El regreso del gobernador Rubén Rocha Moya al Palacio de Gobierno, tras más de 100 días de licencia, no fue recibido solo con saludos o reclamos. Frente a las puertas del recinto, integrantes de un colectivo de madres buscadoras lo esperaban con una pregunta directa, dolorosa y sin fecha de vencimiento: ¿Sabe cuántas fosas tenemos en Navolato? Siete fosas por abrir.
Esa frase, dicha en voz alta y frente a las cámaras, resume la urgencia que el Estado no puede posponer. Una de las mujeres que integra el colectivo se acercó al mandatario, lo saludó y, sin rodeos, planteó el reclamo que cientos de familias sienten desde hace años. La situación de la Comisión de Búsqueda, dijo, es una vergüenza. Y como prueba de que no se trata de palabras vacías, entregó al gobernador una carpeta cargada de expedientes: nombres, historias, personas desaparecidas que siguen sin respuestas.
Más de tres meses de ausencia del titular del Ejecutivo estatal no han servido para avanzar en uno de los problemas más graves que aquejan a Sinaloa. Las fosas de Navolato siguen ahí, sin abrir. Los restos que podrían estar en su interior siguen sin ser hallados, sin ser identificados, sin recibir un entierro digno. Las familias siguen esperando.
Para las madres buscadoras no hay descanso. El duelo y la angustia no tienen fecha ni horario ni espacio.
Tampoco tiene colores de partidos. Cuando el corazón sangra por la ausencia de un hijo o de una hija, poco importa quién gobierne.
El encuentro de este viernes deja claro un punto fundamental: las madres buscadoras no hacen pausas, no toman licencias, no se ausentan cien días. Al contrario, cada día que pasa sin excavar o sin buscar, es un día más de sufrimiento. No importa si el gobernador regresa o se va; la realidad de las personas desaparecidas y sus familias permanece igual o se agrava.
La carpeta entregada a Rocha Moya es un recordatorio de que la deuda del Estado con estas familias es moral, legal y urgente.
Las cifras oficiales registran cerca de 3,889 personas desaparecidas en la entidad, pero colectivos como Sabuesos Guerreras estiman que la realidad supera las 6,000. Es muy probable que así sea. Sabemos que no siempre las personas se atreven a denunciar.
La guerra interna del cártel de Sinaloa, no solo ha dejado violencia: ha multiplicado el dolor. De los 25 colectivos de búsqueda reconocidos en 2023, se pasó a 33 en 2026. Más buscadoras no significa un triunfo, es en realidad una tragedia.
Además, el gobierno de Sinaloa anunció con bombo y platillo la construcción de tres Centros de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, con capacidad para más de 1,900 cuerpos en total. ¿A qué grado hemos llegado que hay que construir edificios para almacenar cadáveres? Y lo peor: En julio de 2025, el gobernador declaró que estaban en funciones. Pero no es verdad. El centro de Mazatlán, concluido en enero de 2024 con una inversión de 22.8 millones de pesos, lleva dos años sin operar. Mientras tanto, el Semefo de esa misma ciudad acumula cientos de cuerpos sin identificar, sin presupuesto para estudios genéticos, sin proceso, sin respuestas.
Es la paradoja más cruel: se construyen edificios con laboratorios y rayos X, pero permanecen cerrados mientras los cuerpos se acumulan en otros lugares. Se recibieron más de 127 millones de pesos en subsidios federales entre 2022 y 2025 para búsqueda de personas desaparecidas, y sin embargo las madres siguen pagando de su bolsillo el combustible y el transporte para buscar a sus hijos.
Mientras esto ocurre el gobernador pide licencia tres meses y llega orondo a decir “ya regresé “.
Duele que en este país gobernadores como Rubén Rocha olviden que su labor no es solo política, es humana y más allá de partidos, de culpas o de inocencias, quien espera encontrar a un hijo o una hija, merece atención sin tregua y con responsabilidad.