Todos nos enteramos de lo que ocurrió en Culiacán hace algunos días. La crónica de lo sucedido minuto a minuto fue un compromiso anunciado por el presidente y el día de hoy hicieron la presentación en la conferencia mañanera. Incluso se mostró el video cuando el hijo de Joaquín Guzmán decidió salir de la casa en la que se encontraba y entregarse a la Fuerzas Armadas, quienes le pidieron que ordenara la detención de los ataques.

Después de analizar lo sucedido, no tengo duda de que este evento puede ser calificado como narcoterrorismo, por las características de los hechos. Partamos de que es una organización criminal reconocida en todo el mundo, que opera en la clandestinidad y que utilizó a la población civil como rehén para obligar al Estado a liberar a uno de sus líderes, a través de acciones violentas, como quemar camiones, mostrar equipo de combate que incluía armamento fabricado para uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos (como la ametralladora Browning M2 y el Rifle Barret), que cerró las entradas de la ciudad a través de bloqueos, además de liberar a varios presos de un penal de la entidad.

De haber sucedido esto en los Estados Unidos, en Francia o en Alemania, hubiera sido tipificado como terrorismo. Es importante clasificar este hecho como tal, ya que permitiría que las agencias internacionales y los gobiernos brindaran cooperación al país y pondría en una situación de mayor desventaja a la organización delictiva. En ese sentido son las declaraciones del abogado de la familia Guzmán, quién agradeció la liberación del hijo del narcotraficante e incluso señaló que los recursos que se le incauten van a destinarse a la construcción de una universidad indígena en Badiraguato.

Esto también permite cambiar la imagen errónea que se tenía de los narcotraficantes como han mostrado las series de televisión, de ser exitosos y tratan siempre de ayudar a la población. No tengamos duda, estas organizaciones sólo buscan su beneficio y, como sucedió en Culiacán, no tuvieron ningún reparo en utilizar a la población civil para conseguir su objetivo. Esto viene a colación por una grabación que circula en redes sociales de presuntos integrantes de un cártel entregando despensas a damnificados. A propósito de las redes, aún falta analizar más a fondo el papel que jugaron. Si bien pudiera parecer que se mantenía a la gente informada de lo que estaba ocurriendo, también hubo mucha desinformación y mostraban incluso escenas que no eran de la ciudad, lo cual permitió alimentar el miedo entre la población.

Lo sucedido hace ver la necesidad de repensar la estrategia de seguridad del gobierno. He comentado en ocasiones anteriores que este gobierno ha privilegiado la estrategia que busca recuperar el tejido social y atacar las causas que originan la violencia, lo cual me parece correcto, sin embargo, este tipo de políticas son de largo plazo y en el corto no se van a terminar las confrontaciones. Hace falta priorizar más el trabajo de inteligencia y esto necesariamente pasa por fortalecer las herramientas para hacerlo, a través de plataformas tecnológicas que permitan el análisis en tiempo real de lo que sucede. Es necesario invertir en las fuerzas de seguridad para que estén bien preparados para enfrentar las amenazas. Es imperativo incrementar los recursos que reciben para que mejore el equipo con el que cuentan. Este gobierno debe apostar por el incremento de recursos, sin duda sería una decisión acertada.

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).