La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de sentar un precedente crucial en la lucha contra el abuso sexual infantil.

Y es que el próximo 25 de junio el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará un proyecto que propone ratificar la condena civil impuesta a Luis de Llano Macedo por su relación con Sasha Sokol cuando ella era menor de edad y era parte de los “timbiriches”.

La trascendencia de este proyecto radica en su potencial para eliminar la prescripción en demandas civiles por abuso sexual contra menores.

Pardo Rebolledo sustenta su propuesta en un informe de la Relatora Especial de la ONU, que expone la alarmante frecuencia del abuso sexual infantil en la industria del entretenimiento. Este documento resalta la vulnerabilidad de los menores en diversos entornos, desde producciones cinematográficas y televisivas hasta plataformas digitales. La decisión de la SCJN, por lo tanto, no solo se limita a un caso individual, sino que se erige como una respuesta a una problemática sistémica que exige una acción contundente.

La valentía de Sasha Sokol al denunciar públicamente a su agresor y buscar justicia ha sido fundamental. Su demanda por daño moral, motivada por la negativa de De Llano a reconocer la relación, ha contribuido significativamente a visibilizar el problema y a impulsar este cambio legal. La decisión de la SCJN, independientemente del resultado final, ya ha generado un debate crucial sobre la protección de los derechos de los menores y la necesidad de erradicar la impunidad en casos de abuso sexual.

Es innegable que la eliminación de la prescripción en este tipo de delitos representaría un paso monumental hacia una justicia más equitativa y efectiva en México, pues permitiría a las víctimas buscar reparación del daño, sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho, y enviaría un mensaje claro de que este tipo de crímenes no quedarán impunes. La resolución de la SCJN marcará un antes y un después en la lucha contra el abuso sexual infantil, sentando un precedente que podría inspirar cambios legales similares en otras partes del mundo. En última instancia, la decisión del ministro Pardo Rebolledo representa un avance crucial en la protección de los derechos de los niños y niñas en México, ofreciendo una esperanza real de justicia a las víctimas de abuso sexual.