México.- Una pareja de ancianos, propietarios de un burro, denunciaron que autoridades del municipio de San Sebastián Rio Dulce, en el estado de Oaxaca, “detuvieron” y se llevaron a la cárcel al animal sin que les ofrecieran una explicación por el hecho.

Los dueños del animal denuncian que las autoridades se lo llevaron sin motivo alguno.
Los dueños del animal denuncian que las autoridades se lo llevaron sin motivo alguno. (Facebook)

De acuerdo a lo informado por la Red De Animalistas Unidos Oaxaca, los afectados de nombres Pascual Cruz de 88 años y Doña Alejandra Mejia de 86 años, acusaron que hasta su domicilio llegaron funcionarios del ayuntamiento, desamarraron al burro y se fueron con él.

De la misma forma, los afectados acusan que el servidor público responsable del insólito hecho, es el agente municipal de la demarcación Dionisio Cruz Ramírez, quien también les ha negado durante 2 días, la posibilidad de llevarle alimentos y agua.

Entrevistados por medios locales, la pareja de ancianos dijeron desconocer el motivo por el cual se les confiscó el animal, ya que destacaron, únicamente lo usan para transportar leña que ellos mismos recolectan.

"Detención" del animal sería por conflictos políticos

Según informa el periodista local, Félix García, a pesar de los extraño que resulta el caso, se trata de la segunda ocasión en la que un burro es puesto tras las rejas en el estado, pues hace 25 años ocurrió un episodio similar en el municipio de Etla.

Versiones señalan que el encarcelamiento del animal, podría deberse a un conflicto entre grupos políticos, ya que un sujeto ligado al gobierno local, identificado como José Quiroz, habría ordenado a sus colaboradores hacer lo posible porque los opositores dejen de cortar leña.

Al respecto, vecinos añaden que se han cometido acciones aun más graves, pues algunos habitantes habrían sufrido destrozos en sus cultivos, no les permiten acceder a la iglesia y les limitan la estancia en otros espacios públicos.

Incluso, se afirma que colonos acusan que no les han permitido enterrar a sus difuntos, a menos que entreguen un pago de 30 mil pesos, lo que señalan, ha sido ordenado por la Secretaria general de gobierno.