Rebeka Zebrekos hoy está fuera de prisión, pero las carpetas en su contra siguen. Cerca de cada 6 mujeres que denuncian violencia o inician juicios por pensión, guarda y custodia, así como asuntos familiares, reciben denuncias falsas para intimidarlas y desistirse. Para Rebeka, pedir pensión alimenticia le ha colocado en el blanco de falsas denuncias con una semana en Santa Martha Acatitla por “falsedad de declaraciones”, ataques, amenazas y agresiones.

En México, las denuncias son una moneda de cambio. Quien se atreve a incomodar, desde el activismo, el periodismo o hasta la maternidad, puede enfrentar una vida judicializada provocada por una o varias denuncias basadas sobre hechos falsos pero impulsadas con dinero. Es una estrategia de los abogados más viles y con la peor ética que recomiendan a sus clientes cuando son acusados de violencia familiar, violación, cualquier tipo de delito machista; lo usan también contra periodistas cuando han publicado o investigado cualquier asunto que les genere agravio.

Por lo regular, existe asimetría entre quien denuncia falsamente y quien es acusado como mecanismo de censura o castigo: son hombres con cierto poder o dinero, al menos el suficiente para costear procesos y abogados, los que abusan de la ley practicando acoso judicial, persecución litigiosa y censura procesal. En Colombia se ha reconocido en la ley, en Estados Unidos existen consecuencias económicas para quien inicia denuncias sin elementos suficientes por activar el aparato de la justicia de forma indebida. Aquí, no pasa nada.

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Puede una persona ser detenida en prisión preventiva por falsedad o errores y ni el Estado pagará una indemnización por el agravio, ni quien abusó del derecho pagará alguna multa. Cada quien se irá con su golpe, y para el país, eso está bien o al menos, así lo ha aceptado.

Cuando conocemos la estadística del número de denuncias que terminan en sentencia, olvidamos contar aquellos procesos que se han iniciado a modo de persecución, que engrosan los archiveros y obstaculizan el acceso para quienes piden justicia genuinamente.

Caso Rebeka Zebrekos

Cuando Rebeka Zebrekos inició un juicio por pensión retroactiva, no esperaba tener como respuesta una denuncia por parte de su ex pareja. Menos pensó en que una juez la metería en prisión por un delito acreditado en menos de unos meses. No hay un plazo para integrar carpetas de investigación, algunas con delitos graves como feminicidio o violación pueden pasar años sin judicializarse. Para Rebeka, la “justicia” en su contra sí fue pronta. No tanto como para resolver en la denuncia que ella hizo previamente por violencia en contra de su ex pareja, que sigue sin ser plenamente integrada.

El caso de Mariana (identidad reservada) es similar. Cuando ella decidió dejar a su ex marido, inició un juicio para mantener los cuidados de su pequeña hija. Un juez familiar le dictó la guarda y custodia de la niña al mismo tiempo que su agresor la denunciaba por violencia familiar y maltrato infantil, basándose en un peritaje que realizaron en ausencia de la menor. Hoy tiene orden de aprehensión. Los abogados del agresor le han hecho saber a Mariana que si quiere que su ex pareja se desista y la dejen tranquila, deberá firmar un convenio en el que entregue la guarda y custodia definitiva al padre, acaso conformarse con un par de visitas. La niña fue sustraída, ella se encuentra en el encierro perseguida por un delito que no cometió.

El acoso y hostigamiento judicial ha sido reconocido por organizaciones como Artículo 19, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un mecanismo de censura que se integrado por denuncias, procesos judiciales, demandas civiles y todo tipo de actividad litigiosa en contra de una persona que puede ser considerada víctima, sin tener un respaldo probatorio que se adecue a la realidad o mediante la fabricación de pruebas, empleando el sistema judicial con fines intimidatorios o silenciadores de expresiones.

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Definitivamente, recibir denuncias sin pruebas o participar en el uso indebido de las instituciones de afecta hasta al Poder Judicial que, de por sí, ya se encuentra saturado y rebasado. El primer filtró está en los Ministerios Públicos, ese espacio donde pulula la corrupción del nivel más básico, donde todo tiene precio, desde una valoración psicológica hasta una orden de aprehensión.

