Sídney (Australia), 22 mayo.- El fundador de Megaupload, Kim Schmitz, conocido también por Dotcom, requerido por Estados Unidos por supuesta piratería informática, rehúsa dar las contraseñas de los ordenadores que le decomisaron, informaron hoy medios neozelandeses.

El informático de 38 años, quien se encuentra en libertad condicional, compareció hoy ante el Alto Tribunal de la ciudad de Auckland para pedir la revisión judicial de la orden utilizada para confiscar todos sus aparatos electrónicos en enero pasado, según Radio Nueva Zelanda.

Su abogado Paul Davison argumentó en esta vista que en el operativo de enero se decomisaron unos 135 dispositivos electrónicos, muchos de ellos irrelevantes al caso y que solamente contenían archivos personales como vídeos familiares.

Pero otros aparatos personales de Dotcom contienen información relevante al caso, aunque está codificada.

Por su lado, la Fiscalía, que actúa en representación del Gobierno de Estados Unidos, busca acceso a la información, pero Dotcom solo proporcionará las contraseñas a cambio de que se cumplan ciertas condiciones, manifestó Davison, en este proceso judicial que culmina mañana.

Dotcom busca que el acceso a sus archivos sean supervisados judicialmente, que se le entreguen copias digitales de sus archivos, así como la protección legal de la información privilegiada y personal, según el portal neozelandés de noticias Stuff.

El informático alemán y otros tres informáticos detenidos en Nueva Zelanda afronta en agosto próximo un proceso de extradición a Estados Unidos, país que quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload por diversos delitos por piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.

Dotcom y los otros tres directivos de Megaupload fueron detenidos el 20 de enero pasado en Auckland dentro de un operativo internacional contra la piratería informática emprendido por Estados Unidos, que también implicó detenciones en Europa, el cierre del portal y la confiscación de sus bienes.

El portal clausurado está acusado en Estados Unidos de daños a la propiedad intelectual de al menos 500 millones de dólares (390 millones de euros) y de haber recaudado de manera ilícita más de 175 millones de dólares (137 millones de euros).