Escribo esto como madre. Como madre de cinco alumnos del American School Foundation de la Ciudad de México. Y escribo porque lo que he vivido dentro de ese colegio ya no puede explicarse como una confusión administrativa ni como una diferencia menor entre padres. Lo que he vivido, y lo que he documentado con oficios judiciales, videos, correos, chats y testimonios, es la presunta parcialidad de una institución que, en los hechos, dejó de actuar con neutralidad en mi caso de violencia vicaria.
Desde el inicio del conflicto, el trato fue desigual. Cuando yo tenía la guarda y custodia, y Bernardo Vogel no tenía régimen de visitas, e incluso existían medidas de restricción en su contra, la escuela no le limitó el acceso. No le cerró las puertas. No le bloqueó la entrada. No lo excluyó de la vida escolar. A mí, en cambio, sí.
Aun sin existir una restricción que me impidiera acudir a eventos escolares dirigidos a madres y padres de familia, el colegio empezó a imponerme obstáculos, criterios cambiantes y decisiones discrecionales para impedir mi entrada. No fue una sola vez. Fue un patrón.
Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante un desayuno de reconocimiento académico de mi hija. Yo me registré, entré al evento y me senté como cualquier otra madre. Pero en cuanto Bernardo Vogel me vio, hizo una llamada. Minutos después apareció el abogado de la escuela para decirme, frente a otros padres de familia, que no podía estar ahí, invocando una supuesta restricción judicial. Intentaron correrme públicamente. Me humillaron frente a todos en un evento escolar al que tenía derecho de asistir.
En ese momento respondí lo que he sostenido desde el principio: no existía ninguna prohibición que me impidiera acudir a ese tipo de actividades. Grabé ese intercambio porque entendí que lo que estaba ocurriendo no era casual ni un malentendido. Era una decisión dirigida a sacarme.
Días después viví algo semejante durante una actividad escolar de mi hijo. Desde temprano, la consigna parecía clara: no dejarme entrar. Primero me dijeron que no podía pasar porque no llevaba credencial. Después cambiaron la versión y dijeron que había una lista. Más tarde apareció una tercera razón: que la estampa de la credencial no estaba actualizada. Las excusas fueron cambiando una tras otra.
Lo más grave no fue solo la negativa, sino la humillación. Pasé cerca de dos horas retenida, expuesta y humillada, hasta que llegó un notario. Solo entonces me dejaron entrar. Eso no fue un protocolo. Fue un cerco.
Eso es lo que más me duele y más me indigna: la arbitrariedad. No había una regla clara. No había una medida uniforme. Había una sucesión de pretextos para impedirme estar en la escuela de mis hijos. Y cuando una institución cambia varias veces la razón para negarle el acceso a una madre, una entiende que no está frente a un procedimiento, sino frente a una decisión ya tomada.
Desde mi perspectiva, el ASF Ciudad de México dejó de actuar como un tercero neutral y empezó a alinearse con la posición de Bernardo Vogel y de su padre, Guillermo Vogel. Por eso también he señalado la existencia de posibles conflictos de interés relacionados con las donaciones de la familia Vogel al colegio, así como con una red de relaciones que, a mi juicio, no puede ignorarse.
He denunciado en particular la participación de Mark McCoy en el consejo de administración y sus vínculos con Korn Ferry, firma encabezada en México por su padre, Horacio McCoy, a quienes identifico como cercanos a la familia Vogel tanto en el plano personal como en sus relaciones de negocios. Mi pregunta es simple: ¿cuánto pesaron esas relaciones en la manera en que el colegio decidió tratarme?
Yo no le pido a una escuela que resuelva un juicio familiar. Le exijo algo mucho más básico: que no se convierta en brazo social, institucional o reputacional de una de las partes. Que no interprete medidas judiciales a conveniencia. Que no use su autoridad para excluir, desacreditar o humillar a una madre. Que no contribuya, con su poder y su prestigio, a una forma de violencia vicaria que busca borrar a la madre de todos los espacios posibles.
Por eso, hoy hago una pregunta pública: ¿saben en la Embajada de Estados Unidos y su embajador en México, Ronald D. Johnson, que una institución emblemática de su comunidad educativa en México está siendo señalada por haber dejado de ser neutral en un caso de esta naturaleza? ¿Lo saben sus consejeros, sus donantes, sus familias y sus aliados?
Yo no estoy denunciando un agravio aislado. Estoy denunciando un patrón. Una forma de operar. Una manera de usar el peso institucional para legitimar la exclusión de una madre de la vida escolar de sus hijos.
Y lo digo con toda claridad: si una madre necesita oficios, videos, testigos y un notario para poder entrar a la escuela de sus hijos, entonces esa escuela ya no está protegiendo a los menores. Está protegiendo a alguien más.