La reforma judicial se ha aprobado en el Senado de la República aún con la desfachatez de senadoras y senadores que insultaron su propia investidura con la falta de respeto a la tribuna, como Lilly Téllez, que al exigir su nombre correcto y completo insultó en varias ocasiones al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña.
Las misteriosas protestas de la oposición que reventaron la sesión en la que se discutía el dictamen demostraron que de 30 años observando a su adversario más grande, acompañado de un movimiento consistente que ahora es gobierno, no aprendieron nada. Militantes, hijas e hijos de conocidos políticos del PRI y del PAN junto con sus asesores de nómina y jóvenes con cargos en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez utilizaron la violencia hicieron uso de la violencia, en nombre del Poder Judicial que supuestamente, trabajan para la misión de construir la paz a través de la administración de justicia.
Si algo nos ha enseñado el liderazgo obradorista es que la democracia joven y el pueblo mexicano por fin superó las etapas de transiciones políticas bélicas. Su gobierno logró consolidarse a través del activismo por la vía pacífica, con una contundencia en las ideas que, en algunos casos, han sido fulminantes y radicales, como esta reforma.
La violencia dentro del Senado desacredita una causa legítima a cambio de unos minutos frenéticos de mal protagonismo que perseguirá a los participantes por el resto de sus carreras políticas, pues ahora queda muy claro en video y fotografías que quienes rompieron puertas y dañaron a otros seres humanos, como personal de resguardo, asesores y hasta al senador presidenciable Donaldo Colosio, fueron aquellos que militan en partidos buscando espacios y no trabajadores defendiendo un poder constitucional o apelando a sus derechos laborales.
Seamos realistas: acceder al recinto senatorial implica un estricto control que previamente, autoriza la Mesa Directiva a solicitud de alguno de sus miembros. El área de resguardo solicita los nombres y motivo de ingreso, siendo celosos en número y causa de labores. Ingresar como visitante implica también la entrega de identificaciones oficiales al momento de acceso, fotografías y registros estrictos como un código QR que se genera al entregar datos personales. Quienes agredieron, golpearon y rociaron con gasolina fueron personas plenamente identificadas y al poder que palidece, profundamente relacionadas. No son iguales al personal de la Corte que antes de entrar en paro, desde el silencio con la mirada franca pero condenatoria, utilizaron la fuerza de las ideas en sus pancartas, colocándose a lo largo de pasillos y escaleras.
Quienes agredieron fueron jóvenes con bastante privilegio que seguramente no tendrán que enfrentar consecuencias por sus actos. El hecho es que con la aprobación que guarda la mancha de los Yunes y de las estrategias de control a otros senadores, nace una reformulación del México independiente que hace 200 años nació consumada la Independencia de México, después de que el 28 septiembre de 1821 se proclamó el Acta de Independencia Mexicana en la que se reiteraron los principios asentados en el Plan de Iguala así como en los Tratados de Córdoba. Septiembre es tan simbólico que nos obliga a retornar a ese momento en que, consumada la Independencia de México, fueron sentadas las bases de la Constitución de 1824.
Este fue el primer documento jurídico y político del pueblo, logrado por la vía de la insurrección que finalmente estableció el sistema político federal de México que entró en vigor el 4 de octubre de 1824. Esta Constitución declaró la independencia de México como país, que años después sería símbolo para una independencia de la Iglesia de la mano de Benito Juárez también, pero que para aquel entonces establecía la religión católica como la única religión oficial de México.
Así, con el nacimiento de un Estado Mexicano constituido como una república representativa, popular y federal, el país sería gobernado por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ahí se asentó que cada Estado de la república debía elaborar su propia constitución, mandato que hasta apenas en 2017 logró materializarse con la Constitución de la Ciudad de México. Aquellos fueron los fundamentos básicos de la soberanía nacional. La Constitución de 1824 se basó en la Constitución de Cádiz, la de Apatzingán, la Carta Magna de los Estados Unidos de América y el Plan de Iguala.
