Hace más de 20 años, Chile, Argentina, Perú, se convirtieron en legislaciones pioneras en restringirles derechos a padres que dejan de cumplir con la pensión alimenticia de sus infancias. Antes lo hizo España, Francia y otros países europeos. En México, lleva dos décadas en la congeladora de San Lázaro la iniciativa de crear un registro nacional de deudores alimentarios.

Si bien es cierto, diversos partidos en la anterior y actual legislatura, han anunciado con “bombo y platillo” la propuesta, no ha podido materializarse porque en sus contenidos no proporcionan los mecanismos e instituciones que habrán de implementarlo. En una palabra, no dicen “cómo”. Lo mismo sucede en las entidades federativas. Actualmente solo existen 7 registros estatales de deudores alimentarios, de cuya poca o nula eficacia hablaremos en otra colaboración.

Las razones para tal negativa tienen su origen en la composición de ambas cámaras, por mucho tiempo las curules han sido ocupadas por hombres. Los derechos de las mujeres no han sido prioridad y pero aún, han considerado a las pensiones alimenticias como un asunto de carácter “personal y privado”, y no de interés público. Es la cultura machista y pactos patriarcales los que se han antepuesto a los derechos de las infancias.

Este año de pospandemia, organismos internacionales se han dado a la tarea de generar acciones para la igualdad en materia del trabajo de cuidados, pero no han puesto atención en los pendientes importantes como son los vacíos legales en relación a los reconocimientos de paternidad y pensiones alimenticias, raíz fundamental para abordar esa agenda.

Desde la organización feminista, con madres y colectivas de todo el país realizamos tendederos de deudores alimentarios. Logramos reformas importantes en el código civil de Oaxaca, como el padrón estatal que crea su registro, incorporarlos al buró de crédito, la solicitud de intervención de la unidad de inteligencia financiera, entre otras restricciones más.

Como un ejercicio inédito y transgresor, genera polémica. Hemos padecido el abuso policial y la persecución política al darle voz a madres violentadas por señores en el poder, o con familias que ostentan privilegios económicos y políticos. La patrulla feminista, como acción disruptiva ha visibilizado la situación que padecemos más de 30 millones de “jefas de familia” como nos llaman en el discurso romántico, pero que en realidad representa a 30 millones de padres irresponsables.

Es un problema grave y normalizado. Afortunadamente es el tiempo de reivindicación de los derechos de las mujeres y las infancias. Ambas cámaras legislativas tienen paridad y generamos un diálogo para proponer la “Ley Sabina”; una serie de reformas constitucionales que nos permitan de una vez por todas, tener ese registro de deudores alimentarios y sancionarlos de manera ejemplar desde sus derechos civiles.

Por eso, nos manifestamos recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde un ministro pretendía eliminar el artículo 193 del código penal de la Ciudad de México, abriéndole la puerta a los delincuentes deudores alimentarios para no pisar la cárcel. Único motivo que en la experiencia de las madres, los hace pagar y cumplir con su obligación en determinado momento. Afortunadamente ese despropósito no se consumó.

Necesitamos de todo el impulso de la diputada poblana Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Género en el Congreso Federal y de todas y todos sus integrantes. No es un asunto de partidos, es la justicia pendiente que México tiene con las madres y las infancias. Vamos a requerir del compromiso con la causa en el Senado y confiamos en que lo lograremos. Va desde aquí también un agradecimiento especial al Senador José Narro, por todo su impulso.

Finalmente, la Ciudad de México podría una vez más, marcar la pauta en todo el país para seguir enarbolando los avances en los derechos de las mujeres y de las infancias. La propuesta está en la mesa con la Diputada Ana Francis, una mujer sensible y sorora. Nos emociona que pronto podamos seguir contando esta historia que nos ha costado mucho, pero que va a cambiar la realidad de millones de mujeres y niñas.