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El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico que pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y lograr la soberanía energética. La modificación a la legislación en materia eléctrica fue recibida por los legisladores este lunes 5 de febrero.

La iniciativa ha sido duramente criticada por líderes de opinión, políticos de oposición e industriales que afirman que los cambios en el sector eléctrico atentan contra la libre competencia, incrementará el precio de la luz, habrá pérdida de empleos y de confianza para invertir en el país y sería atentado al medio ambiente, por lo que consideran mejor que se conserve la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) como está en la reforma del 2013 que fue impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y avalada por los legisladores del PAN.

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La iniciativa con proyecto de decreto promovida por la actual administración federal pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de industrias estratégicas del Estado.

Lo que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con esta iniciativa es revertir la privatización que ha sufrido la industria eléctrica en México, lo que ha traído para el consumidor, sobre todo doméstico, incrementos de tarifas de la luz así como un deterioro para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tiene que subsidiar a corporativos particulares en detrimento de las finanzas de la hoy empresa productiva del Estado.

Los que ganan con el esquema de la reforma del 2013 son los grandes corporativos que están en un sistema conocido como autoabasto o de Producción Independiente de Energía (PIE), con centrales construidas y administradas por generadores principalmente de origen español.

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La modalidad de generación eléctrica por empresas privadas nació en 1992, bajo el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari, para que las grandes industrias en el país, como la cementera, acerera y minera generaran su propia electricidad y la transportaran a sus centros de trabajo en diferentes puntos del país, utilizando las redes de transmisión de la compañía estatal; pero este servicio de porteo no se le paga a la hoy empresa productiva del Estado, o se paga a un precio simbólico por debajo de los costos reales.

Para conseguir electricidad más barata, compañías como Telmex, AT&T, Farmacias del Ahorro, Femsa y sus tiendas Oxxo son parte de las firmas socias de empresas generadoras como Enel e Iberdrola.

La forma para ser socio de estás centrales de autoabasto es bajo el esquema de pagar un peso, cinco pesos o un dólar, lo que es una simulación y entra en un mercado negro de energía eléctrica.

CFE denunció en junio de 2020 que el esquema de autoabasto fue distorsionado por generadores, como la española Iberdrola y la italiana Enel, y se convirtió en un mercado negro de electricidad, donde existen 239 centrales y más de 77 mil consumidores asociados a las plantas con solo un dólar.

Según CFE, el esquema fue modificado tras la reforma energética del 2013 por compañías privadas, y se ha convertido en una simulación para un modelo de compra-venta de electricidad que compite con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) creado tras los cambios constitucionales del 2013.

La tarifa de transmisión (porteo) para plantas de energía renovable y cogeneración de autoabasto es muy barata. La empresa productiva del Estado registró pérdidas por no cobrar este concepto por 7 mil 800 y 7 mil millones de pesos en 2018 y 2019.

Las plantas de energía limpia (solares y eólicas) de privados generan energía intermitente, es decir que no producen electricidad todo el tiempo, por lo que es necesario que centrales de la CFE tengan que entrar de respaldo para que no pare el servicio. Esto no se le paga a la compañía estatal y ocasiona grandes pérdidas a las finanzas públicas del país.

Por otra parte la gran mayoría de las plantas de generación de energía eléctrica limpia de empresas privadas fueron construidas con un mínimo de capital de riesgo por parte de los socios de las centrales de autoabasto y de las empresas generadoras, como es el caso en especial de Eólica del Sur que está ubicada en Oaxaca, misma que solo tuvo para el financiamiento de esta central de parte de Femsa el 9%; mientras que lo demás fue aportado por créditos de la Banca de Desarrollo, Bancos privados nacionales y extranjeros y apoyos no recuperables por parte del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Lo más curioso del caso es que esta sociedad está conformada por más de 10 mil socios de a un dólar.

Las empresas privadas se están apoderando del mercado eléctrico; para el 2018 el 54% de la generación de electricidad la hacía la Comisión Federal de Electricidad y el otro 46% lo tenían los privados, pero para el 2020 la proporción cambio ya que la hoy empresa productiva del Estado solo produce 38% del total de la energía eléctrica del país, mientras que el 62% lo producen generadores privados.

Empresas como la española Iberdrola producía en el 2022 el 33% del total de la energía eléctrica del país, y junto con la generadora de origen hispano Naturgy ya producen más del 50% de la electricidad de México.

No es tan cierto, por otra parte, que los particulares se hayan centrado únicamente en energías renovables. Conforme a una publicación de septiembre de 2021 de la empresa española Iberdrola, sólo 10% de la electricidad que generó en México procede de energías renovables (solar y eólica) y alrededor de 90% la genera a partir de centrales de ciclos combinados de gas. Esto es, conforme a la reforma planteada en 2013, no ha habido una sustitución de energías contaminantes por energías limpias, al menos con la intensidad y velocidad requeridas; además de que se tiene sin ocupar cabalmente la de las plantas de energía hidroeléctrica.

La narrativa que escriben los generadores privados de que la CFE sólo produce energías sucias que afectan al medio ambiente no es cierta, ya que el 47% de la capacidad instalada de la CFE produce energía limpia, y sólo 6.3% de la generación de energía eléctrica se produce con combustóleo, ya que además sólo se cuenta con tres plantas que producen electricidad con carbón, mientras que Estados Unidos por ejemplo tiene más de 200 y China más de mil.

En lo que se refiere al Mercado Eléctrico Mayoritario, primero se sube a las líneas de transmisión de la CFE la electricidad generada por empresas privadas con plantas eólicas y fotovoltaicas, en segundo lugar, la electricidad de las centrales de ciclo combinado de empresas particulares, después la producida por hidroeléctricas de la CFE y las plantas de carbón y combustóleo son las últimas en subirse.

Una característica de este mercado es que la oferta de electricidad está dada por los costos variables, es decir, aquel generador que cuenta con la tecnología con el costo variable más bajo es el primero en ser despachado, y así sucesivamente. El precio que reciben los generadores es el costo variable de la última central despachada. El CENACE es el organismo encargado de indicar las instrucciones de despacho de acuerdo a las ofertas más económicas, sujeto a restricciones de confiabilidad del sistema.

Las plantas eólicas y fotovoltaicas de empresas privadas tienen costos variables cero ya que el viento y el sol no tienen precio, sin embargo, esto es una trampa para favorecer a las empresas privadas, sobre la CFE.

Es decir, en este mercado primero se asignan las plantas más eficientes, que normalmente son los proyectos de energía limpia y así sucesivamente hasta satisfacer la demanda. La última planta que es despachada es la que fija el precio marginal local, mismo que se determina tomando en cuenta los costos variables y de mantenimiento.

La visión de la actual administración federal es que “siendo la electricidad un derecho humano, su acceso no puede depender de la capacidad económica, de estratos sociales, de empresas preponderantes o de regiones privilegiadas. El Estado debe garantizar el acceso universal a todo el pueblo de México, a todas las clases sociales, pues de no hacerlo se generaría una distribución contraría a la justicia social. Por esta razón, el servicio público que presten las empresas del Estado, al no tener fines de lucro, no puede ser considerado en ninguna circunstancia como un monopolio”.

La reforma a la LIE del 2013 favorece solamente a los grandes corporativos en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad y es por ello que el gobierno de la Cuarta Transformación, está impulsando una nueva legislación que fortalezca a la CFE y se tenga una soberanía energética.