Sin duda, fue un derroche la consulta llevada a cabo para preguntar si se mandaba la investigación sobre posibles delitos cometidos por los expresidentes, por diversas causas: el ejercicio fue inútil, incompresible la pregunta que se aplicó e innecesaria su realización, puesto que la investigación en comento se puede practicar -y se debe efectuar- sin mediar expresa manifestación alguna, ya que, de disponer de elementos, la tarea es obligada.

Para colmo no participaron en ella el número de ciudadanos necesario para que sus resultados fuesen vinculantes, al tiempo de haberse generado un gasto de 500 millones de pesos que, por lo antes expuesto, acabó siendo singularmente gravoso.

Revocación de mandato

El nuevo recurso que se pretende instrumentar para la revocación de mandato tiene mal pronóstico, pues claramente se postula como una vía para un destino distinto: la ratificación del mandato. Es también un derroche porque nadie plantea la posibilidad efectiva de separar al presidente de la República de su encargo, antes de que el plazo de los seis años se cumpla.

De nueva cuenta se plantea un falso cuestionamiento, pues las evidencias muestran que hay ausencia de interesados reales en tal revocación. Los datos duros señalan que, ciertamente, existen sectores críticos a la labor presidencial -como no lo puede dejar de haber en un régimen democrático-, pero que esos mismos inconformes verían con preocupación una interrupción del mandato del jefe del Ejecutivo, y que no la pretenden. El costo de esta nueva acción se estima en 3 mil millones de pesos, de modo que, de llevarse a cabo, se tendría un costo acumulado de 3.5 mil millones de pesos que resultaría de la suma de ambos ejercicios.

El gasto previsto implica desplazamientos presupuestales de recursos que se podrían orientar a otras materias urgentes, como regularmente ocurre en las asignaciones presupuestales, ya que se resuelven en una difícil lucha por decidir los destinos más racionales, ante necesidades múltiples e imprescindibles; prácticamente imposible justificar en este momento el anteponer gastos a las necesidades que se tienen en el ramo de salud, infraestructura hospitalaria, adquisición de vacunas, equipo médico y material de enfermería, por sólo citar algunos ejemplos.

Así, la calificación de absurda, en cuanto a la realización de esta nueva práctica de democracia directa no está en entredicho; lo es porque no habrá de aportar nada nuevo al país, al régimen político, a la vida democrática y, por el contrario, corre el riesgo de vulgarizar y desprestigiar una medida que puede ser de gran utilidad en otras circunstancias. Todo indica que nuestra inmersión en los instrumentos de la democracia participativa se está dando por una puerta equívoca. Parece no estar en duda el juicio sobre que específicamente tales consultas son inútiles, en el entendido que la primera de ellas ya lo fue; la segunda que se pretende realizar sobre la revocación de mandato corre el riesgo de tener el mismo fin, pues aun cuando se diera la participación requerida para hacer vinculantes sus resultados, su efecto no resolverá problema alguno, ni responderá a un cuestionamiento existente. En su caso, será una falsa solución a un falso problema.

Sin duda que la democracia participativa y las consultas ciudadanas son convenientes, pero a condición de que sean debidamente orientadas, que dispongan de objetivos claramente justificados, que se practiquen en condiciones de un debate suficiente y de una normatividad madura, requisitos que lucen ausentes en este momento.

Realizar consultas ciudadanas como mero ejercicio para simplemente practicarlas, acabará por convertirlas en una especie de deporte de aficionados; ni siquiera en un deporte competitivo, pues en éste se asiste en función de la oportunidad de obtener el triunfo; en el de aficionados se participa por el gusto, el deleite y el aprendizaje de hacerlo, casi como fue la delegación mexicana a las olimpiadas de Tokio.

La racionalidad del gasto demanda resolver de forma adecuada preguntas fundamentales: en qué se gasta, cómo se gasta, para qué se gasta, qué resultados se esperan y de qué manera contribuirán éstos al desarrollo del país, y qué tanto lo harán respecto de otras alternativas. Pretender gastar con austeridad de poco sirve si, por otra parte, se derrocha, se despilfarra, se extravía el objeto y la razón del gasto.