En Contexto. Legalizar el ambulantaje o consolidar la crisis

Vendedor ambulante
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Entre los temas escasamente discutidos en el proceso de conformación de la Constitución Política de la Ciudad de México se encuentra el del ambulantaje y su grave problemática con la economía informal, con el grave riesgo que eso puede significar.

Sin diagnóstico ni debate, en el artículo 15 de la Carta Magna de la capital del país se establecen derechos para los no asalariados. Se considera que “las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la Ciudad, determinados por la ley; a la certeza jurídica, la seguridad física y la no represión”.

El enunciado, si bien se inscribe en el marco de los derechos universales, también es contradictoria al bienestar social generalizado contemplada en la Constitución nacional, en la economía abierta y sobre todo en la globalización.

Asumir para la Ciudad de México esa posibilidad significará condenarla a la mediocridad. Especialmente porque la capital del país históricamente ha vivido presa del ambulantaje que ha impulsado la existencia de elevados niveles de pobreza.

Mala decisión si lo que se busca es modernidad y progreso. La evidencia muestra que la informalidad y el deterioro social se abate sólo si se promueve el crecimiento real de la economía y cuando éste resulte superior al de la tasa de la Población Económica Activa (PEA).

Entre los orígenes de la informalidad se advierten cuando menos dos orígenes: por un lado, las dificultades y lo oneroso que puede significar llevar a cabo trámites en dependencias gubernamentales y por otro, la escasa rentabilidad que reporta a los individuos vivir en la formalidad, lo que desincentiva el deseo de tener ingresos que cumplan con todas las regulaciones, incluyendo las laborales y, en especial, las fiscales.

Además, en etapas de crisis económica, la informalidad tiende a incrementarse entre otros factores por la ausencia de un seguro de desempleo que para la situación de la Ciudad de México es algo impensable porque ni se generan los empleos remunerados necesarios ni el modelo económico local y federal estructuralmente lo permite.

En efecto, mientras la crisis económica se mantenga, la informalidad será una constante que seguramente no se reducirá con argumentos políticos o legales ni con crecimientos modestos de la economía, pues la población económicamente activa sigue creciendo y demanda empleos remunerados. Esto sin considerar prestaciones sociales.

Por ello, los constituyentes deberían informarse sobre las condiciones macroeconómicas e institucionales que sean capaces de promover el crecimiento económico local y nacional, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra, educación y acceso efectivo a la tecnología, especialmente en un mundo globalizado.

De avalarse (a ciegas) el Artículo 15 estaremos condenados al fracaso debido a una expresión de politiquería frívola e ignorante que pondría en serio riesgo el fututo de la capital del país y anular los importantes avances alcanzados en materia de habitabilidad, seguridad y certidumbre social.

@lusacevedop

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