En Yucatán no se permitirá que ningún deudor alimentario ocupe cargos públicos, así lo decidió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la propuesta con perspectiva de género emanada del ministro Alberto Pérez Dayán, a quien desde este espacio le externamos todo el reconocimiento por el sentido del proyecto aprobado con 9 votos, en el que se antepuso el interés superior de las infancias a recibir la pensión alimenticia; dando un revés a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuyos casos similares en otros estados, muy probablemente se resolverán de forma similar.

Únicamente dos votos fueron en contra: el de los ministros Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara, cuyas intervenciones en la sesión fueron aberraciones machistas y carentes de sensibilidad al no entender el problema social que representan los 35 millones de padres irresponsables y las más de 60 millones de infancias que no tienen garantizado este derecho en México.

Las cifras anteriores no coinciden con los números oficiales porque hemos romantizado a las jefas de familia a partir de los “apoyos” gubernamentales que se les brindan (y que son insuficientes), cuando lo que realmente se necesita es justicia, para que los deudores alimentarios dejen de estar impunes y solapados por todo un sistema patriarcal que los encubre y protege.

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La 3 de 3 contra la violencia promovida por la colectiva de Las Constituyentes MX propone que ningún agresor sexual, violentador o deudor alimentario ocupe espacios de elección popular ni tampoco cargos públicos, a partir de reformas legislativas en los estados. A ellas les debemos este logro histórico para la lucha de las mujeres que a partir de esta sentencia, se replicará en todos los estados y evitará que no vuelva a repetirse un caso más como el de Félix Salgado Macedonio.

La resolución de ayer es un paso importante para consolidar la igualdad pero sobretodo una base necesaria de prevención de violencias y feminicidios, porque es sabido que muchas mujeres continúan conviviendo con sus agresores por la necesidad económica de manutención de sus hijas e hijos.

La política tiene que resignificarse y un primer paso es devolverle la honorabilidad a los cargos públicos. Bastante descrédito tuvo la SCJN con el exministro como Góngora Pimentel que abusando del cargo, metió a la cárcel a la madre de uno de sus hijos que le demandó el cumplimiento de la pensión alimenticia. Como él, muchos sinvergüenzas más, ocupan espacios de toma de decisiones y todavía aspiran a contender en procesos electorales, por eso resulta tan necesaria y oportuna la sentencia que pone freno a estos agresores.

Los deudores alimentarios no deben ocupar ningún espacio de toma de decisiones porque son delincuentes al evadir una responsabilidad prioritaria y fundamental, que dicho sea de paso, debería ser garantizada por el Estado tal como sucede en países como Estados Unidos, Francia o España, cuyos derechos de las infancias son prioridad.

Este año se someterá a discusión la Ley Sabina que estamos impulsando en el congreso de la Ciudad de México y en diversos estados del país, para que un conjunto de más de 40 reformas legislativas, que incluyen la elaboración de un registro público nacional de deudores alimentarios y la restricción de derechos civiles a padres irresponsables, puedan ser una realidad en el país y contribuyan a la solución de un grave problema social que hemos normalizado y que es urgente atender. Requeriremos de la voluntad política de quienes legislan.