Estimadas ministras, estimados ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

  • Norma Lucía Piña Hernández,
  • Ana Margarita Ríos Farjat,
  • Loretta Ortiz Ahlf,
  • Yasmín Esquivel Mossa,
  • Javier Laynez Potisek,
  • Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
  • Juan Luis González Alcántara Carrancá,
  • Alberto Pérez Dayán,
  • José Mario Pardo Rebolledo,
  • Luis María Aguilar Morales:

Estimadas consejeras, estimados consejeros del Instituto Nacional Electoral:

  • Guadalupe Taddei Zavala,
  • Norma Irene De La Cruz Magaña,
  • Carla Astrid Humphrey Jordan,
  • Rita Bell López Vences,
  • Dania Paola Ravel Cuevas,
  • Beatriz Claudia Zavala Pérez,
  • Arturo Castillo Loza,
  • Uuc-kib Espadas Ancona,
  • Martín Faz Mora,
  • Jorge Montaño Ventura,
  • Jaime Rivera Velázquez:

Estimadas magistradas, estimados magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Las columnas más leídas de hoy
  • Janine M. Otálora Malassis,
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  • Felipe de la Mata Pizaña,
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  • José Luis Vargas Valdez:

Estimado titular de la Fiscalía General de la República:

  • Alejandro Gertz Manero.

Estimada casi presidenta Claudia Sheinbaum (entre 30 y 52 puntos de ventaja en encuestas serias significan que no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones de 2024 ni Xóchitl Gálvez ni Samuel García):

Por un artículo de Javier Tejado Dondé ayer me enteré que estoy en el grupo de 14 personas denunciadas por la señora Andrea Chávez, diputada de Morena, o por alguien que se tomó la molestia de elaborar un documento larguísimo para defender a la mencionada legisladora de algunas críticas que ella ha recibido en medios de comunicación y redes sociales.

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También ayer supe que se desistió de la denuncia la diputada Chávez —o se desistió quien nos haya denunciado para buscar proteger el prestigio de ella; en cualquier caso, doña Andrea anunció que nos perdona, así que ya no recibiremos el castigo de pagar una multa de 20 mil pesos y no quedarán nuestros nombres inscritos en una lista de violentadores y violentadoras—.

Mi problema es que, también ayer, después de enterarme de que supuestamente ya no estoy denunciado, recibí en mi domicilio la denuncia en un oficio firmado por Andrea J. Pérez García, subdirectora de una dependencia que, según su carta, tiene un nombre insultantemente largo —solo leer el título del cargo de la señora Pérez García me recuerda que toda mi vida he perdido la guerra contra la burocracia—.

El cargo de la señora que me hizo llegar la demanda es —abróchense los cinturones para que no se desmayen al leerlo—:

Subdirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros y Consejeras Electorales de las OPL y de Violencia Política contra las Mujeres de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

¡¡¡36 palabras para el nombre de un cargo!!! Ni la burlan perdonan en el INE.

Como recibí la denuncia, aunque Andrea Chávez haya dicho que me perdona la vida, por consejo de un abogado al que consulté, de cualquier manera tendré que responderla y seguirle la pista hasta que se cierre el caso.

¿Qué significa eso? ¡¡¡Gastos,es decir, dinero y tiempo perdido en una denuncia absurda!!! Absurda, sí, porque yo a la señora Andrea Chávez la critiqué por haber viajado en un avión privado, lo que representa dos problemas para ella: el primero, va en contra de los principios de austeridad de la 4T establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el segundo, me parece que con su sueldo de diputada no le alcanza para tales lujos.

Me metí con su avión privado —fue suyo durante las horas de vuelo—, no dije nada acerca de su vida privada. Porque el avión privado de una funcionaria pública no cae en la categoría de vida privada, ¿o sí? Pienso que no.

Todo este sainete a mí y a las otras 13 personas denunciadas ya nos costó dinero o tiempo. Por lo tanto, a la denunciante debería también costarle. ¿Qué tal si se multa a Andrea Chávez con 20 mil pesos por persona denunciada? No es una cantidad arbitraria, ya que pagar 20 mil pesos es el castigo que se pedía para nosotros.

Sería justo que tantas denuncias le costaran 280 mil pesos a la diputada Chávez —o a quien nos denunció para protegerla de nuestras críticas—.

Ministros, ministras, consejeros, consejeras, magistrados, magistradas, fiscal general y casi segura presidenta Sheinbaum:

¿Ya van entendiendo el propósito de mi carta? Como es altamente probable que se reforme el poder judicial a partir de 2024, suplico que entre los cambios se establezca el siguiente:

  • Que si una persona con un salario superior a 50 mil pesos al mes denuncia o demanda por la razón que sea, deposite 20 mil pesos por persona denunciada o demandada.
  • Si el tribunal de última instancia le da razón, que se le devuelva su dinero.
  • Si el tribunal de última instancia no le da la razón, que la autoridad se quede con el depósito —y que lo divida en dos, para darle la mitad al demandado o demandada que tuvo que gastar dinero para defenderse—.
  • En el caso de la denuncia de Andrea Chávez, quien sí gana más de 50 mil pesos mensuales, a mí me tocarían 10 mil muy buenos pesillos. Y 10 mil a otras 13 personas denunciadas.
  • Si, como se dice, Denise Dresser verdaderamente abusó por meterse en la vida privada de la diputada Chávez, pues que pague, pero quienes no hicimos eso, sino críticas correctas a los excesos de gasto de la legisladora, no tenemos por qué ser molestados.
  • Todo esto además de las famosas costas de los juicios que suelen ser más perdida de tiempo y que habría que ajustar para que verdaderamente SÍ le cuesten a los y las denunciantes que no tienen la razón.

Esto me parece más importante que cualquier otra modificación que se quiera hacer al poder judicial. Porque no solo es de güeva andar toreando denuncias absurdas, sino que representa gastos y molestias de todo tipo. ¿O no se han dado cuenta de que los abogados y las abogadas cobran, y bastante? ¿No les ha caído el veinte de lo engorroso que es cualquier juicio?