Columnas

La inconclusa reforma anticorrupción

 

Desde octubre de 2012 el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto presentó su propuesta para atacar la corrupción, misma que fue adoptada por los senadores del PRI y del PVEM, y presentó como tal en el Senado de la República el 15 de noviembre del mismo año.

Esta propuesta se incluyó también en el extinto Pacto por México, en los acuerdos para la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, donde se incluyeron 3 compromisos: el de perfeccionar el sistema de rendición de cuentas contables en los tres órdenes de gobierno para establecer reglas comunes y mecanismos homologados, la cual ya se estaba procesando en el Legislativo; el de convertir al IFAI y a los órganos estatales en materia de transparencia y acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos, lo cual ya también ocurrió con la reforma constitucional publicada el 7 de febrero de 2014; y la de conformar un sistema nacional contra la corrupción, creando una comisión nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia por actos de corrupción, además de la creación de un consejo nacional para la ética pública. Este último compromiso es el único pendiente de esos acuerdos.

A esa iniciativa presidencial se sumaron las correspondientes presentadas por senadores del PRD (ingresada el 20 de noviembre de 2012) y del PAN (a través de dos iniciativas, presentadas el 30 de enero y el 4 de abril de 2013, respectivamente), las cuales se integraron en el dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de Gobernación, de anticorrupción y participación ciudadana y de estudios legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política Federal, en materia de combate a la corrupción de 13 de diciembre de 2013.

Las iniciativas proponen la constitución de órganos constitucionales autónomos para combatir a la corrupción por diferentes vías: el modelo del PRI y del PVEM instituye una Comisión Nacional Anticorrupción con facultades para prevenir, investigar y sancionar conductas de corrupción en la esfera administrativa. Tratándose del ámbito penal, la Comisión tendría la atribución de turnar ante el ministerio público el expediente y coadyuvar con éste en la investigación.

El modelo propuesto por el PRD consiste en crear una Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción con facultades para prevenir, investigar y perseguir conductas de corrupción en la esfera penal. Tratándose del ámbito administrativo, la agencia turnaría ante las instancias competentes el expediente.

El primer modelo propuesto por el PAN crea el Instituto Nacional Anticorrupción y Control, órgano al que le corresponde la prevención y el combate de la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y, en su caso, sanción de todos los servidores públicos de los poderes de la Unión, así como de los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra institución o persona que utilice, participe, aplique, maneje o administre recursos federales. Asimismo, perfeccionar el desempeño de cualquier servidor público y la innovación de los procesos para hacer efectivo su actuar, así como la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos a través de una Fiscalía Especial a su cargo y, en caso de ser procedente, ejercitar la acción penal ante los tribunales correspondientes en los términos de la ley. El segundo modelo plantea la creación de dos órganos autónomos: una Fiscalía General de Combate a la Corrupción, que llevaría a cabo la investigación criminal de los delitos de corrupción; y una Comisión Nacional de Combate a la Corrupción que se encargaría de los actos de corrupción desde la perspectiva administrativa, pero además, con facultades de fiscalización, de revisión de contratos y para promover una cultura de legalidad en el país.

Las iniciativas contemplan también crear órganos similares en las entidades federativas para combatir la corrupción estatal y municipal como instituciones autónomas.

Este dictamen está aparentemente listo desde diciembre de 2013 y se nos dijo que era una de las prioridades del nuevo régimen, atacar frontalmente el lastre que representa la corrupción, ampliamente difuminada en los gobiernos y las administraciones públicas mexicanas, con todo y la pluralidad y alternancia que ahora es una constante en todos los espacios de poder, que no la ha contrarrestado y los índices públicos de la misma se han incrementado.

 Es de llamar la atención que habiéndose presentado conjuntamente con la reforma para la transparencia, que por razones obvias está vinculada, ésta ya se encuentre vigente, y la anticorrupción aún se encuentre pendiente en las Comisiones del Senado, y no se haya incluido en la vorágine de reformas constitucionales del año pasado, como tampoco en la agenda legislativa del presente año.

 Analizando el dictamen se advierte una buena cantidad de similitudes y confluencias, tanto en el diagnóstico como en la propuesta, por lo que no se explican los motivos o razones para que se esté difiriendo su eventual aprobación y poder avanzar en las posibles soluciones de uno de los problemas verdaderamente medulares del sistema político y de la sociedad mexicana, como lo es la creciente corrupción y sus consecuencias.