A pocos “sorprende” que Andrés Manuel López Obrador ocupe el espacio matutino ante los medios de comunicación para dictar la agenda desde Palacio Nacional. Esta mañana, el presidente aprovechó la conferencia mañanera para hablar de la creación de la “nuevaMexicana, aprovechando la pregunta expresa de una reportera. Tampoco sorprende que, como ha sucedido en temas aeronáuticos, el mandatario no responde concretamente las preguntas, pero no pierde la oportunidad para llevar su discurso a un terreno que pueda manejar más cómodamente, y por ahora esa zona de confort se reduce al costo de los boletos.

Pasado ese escollo, la pregunta de la reportera quedó en el aire, y olímpicamente ignorada: ¿para cuándo la inauguración de la nueva línea aérea? Y la respuesta era necesaria sobre todo para disipar ciertos nubarrones dispuestos a oscurecer los planes del presidente.

En efecto, ya hubo un acuerdo con los sindicatos y con la asociación de jubilados, así como con el personal de confianza; pero en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje andan rondando unos abogados, quienes dicen representar a dos grupos -pequeños- de trabajadores.

Dejémoslo claro: se trata de compañeros que decidieron demandar de manera “particular” hace algunos años a la empresa Mexicana de Aviación, además de las demandas interpuestas por los sindicatos. No es nada nuevo bajo el sol.

Es casi “normal” que en los conflictos colectivos de trabajo, aparezcan como hongos los despachos jurídicos que invitan a tramitar y litigar las demandas de manera individual -es decir, sin los sindicatos de por medio-, prometiendo “el oro y el morro”, cobrando bajos honorarios, a cambio de un determinado porcentaje de la cantidad que se consiga al final.

Ahora, estos asesores legales, tras doce años de litigio (en algunos casos), buscan que a sus defendidos les entreguen cifras muy superiores a las que negociaron los sindicatos con el Gobierno Federal y que acordaron para todos los trabajadores; para ello amagan con interponer una serie de amparos que impidan -o por lo menos retrasen- la adquisición, por parte del Gobierno, de la marca y los bienes de la empresa.

No me toca a mí calificar esta acción de fraude procesal, acto premeditadamente dilatorio, o de plano una “vulgar chicanada”. Es a los juzgadores a quien les corresponde resolver si dichas acciones legales son procedentes y fundadas.

Alegarán que no han sido “oídos y vencidos” en juicio, y eso alcanza para promover demandas de amparo, aunque no para garantizar que sean admitidas, tramitadas y resueltas favorablemente para los quejosos. ¿Legal? Tal vez, ¿ético? Tengo mis dudas.

Y es que no parece que los abogados lo hagan pensando en el bienestar de sus clientes. Por cada persona que demandó con estos abogados, cuyos nombres tampoco me corresponde revelar, cobrarían alrededor del 30% de lo que les pagarían a sus representados.

Estos ínclitos abogados, empedernidos defensores de la legalidad y la justicia laboral, están dispuestos a envainar su espada justiciera, y ya no promover los amparos, si a sus clientes les ofrecen una cantidad de dinero que les parezca “razonable”.

Una fuente informada me dice que están pidiendo dos millones de pesos por cada uno de sus defendidos. Si Pitágoras no falla, estos despachos estarían cobrando cerca de 600 mil pesos por cada cliente. No sé qué opine usted amable lector, pero parece un buen negocio, pero para el despacho.

De todas formas el trabajador no recibiría lo que por ley le correspondería (ya en columnas anteriores hablé de las cantidades estratosféricas e impagables a las que se llegó tras 12 años de litigio); y evidentemente ninguna cobija cubre tanto: si esos dos millones (por cliente de estos despachos) salen del dinero que el Gobierno está etiquetando para la compra de la marca “Mexicana de Aviación”, entonces tirarán todos los acuerdos a los que se llegó con los sindicatos en meses y meses de trabajo, conciliación y negociación.

Pero si salen de otro rubro del erario público, entonces todos los mexicanos estaremos pagando una especie de “rescate privilegiado” para un puñado de trabajadores que avala que usen sus derechos para chantajear al único gobierno que de verdad está haciendo cosas para “finiquitar” un problema que nos ha tenido en un patético limbo jurídico por más de una década.