Caso Mariana (Identidad reservada)

Cuando Mariana trató de defenderse, se topó con que el Ministerio Público ante quien fue denunciada ya tenía la instrucción de solicitar el ejercicio de la acción penal, “solo estaban esperando el dictamen del CAVI”. En esa institución, le revelaron a su abogado que con 50 mil podía obtener una valoración a su favor. El día de la cita para el dictamen, le pidieron llevar a la niña y aunque ella confió, en el mismo acto, tras 30 minutos, la retuvieron y le avisaron que no podría llevársela de vuelta. Le entregaron una valoración pre-fabricada en donde se le acusaba de haber ejercido violencia psicológica. Ella cuestionó al agente ministerial por aceptar ese documento como prueba y el MP le dijo que “es que ella no le habló bonito”, riéndose de su desesperación.

Se dice que Sergio Aguayo vivió este tipo de violencia al momento de enfrentar un proceso civil por daño moral en el que fue condenado a partir de una detención sobre Humberto Moreira, denunció este tipo de hostigamiento en una columna en The Washington Post. Sin embargo, el periodista enfrentó la vida cotidiana de alguien que se atreve a alzar la voz.

La persecución litigiosa comprende el ejercicio de cualquier acción encaminada a censurar asuntos de interés público, pero también, el abuso de los recursos de impugnación y amparo con el objetivo de retrasar resoluciones, diferir audiencias, ganar tiempo o abusar de las herramientas que permite revisar actuaciones. Esa actitud en juicio, para personas abogadas o quienes han tratado de obtener justicia, se alcanza a notar desde que se promueve todo tipo de actos ante una petición justa. Los agresores litigiosos preferirán que agotar hasta la última reserva en la ley antes que reconocer sus responsabilidades o daños y enfrentar las consecuencias. Estos actos especialmente buscan la intimidación de mujeres, quienes son las que menor acceso tienen a una buena defensa, periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, entre otros actores de la sociedad civil como activistas.

Censura procesal, arma de los agresores

Casi todos hemos conocido a alguien que ha sido denunciado falsamente o al menos, hemos escuchado innumerables historias en la prensa y las redes sobre la fabricación de delitos. Desde el documental de “Presunto culpable”, la serie de “Duda razonable” hasta las experiencias cotidianas de conocidos, hay dos realidades: la primera, que el Poder Judicial y los ministerios públicos se encuentran rebasados y muchos de ellos, en la inoperancia, ya sea por carga de trabajo o por negligencia -y ni hablar de perspectiva de género-. La segunda, que para denunciar es necesario tener ganas, dinero y tiempo (a veces, pesa más tener lo anterior que tener la razón).

Si cualquiera de las tres falta, la denuncia difícilmente podrá avanzar. Por eso, una denuncia sin dinero se estanca y una falsedad puede llegar a consecuencias irreversibles cuando quien quiere, lo puede.

La otra cara de la impunidad implica que sea utilizado el derecho a la denuncia como mecanismo de censura y persecución. Denunciar no cuesta nada y denunciar falsamente, tampoco. Lo que cuesta es llegar a una sentencia. Sin embargo, ser denunciado implica gastar en una defensa o, en su caso, perderse entre la fila de expedientes que la abogacía de oficio debe revisar.

Eso explica lo sencillo que es abrir carpetas de investigación sobre hechos fabricados, iniciar denuncias persecutorias falsas y extorsionar con litigios sobrados y que, a pesar de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de las etapas ante distintos jueces y los procesos orales con audiencias grabadas, existan aún tantas injusticias e irregularidades.

Las denuncias públicas en redes sociales, con testimonio, fotos o videos ha sido una poderosa defensa en el mar de la impunidad que ofrecen los tribunales de México, pero dentro de casos de violencia familiar, abuso sexual infantil o maltrato en contra de niñas y niños así como en casos de violencia vicaria y sustracción, se ha convertido en un as bajo la manga: los agresores promueven ante jueces que prohíban a las madres y mujeres hablar de sus casos, les imponen el silencio a punta de multas o detenciones. Eso es la censura procesal: impedir, por resolución judicial, que las víctimas cuenten sus testimonios aún cuando ellas tienen derecho a la verdad y a la denuncia pública.

Lo ha vivido Mónica Peyro, acusada con carpeta de investigación activa por contar ante los medios las atrocidades de las que ha sido objeto tanto ella como sus hijos. Lo vive Luvia Altamirano, por contar lo que su pequeño ha vivido. ¿Y los juzgados? Con filas inmensas de casos en los que no avanzan aquellos que no han sido “aceitado$”.