Excelente noticia la detención y encarcelamiento de dos gobernadores con abiertos y evidentes nexos criminales, sí, de esos que trajo la famosa “alternancia” (un fracaso en México, si se colocan en una balanza pros y contras). El primero, el panista Ernesto Ruffo, el primer gobernador no priista de la historia en el México de la posrevolución, y un socio del crimen organizado (desde entonces hasta el dia de su dentención), el segundo, un hombre grotesco, corriente, alcohólico y corruptísimo, que sentenció a Guerrero a ser la única entidad federativa, de las 32 en México, carente de viabilidad alguna.

¿Por qué es peligro que, tan solo semanas después del proceso electoral de 2027 salgan libres ese par, como si fueran unas blancas palomas?: Por el precedente de una impunidad, prácticamente total y garantizada, a prácticamente todos los gobernadores en México; si bien un puñado de exgobernadores han estado ó están presos, no fue “por la honestidad de Enrique Peña Nieto”, como afirman los viles y se creen los más tontos, sino que, básicamente, se vieron en esa circunstancia con motivo de que sus francos enemigos políticos ganaron la elección para sucederlos, abriéndose expedientes por delitos del órden común, y en el caso de delitos federales, por la enorme presión (política y mediática) ejercida por parte de los flamantes gobernadores de marras.

En esta ocasión es distinto, es directamente el gobierno federal que los tiene bajo proceso penal, y debe la fiscalía general de la República el ser pulcra al extremo al momento de armar sus expedientes, con la finalidad de que jueces corruptos no apliquen, como es linda tradición mexicana, el fenómeno llamado “puerta giratoria”, en el cuál cómo entran, salen de la cárcel los criminales adinerados, en este caso ese par de impresentables exgobernadores no deben salir de esos penales de máxima seguridad, cuestión que no seria tan difícil, sino que bastaría con sentencias condenatorias de unos 16 años, para que, dado su ancianidad y decrepitud, perezcan en una pequeña y fría celda del penal del Altiplano, lo cuál sentaría un precedente para que, al menos, los gobernadores siguientes en todo el país, se piensen más de una vez en convertirse de servidores públicos (que es a lo que fueron electos) en unos socios y cómplices en crímenes de la más baja ralea.

El pueblo de México, espera, pues, con sumo interés que así terminen esos dos tan vergonzantes casos.