Así, como ha demostrado ser la historia y la política, los vaivenes no se construyen únicamente a modo de forma pendular, sino que más bien, se trata de una espiral ascendente en la que hoy México se coloca en una apuesta que podría ser un ejemplo para el mundo o podría aniquilar la relativa paz comunitaria. En esta espiral, después de la independencia y la revolución mexicana con sus respectivas constituciones, la de 1824 y 1917, con todo y sus vaivenes como la abolición de la Constitución de 1824 dos veces, en 1836 y en 1844, reinstaurada varias veces y eventualmente fue sustituida por la Constitución de 1857, nos encontramos en este momento histórico en que, por primera vez del México moderno, una transición sistémica no es precedida por la vía armada. Este transitar pacífico que no paralizó al país en una guerra civil no deja de ser tan potente en la historia como aquellos episodios.
El 5 de febrero de 2017, la máxima ley de nuestro país cumplió 100 años y como es nuestra espiral ascendente, cumplido el centenario fue escrito el cambio de régimen con el triunfo obradorista que, aunque no haya convocado a un nuevo congreso constituyente como también habría deseado don Gerardo Fernández Noroña, hoy abre un capítulo de nueva Constitución, con nueva regla de pesos y contrapesos en una nueva República. Una República más pueblo que nunca, hasta donde eso tenga consecuencias.
Es un hecho que, en esta semana, antes del domingo inclusive, podrá conseguirse la aprobación en las legislaturas locales mínimas exigidas por la propia Constitución para reformas al texto fundacional de nuestra república soberana.
Tres oportunidades en la reforma que es:
- Legislación secundaria que incluya a sociedad civil organizada para establecer mecanismos eficientes en el Tribunal Disciplinario, brindando sanciones desde multas hasta destitución a juzgadores corruptos, machistas o violentadores.
- Incorporación organismos ciudadanos como observatorios de género e impunidad que permitan generar métricas realistas sobre el nuevo Poder Judicial.
- Despolitización del Tribunal Disciplinario con la incorporación de las universidades. Si es que los juzgadores podrán ser egresados de Derecho con promedio mínimo de 8 que mantengan 5 años de ejercicio, deben sus errores poder ser indicados y sancionados por sus propios ex profesores. Ni la UNAM ni otras universidades son enemigas, por el contrario, hoy más que nunca deben ser consideradas para instrumentalizar un cambio de paradigma que cuide los procesos judiciales con la máxima de no afectar a los usuarios de la justicia.
Me niego a pensar que la República ha muerto. Está más viva que nunca. Y aunque pudiera advertirse un retroceso desde la teoría o la operatividad de un poder judicial rancio, el simple hecho del contento popular tendría que ser un motor para que juristas y abogacía haga funcionar este cambio pues en democracia, no son nuestras convicciones personalísimas las que puedan imponerse desde algún tipo de superioridad intelectual, sino aquella voluntad popular harta. Toca hacer que funcione y eventualmente, si es que se confirman los fatídicos augurios de la abogacía, recomponer desde un espacio legítimo. Por el momento, lejos de la simplona “resistencia” inaugurada por Claudio X. González, las y los trabajadores del Poder Judicial podrían encontrar en esta reforma una oportunidad para que no sea el dedazo de sus jefes y el privilegio de la sangre de sus compañeros la que elija su ascenso.
Si es que alguien pudiera recibir los honores que da la patria a quien es congruente, ella es la ministra Margarita Ríos-Farjat, que al encontrar amenazada su propia dignidad personal, advierte una disposición a renunciar a cualquier haber de retiro que por derecho pudiera corresponderle. La dignidad no tiene precio. Afortunadamente, la dignidad tiene memoria. Desafortunadamente, los escarmientos no se viven en cabeza ajena y podríamos estar ante una rotación de clase protegida por el poder judicial, no así ante un Poder Judicial que deje de proteger a una clase.