicos (por convertir un problema de liquidez en un problema de solvencia) y, sobre todo para él, político (al unir al conjunto de la sociedad en el consenso de la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora)

Está a tiempo de comprender y rectificar, de apuntalar lo que funciona y enmendar lo que falla, de unir y articular soluciones alrededor de una situación de emergencia sanitaria y económica.

¿Qué hacer?

1.- Del lado de la salud:

a) Forzar el confinamiento por micro zonas y suspender actividades que provoquen aglomeraciones. Hacerlo con acciones coercitivas (multas, infracciones, cancelaciones de licencias de funcionamiento). Es la única manera de evitar el contagio y debe hacerse mediante modelos de muestreo y medición de test aplicados a zonas puntuales y en actividades específicas. Existen herramientas digitales para supervisar ubicación y movilidad de personas así como el perímetro de contagio. Sería oportuno utilizarlas al menos en zonas de alto riesgo.

b) Organizar la atención médica en la que camas de emergencia, camas de atención hospitalaria normal y abastecimiento suficiente de medicamentos sean informados puntualmente. Es necesario que la población sienta tranquilidad al saber que contamos con una reserva estratégica de suministros y medicamentos necesarios para la atención hospitalaria. La gran queja ahora es que no se atiende a la población en hospitales y que no se cuenta con los elementos indispensables para ello. De gran ayuda sería contar con una app que pudiera orientar a la población dónde está un centro hospitalario listo para responder a una emergencia en un radio de distancia adecuado, y que en esa misma aplicación pudiese conocerse la disponibilidad de camas y medicamentos. También que la población pueda libremente documentar los casos de mala o nula atención. El porcentaje de muertes vs contagios es muy elevado en comparación con otros países, esto puede suponer falta de atención médica, aunque el número de fallecimientos por millón de habitantes es bajo, lo cual podría suponer bajo índice de contagio o bajo índice de pruebas (es bastante sensato pensar que se trata de lo segundo). Es poco creíble que el grueso de las quejas se deban a una percepción magnificada. Esto se puede aclarar perfectamente con mecanismos disponibles de información en tiempo real.

c) Los apoyos económicos a las clases más desprotegidas derivados de programas ya en marcha, así como los apoyos extraordinarios con motivo de la situación de emergencia, deben estar condicionados al respeto del confinamiento. Es posible supervisar y aprobar la entrega de recursos siempre y cuando los beneficiarios (contagiados, asintomáticos o no), observen medidas de confinamiento supervisados con una app que combine pulsera digital y teléfono móvil.

Desde luego que la gran apuesta de todo el mundo es a encontrar la vacuna que inmunice a la población. Aunque hay noticias alentadoras, las fases en las que se encuentran los desarrollo de las mismas, hace pensar que llevará en el mejor de los casos, seis meses para empezar a aplicarla con porcentajes estimados de éxito del 60% y sin conocer aún sus efectos secundarios.

2. Del lado de la economía:

a) Ingreso mínimo universal. Crear un fondo que permita garantizar a las familias mexicanas un ingreso mínimo de 5 mil pesos al mes por familia de 5 miembros y de 1000 pesos más por miembro adicional. Estos recursos serían netos de los apoyos que ya se reciben, es decir, no sumarían. Para el caso que los programas vigentes proporcionen una cantidad menor, se añadiría lo que falte. Este fondo es el piso de ingresos sobre el que cada hogar mexicano puede asegurar un mínimo de subsistencia. Sería por un año para alrededor de 20 millones de familias.

b) Programa de avales a Pymes y fondo de compra temporal de acciones y reestructuración de pagos de tarjeta de crédito e hipotecas. Es bastante evidente que lo hecho por la banca ayudó pero es a todas luces insuficiente.

Si la banca no reestructura los financiamientos que tiene con pymes y ciudadanos, el crecimiento en la cartera vencida será tan alto que pondrá en riesgo los niveles de capitalización y no pasarán las pruebas de solvencia ante las calificadoras. Se requiere un plan de reestructura de todos los adeudos que cumpla con dos características: un periodo de gracia de un año en capital y un diferimiento de los pagos a cinco años. Esto resolverá el problema del pasado, pero no el problema del presente. Para ello el gobierno debe implementar un plan de avales temporales que permitan a las personas y pymes acceder al capital de trabajo necesario para cubrir costos fijos (nóminas, rentas, misceláneos) por al menos un año hasta que pase la emergencia y los negocios se adecuen a la nueva realidad (que implicará una disminución en el nivel de ventas y operación en promedio del 30/40%). Debe usar a los bancos para que procesen esta línea de avales pues son ellos los que conocen la verdadera capacidad de los negocios. Incluso se puede pactar con la banca avalar un 30% del pasado y un 80% del presente para que la propia banca se interese en la instrumentación de este programa.

