Lleva un buen rato que los gobiernos inician con una proclama enérgica de lucha anticorrupción, al grado de pretender hacerse cargo de erradicarla durante su encargo y evitar así su reedición. Pero tal afán ha sido fatuo, pues ésta vuelve a aparecer en administración, tras administración.
Durante la etapa post revolucionaria el ciclo tal vez haya empezado con Adolfo Ruíz Cortínez, cuya gestión enfrentó un legado que se denunciaba de alta corrupción, proveniente del gobierno alemanista que, entre sus características tuvo la realización de grandes obras de infraestructura, como lo fue el campus de la UNAM, el viaducto de la CDMX, entre las más importantes.
Constituía ese uno de los rostros del arribo de los civiles merced al desplazamiento de los gobiernos presididos por militares, que ocurrió a partir de 1946. En efecto, el gobierno de Ruíz Cortínez tuvo entre sus significaciones el de la austeridad y racionalidad rigurosa del gasto; después de su administración no se supo de actos de corrupción o de enriquecimiento de él o de sus colaboradores, lo que ratificó los atributos que se le adjudicaban.
La etapa del desarrollo estabilizador que culminó en la década de 1970 no se vinculó a actos de corrupción, pero la que inició después tuvo reiteradamente ese signo, tornándose aún más corrosivo con el hecho de las crisis económicas reiteradas de carácter sexenal que se repitieron en 1976, 82, 88 y 94.
La irritación social ante las devaluaciones que ocurrían, la concentración de la riqueza y la consecuente ampliación de las brechas de desigualdad pretendían apaciguarse con las ofertas y promesas de los nuevos gobiernos, así como mediante las acciones ejemplares que emprendían con la persecución y aprehensión de alguno de los señalados como corruptos, del pasado corrupto.
El gobierno del expresidente Miguel de la Madrid introdujo en sus tesis de gobierno la de renovación moral de la sociedad, y promovió una vía institucional para combatir los actos de corrupción mediante la creación de la secretaría de la Contraloría; de todas formas, se siguió señalando la comisión de prácticas corruptas desde la óptica de un gobierno hacia su antecesor.
La alternancia política que se inauguró en el año 2000 trajo consigo un trato cauteloso de una administración a otra; parecía perfilarse que el relevo del partido en el gobierno constituía un evento suficientemente contundente hacia las expectativas de la sociedad, de modo que la carga para perseguir a los corruptos de antes se vio aligerada; hubo escándalos como el que se atribuyó a la administración de Pemex en ese sexenio que marcara el comienzo del nuevo siglo, pero el trato entre administraciones y más siendo el mismo partido en el poder fue, en general, cordial en el tema.
En su caso, la nueva alternancia del año 2012 no trajo aparejado, como uno de sus temas relevantes el de la corrupción., aunque la militarización de la seguridad dejó secuelas; el caso más emblemático en materia de enriquecimiento ilícito se canalizó hacia las demandas presentadas en contra del liderazgo del sindicato magisterial, al tiempo que cundieron demandas sobre gobernadores y ex -gobernadores. Se planteó entonces la formación de un sistema nacional anticorrupción, en la perspectiva de generar una institucionalidad más robusta sobre el tema.Por otra parte, se llevó a cabo un importante proceso de cambio a través de la transformación del órgano fiscalizador del Congreso y de la secretaría de la función Pública, que sustituyó a la anterior secretaría de la Contraloría.
Más allá de esa importante evolución, quedaba claro que los más relevantes actos de corrupción provenían, siempre, de la administración predecesora, mientras que quien estaba en funciones se diferenciaba claramente de los abusos y prácticas del pasado.
La forma como actúa el gobierno que actualmente se encuentra en funciones, no se diferencia de los hábitos y costumbres que se han aplicado en materia de corrupción. Se mantiene el patrón que se ha instituido a través de una tesis clara, consistente en que la corrupción proviene del pasado; la otra es que la determinación que se tiene de combatir la corrupción. implica que ésta se ha proscrito y que, cuando menos, su incidencia resulta mucho menos a la observada con anterioridad. Los que actuaron en el pasado son corruptos, los de ahora no. Pero el gobierno actual no está exento de cometer prácticas corruptas, a pesar de que se ha apostado a la verticalidad de sus integrantes.
El alto índice de asignaciones directas, los recientes casos del derrumbe de la línea 12 del metro y de la inundación del Hospital ubicado en el estado de Hidalgo, que en ambos casos dejara un importante número de muertes, denota presuntos actos de corrupción en uno y, cuando menos, descuido brutal en el otro. También es paradójico que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, haya sido señalado por quien fuera su titular de prácticas que han hecho robo de artículos, de lo que fue antes robado. Toda una cacofonía y todo un galimatías. Ese decir que la corrupción la hicieron los de antes y los de ahora son honestos es la historia de siempre, nada se agrega. Los corruptos hay que combatirlos independientemente de la administración de que provengan, al tiempo de establecer mejores sistemas para combatir y prevenir su práctica; especialmente importante es romper los pactos de impunidad que aparecen reiteradamente.
Uno de los signos indicativos de que no se combate a fondo la corrupción es cuando, respecto de ella, las crónicas, reportes noticiosos y declaraciones son más impactantes que los actos judiciales efectivos. Así la impunidad campea, pero se construye una imagen opuesta en donde se proyectan aparentes triunfos. Así ha sido; se dice eliminar la corrupción…la de antes.