Hay decisiones políticas que producen consecuencias jurídicas; y hay decisiones jurídicas que, por su manejo político, terminan comprometiendo la gobernabilidad. El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa reúne ambas circunstancias.
Tras el anuncio de Rocha Moya de retomar el encargo, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, afirmó que la determinación del doctor en ciencias sociales no fue acordada con la Presidencia de la República.
El partido Morena tomó la misma distancia; su dirigencia afirmó que no tuvo conocimiento previo de la decisión y que corresponde respetar el Estado de derecho, el debido proceso y las investigaciones en curso.
¿Cómo pudo el gobernador con licencia regresar al ejercicio pleno del poder cuando la Secretaría de Gobernación y su propio partido aseguran que no conocieron previamente la decisión?
De ninguna manera se trata de discutir la facultad constitucional de Rocha Moya en concluir la licencia, el asunto es político. Cuando un gobernador está relacionado con una investigación federal de alto impacto y enfrenta acusaciones formales del gobierno de los Estados Unidos, su reincorporación deja de ser un asunto estrictamente personal.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia estadunidense acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de conspirar con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de droga a los Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos. La acusación sostiene, además, que “Los Chapitos” habrían contribuido a su triunfo electoral de 2021.
El político oriundo de Badiraguato rechaza estas acusaciones; y debe presumirse su inocencia mientras no exista una sentencia. Pero la presunción de inocencia no significa presunción de inexistencia de una investigación.
La FGR mantiene abiertas carpetas relacionadas con las diez personas señaladas por Washington. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, ha solicitado a los Estados Unidos las pruebas que sustenten sus acusaciones; esta última está limitada a esta solicitud, a menos que, el gobierno mexicano detenga al “profe Rubén”, para investigarlo y evitar una posible fuga.
El antecedente que convirtió a Sinaloa en un asunto nacional ocurrió el 25 de julio de 2024. Ese día fueron detenidos en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Horas después se conoció el asesinato del rector Héctor Melesio Cuén.
Zambada sostuvo que había acudido a una reunión donde estarían Rocha Moya y Cuén para tratar diferencias políticas relacionadas con la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Rocha negó haber estado ahí y aseguró que se encontraba fuera del país. Las afirmaciones de Zambada no han probado por sí mismas una participación criminal de Rocha, pero abrieron una crisis política que todavía no termina.
Entonces Andrés Manuel López Obrador cerró filas con Rocha. Incluso 30 gobernadores electos y en funciones de Morena publicaron un pronunciamiento de respaldo. La defensa política fue contundente.
Hoy el escenario es distinto. Ya no existe solamente una carta de un narcotraficante. Existe una acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una investigación mexicana abierta y un gobernador que decidió regresar al poder mientras esas circunstancias permanecen.
Por eso Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad que también es una obligación política, explicar con absoluta claridad qué sabe el gobierno federal, qué ha investigado la FGR y por qué, si las indagatorias continúan, el regreso de Rocha no representa un riesgo institucional.
El contraste con la cooperación bilateral resulta inevitable. Esta semana, Omar García Harfuch participó en Buenos Aires en la ‘Conferencia Internacional para el Control de Drogas’, y sostuvo encuentros con el director de la DEA, Terrance Cole. Ambos gobiernos han reivindicado el intercambio de información y la cooperación contra el crimen organizado.
En ese contexto, Sinaloa puede convertirse en el punto donde dos discursos choquen, cooperación contra el narcotráfico y, al mismo tiempo, un gobernador acusado por Washington que vuelve a ejercer el poder mientras México solicita pruebas.
Sheinbaum no necesita condenar a Rocha para defender la gobernabilidad; tampoco necesita confrontarse con los Estados Unidos para defender la soberanía. Necesita algo más difícil, que las instituciones hablen con una sola voz y que esa voz pueda explicar quién decidió, con qué información y bajo qué fundamento.
Porque si la decisión fue realmente sólo de Rocha, entonces, por qué un gobernador bajo investigación puede adoptar unilateralmente una determinación capaz de alterar la relación política y de seguridad entre México y los Estados Unidos. Será que el profe ve la posibilidad de negociar en el tablero de la política, ¿su lugar por el de Andrés hijo?
Punto Cero
Los Scouts de México celebran este fin de semana sus primeros cien años de practicar el escultismo en nuestro país; filosofía que fundó el británico Robert Baden-Powell y que ha formado a cientos de generaciones en todo el mundo. Que valga un abrazo y un saludo fraterno con la mano izquierda a todos sus integrantes.
X: @JoseVictor_Rdz