Para las empresas estratégicas: líneas aéreas, operadoras logísticas, manufactureras estratégicas, cadenas de distribución, grandes productores de alimentos, de insumos, etc., se debe instrumentar un programa de capitalización temporal con una salida de recompra de acciones paulatina. Los fondos deben permitir salvaguardar el aparato productivo nacional. Esto lo puede hacer Nacional Financiera.

El objetivo de esto es proteger el empleo, ayudar a ajustar el nivel operativo a las nuevas circunstancias y evitar las compras a descuento por parte de especuladores y extranjeros, de nuestras empresas clave.

c) Ejercer el presupuesto federal con puntualidad, instrumentar políticas fiscales que estimulen la producción y consumo doméstico e inhiba la importación de productos de consumo, hasta dónde lo permitan los acuerdos suscritos. Es evidente que el control de los déficits es una prioridad para las buenas cuentas macroeconómicas. Los riesgos de que se salgan de rango son bastante alto y quizá inevitables, pero es importante construir argumentos y cuentas nacionales que expliquen el desempeño normal de la economía y en paralelo, den cuenta del impacto de la pandemia. Es decir, mostrar en las cuentas el impacto de la pandemia, para que quede claro que se trata de una situación extraordinaria.

Ahora bien, falta resolver de dónde se obtendrían los recursos para financiar las medidas propuestas. Nosotros no tenemos acceso a la emisión de bonos como los europeos ni al financiamiento a tasa cero por parte de la emisión indiscriminada de dinero, como sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal. De hecho el costo de fondeo nuestro es ahora al menos 400% superior al de Europa y Estados Unidos.

Se requieren alrededor de 250 mil millones de dólares para sacar adelante al país de la crisis de salud y económica. Creo que el fondeo podría provenir de una emisión especial de bonos utilizando reservas del banco central hasta por el 50% de las necesidades, un 25% accediendo a las líneas disponibles y contratadas con organismos financieros internacionales y un 25% negociando un aval parcial del gobierno norteamericano, para emitir bonos en los mercados internacionales.

El costo promedio podría ser del 3% (menor al 5% actual) y se podría hacer una emisión a 20 años. El costo de amortización y pago de intereses, estructurado así, representaría el 1% del PIB aproximadamente. Todo puede ser empaquetado en un fideicomiso claro y transparente que aísle el problema y su solución financiera ante los ciudadanos. Informando con claridad qué dineros se dieron a fondo perdido (ayudas a familias) y qué dineros se van recuperando al cobrar los apoyos temporales otorgados.

Nadie duda de lo importante que son las prioridades del gobierno actual: combate a la corrupción, gobierno austero, apoyos económicos a las clases más desprotegidas.

Tampoco hay dudas de que el falso dilema entre salud y economía no se sostiene: si no se atiende la salud pública, el costo para la economía es aún mayor.

Se trata de recapacitar ante la realidad, reorganizar prioridades y rectificar el camino a seguir.

El estilo y la forma de ejercer el poder es un privilegio de quien gana las elecciones, nadie puede discutir eso. Tampoco se puede negar la imperiosa necesidad de una verdadera oposición (conceptual, política, social) que derive en alternativas políticas viables. Nuestra joven democracia debe dar señales de vigencia no desde la rijosidad del discurso, sino desde las posibilidades reales del concurso.

Pero mientras todo esto sucede, el país se está hundiendo en una problemática que puede poner en riesgo décadas de avance como sociedad. No es lo mismo un problema severo pero temporal de salud, a la expansión descontrolada de contagio y muerte que se multiplique con los indicadores que estamos observando ahora; tampoco es lo mismo una crisis de liquidez en los agentes económicos que una crisis de solvencia que ponga en jaque al aparato productivo. El primer escenario aguanta discursos bañados de retórica; el segundo no, es la debacle y significa poner en riesgo la estabilidad y seguridad nacionales.