Un engaño más. De eso se trata la mentada consulta popular que todos sabemos está destinada al fracaso. López Obrador, quería una consulta para enjuiciar a expresidentes, se encaprichó en ello, y ante la imposibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar su juego, optó por hacerle ajustes y entregar al ejecutivo algo que no es lo que pedía, pero se lo cambió de manera que pensara que sí lo es; como quien le quita un juguete a un bebé pero le da otro para que no siga llorando.

Fue una promesa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la denominada Cuarta Transformación llevar a cabo una consulta popular contra cinco expresidentes de México. Así lo “vendieron” en cada mitin y en cada escenario que visitaron en campaña y luego en actos oficiales.

López Obrador, ha expuesto sus razones por las que sus antecesores deberían ser sujetos de un juicio penal:

El expresidente Carlos Salinas de Gortari debería ser juzgado por “entregar los bienes de la nación a particulares”, en el periodo considerado como la privatización de empresas del Estado.

Ernesto Zedillo Ponce de León, por convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública, episodio conocido como el Fobaproa.

Vicente Fox Quesada por “traición a la patria”, ya que el panista confesó que “cargó los dados para imponer a Felipe Calderón”. “Un atentado a la democracia”.

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Felipe Calderón Hinojosa debería ser enjuiciado porque desató la guerra contra la delincuencia “sin atender las causas” y se llevaron a cabo masacres durante su administración.

Enrique Peña Nieto, debería ser juzgado por “los actos evidentes de corrupción”.

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El problema es que eso no será lo que se vote en la mentada consulta popular, en la que por más que se quiera engañar a la gente, la realidad es que la pregunta no pregunta lo que el presidente quiere que se pregunte.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.

Esta es la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que la original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”.

El 1 de octubre de 2020 la Suprema Corte resolvió, en forma unánime, que la justicia no se consulta.

“Aunque con distintos enfoques y por distintos caminos, las ministras y ministros coincidimos en que, conforme a nuestro orden constitucional, la investigación, persecución y sanción de los delitos no puede estar sujeta a los resultados de una consulta popular; se trata de funciones que se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la opinión de las mayorías”.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

A la vez construimos una visión robusta de la consulta popular, como mecanismo diseñado para pacificar nuestras diferencias por la vía institucional, capaz de incluir a todas las voces en la conversación pública, especialmente a aquellas que no han sido escuchadas por décadas.

Cumplimos con nuestra obligación constitucional de dar pleno sentido a la consulta popular —como derecho humano que es— y avanzar hacia una democracia participativa, que convoque a todas las personas a reflexionar y debatir sobre los grandes temas nacionales y les permita expresarse a través de un cauce pacífico, sin intermediarios. Al decidir si la materia de una consulta es constitucional, la Corte no ejerce una función jurisdiccional. No resuelve un litigio, ni su papel es dar la razón a alguna de las partes. Su función se limita a impedir la realización de consultas que versen sobre alguna de las materias prohibidas por la Constitución, pero velando por no frustrar el derecho de participación ciudadana. En otras palabras, el rol de la Corte es desplegar una función político-constitucional, encaminada a garantizar el acceso de todas las personas a la decisión pública”. (Milenio 13/10/20).

En pocas palabras, la SCJN, le dijo a López Obrador que no podía jugar con ese juguete pero que le permitiría usar otro menos bélico para que se entretuviera y dejara de hacer berrinche.

Pero más allá de lo anterior, es necesario dejar claro, por si a alguien todavía no le ha quedado por cierto, que:

√ No es necesaria una consulta popular para aplicar lo que las leyes vigentes, como las leyes penales ya contemplan. La justicia no se consulta, se aplica.

√ Que lo que se va a vivir este domingo es una puesta en escena más de “al pueblo pan y circo”

√ Que este despropósito lleva implícito un gasto millonario. Un derroche de más de 528 millones de pesos que bien podrían haberse utilizado en temas más urgentes como pagar tratamientos y quimioterapias a niños con Cáncer.

√ Que esta consulta, por más que se esmeren los integrantes de la 4T está destinada al fracaso porque para hacerla vinculante requiere 40 por ciento de la participación de los mexicanos registrados ante el INE y porque no será posible que más de 37 millones de ciudadanos estén dispuestos a salir a votar.

Por lo menos, en el caso de Jalisco, es muy previsible que la gente no estará dispuesta a participar en esta farsa. Ya en los comicios de julio pasado dejó de manifiesto que no apoya a los morenistas quienes perdieron el Congreso y los principales municipios de la entidad.

Pretextos habrá muchos para intentar justificar el fracaso de la consulta popular del próximo 1 de agosto y ya los están ensayando desde ahora en la Cuarta Transformación; el Instituto Nacional Electoral (INE) será con toda seguridad en quien descarguen su furia y frustración, porque no podrán admitir que la luna de miel con los mexicanos terminó mucho antes de alcanzar la mitad del sexenio derivado de sus múltiples desatinos e ineptitud para gobernar.

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