Tal vez, -y subrayo que es una mera especulación-, esta sea la razón por la que el Presidente no ahonda en el tema del plan de arranque de la nueva línea aérea; el acuerdo firmado con los sindicatos, y los otros grupos de trabajadores, es muy claro: tendrá efectos legales “sí y solo sí” no quedan trabajadores con juicios y demandas pendientes; en cualquier otro caso, el gobierno no adquiere ni la marca, ni los bienes de Mexicana de Aviación. Es decir, puede levantarse de la mesa, y lavarse las manos mientras dice: “Yo lo intenté, pero no hubo manera de llegar a acuerdos”, y seguir adelante sin voltear atrás, como sucedió con la Cooperativa Aviación Mexicana.

Sería una tristeza inmensa. Son momentos en los que deberíamos tener claro no solamente el modelo de aviación para la nueva línea aérea, sino también cuántos equipos tendrían para comenzar a operar, y cuál sería su oferta. Si el plan era inaugurarla junto con el Tren Maya, ya tendrían que estar pensando incluso en la venta de boletos, que debe hacerse con anticipación, y créanme que el tiempo apremia.

Sé que piensan que la SEDENA se encargará de la operación, pero ¿de verdad piensan que es posible que de un día para otro el ejército estará listo y preparado para manejar una aerolínea civil?

Tengo la experiencia de haber trabajado, en 2010, en el plan de arranque de Mexicana después de su bajada de vuelo. En ese tiempo en que estábamos a la espera de un inversionista, ante la negativa del Gobierno Federal de rescatar a la aerolínea. Durante unos meses estuve trabajando en el plan de arranque y no fue solo uno, fueron varios; cada uno con características diferentes, por eso sé que el tiempo no perdona, primero porque nuestro país no arrenda aviones, esos hay que pedirlos al extranjero, y debe negociarse qué tipo de arrendamiento se utilizará: si el dry lease, solo se renta el tipo de avión que se vaya a operar, o el wet lease, que además del avión, incluye el pago del seguro, el mantenimiento y de ser necesario la tripulación.

A raíz de la pandemia, por ejemplo, Aeroméxico cambió el tipo de arrendamiento que manejaba, a uno “por hora”, que se conoce como PBH, un modelo muy socorrido en las aerolíneas de bajo costo. Esta medida fue parte del plan de acción para salir de una quiebra, tramitada en los términos de la ley norteamericana (el famoso Capítulo 11).

Un plan de arranque debe contemplar al personal, cuánta gente se necesita para operar en un inicio, además de prever un plan de crecimiento a corto, mediano y largo plazo. Otro punto que se tiene que cubrir a la brevedad es el tema de la documentación del personal, y los adiestramientos que requieren.

En aquellos ayeres, uno de los planes que se trabajaron era arrancar con 10 aviones. Sí, leyeron bien, con los 10 equipos que sí eran propiedad de Mexicana, flota compuesta por aviones Airbus (A320 y A319). Este plan quedó bajo el resguardo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, y no ha faltado quien le ha echado un guante, y lo ha utilizado para su propia agenda, como ha sido el caso de Interjet.

Hace 13 años pusimos sobre la mesa otro plan de arranque, más ambicioso, propuesto por PC Capital, que consistía en arrancar con 30 equipos Airbus A320. El gobierno de entonces les pedía a los posibles inversionistas que el plan que presentaran forzosamente tenía que ser de 350 millones de dólares. Pero de eso, “ya llovió”, como se dice coloquialmente.

La pregunta de la reportera que ayer quedó en el aire, hace surgir un montón de dudas. Para inaugurar el Tren Maya junto con el lanzamiento de la nueva línea aérea, vamos más que tarde. Ya tenemos piedritas en el camino que sólo buscan su beneficio personal y no el grupal (nuevos amparos). No podemos olvidar las solicitudes de los trabajadores que están agrupados en la Cooperativa “Aviación Mexicana”, que piden ser tomados en cuenta en la nueva empresa.