Ningún presidente ha sido tan polémico en la historia reciente de México como Carlos Salinas de Gortari. Desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio hasta la ola privatizadora implementada durante su gobierno y los escándalos de corrupción protagonizados por su hermano, Salinas siempre tendrá un lugar especial en el imaginario de los mexicanos.

AMLO, durante sus campañas presidenciales, invocó sin cesar el nombre de Carlos Salinas y lo asoció con corrupción, haciendo del expresidente el primer representante de la mafia del poder. La animadversión del tabasqueño llegó a tal punto que el presidente mexicano convocó una costosísima consulta popular dirigida a conocer la opinión de los mexicanos sobre el posible “enjuiciamiento de actores políticos del pasado”.

Si bien el pacto de impunidad ha quedado intocado, pues difícilmente AMLO o su sucesor llevará ante la justicia a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña, el escenario posible de algún día presentar ante un juez a Salinas se ha vuelto más complejo.

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Se dio a conocer hace algunos días que Carlos Salinas, residente en el Reino Unido, había obtenido la nacionalidad española mediante la invocación de sus orígenes sefardíes. Tras un juramento firmado de lealtad al Rey y a la Constitución española, el expresidente goza hoy de doble nacionalidad, lo que confiere una serie de derechos.

Sin la voluntad de realizar un análisis profundo sobre la legislación española, la Ley en aquel país establece –en resumidas cuentas- que un nacional solamente podrá ser extraditado si se presentan algunas condiciones. Es decir, el Reino de España, al igual que la mayoría de los Estados en el mundo, agotarán las herramientas jurídicas del derecho vigente para que un nacional no sea extraditado a otro país.

De vuelta al caso de Carlos Salinas. Mismo ante el remoto caso de que el gobierno de AMLO, “cumpliendo la voluntad popular expresada en la consulta de 2021″ decidiese ejecutar un expediente penal contra el expresidente (lo que se antoja como un sueño delirante dado el pacto de impunidad existente) éste podría viajar a España y establecer su residencia allí.

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Luego, si el gobierno mexicano se atreviese a solicitar a Madrid la extradición de Salinas para ser procesado en México, los entresijos de la legislación española complejizarían aun más el procedimiento jurídico, lo que blindaría en la práctica a Salinas ante cualquier intento de repatriación solicitado por el Estado mexicano.

En suma, ningún ex presidente mexicano será llevado ante un juez, debido a las razones políticas aludidas. En el caso de Salinas, una vez que ha obtenido la nacionalidad española, sería aun más complejo cualquier procedimiento de extradición en su contra. En otras palabras, el juego jurídico se ha sumado al político en su favor.

Hoy más que nunca los mexicanos deberemos estar convencidos de la existencia del pacto de impunidad, y que la consulta de 2021 derivó en nada; un teatro más orquestado por AMLO y por los miembros de su 4T. Y con un Salinas español, “el pelón” se ha alejado más de la justicia mexicana.