Primer acto – la comodidad de la rentabilidad
Durante más de dos décadas, el sector financiero mexicano vivió su época dorada.
- Altas tasas de rentabilidad impulsadas por un crédito al consumo con tasas que superaban fácilmente el 70% anual en tarjetas bancarias, mientras en productos no bancarios y microcréditos personales se rebasaba el 120% e incluso el 150% anual, según datos de la Condusef.
- Comisiones e ingresos por servicios que representaban el 35% de los ingresos netos de los bancos, casi el doble de lo observado en economías desarrolladas.
- Baja competencia en sectores productivos y una fuerte preferencia por financiar consumo inmediato, no inversión.
- Y un entorno político donde los reguladores –CNBV, SHCP y Condusef– preferían supervisar con cautela y no incomodar a los grandes jugadores.
En ese ecosistema surgió un mito muy rentable: el microcrédito como palanca de emprendimiento. Pero en la práctica, el microcrédito mexicano se convirtió en un mecanismo de consumo de sobrevivencia: préstamos de corto plazo que no financian microempresas, sino que perpetúan la precariedad con tasas de interés que en cualquier otra jurisdicción serían considerados usura.
Mientras tanto, la narrativa oficial vende la idea de inclusión financiera y progreso.
Segundo acto – el efecto sorpresa del Tesoro
La aparente calma terminó cuando el Tesoro de EE. UU., a través de FinCEN, colocó en la lista de vigilancia a CIBanco, Intercam y Vector por presunta exposición a operaciones de lavado de dinero.
En cuestión de días:
- Corresponsalías internacionales cancelaron relaciones.
- Visa suspendió y Mastercard puso en observación las operaciones transfronterizas.
- Notarios y clientes corporativos paralizaron operaciones fiduciarias.
- Las agencias calificadoras retiraron evaluaciones de riesgo.
Mientras tanto, los reguladores mexicanos reaccionaron con acciones defensivas y una narrativa repetida: “Todo está bajo control.”
Pero los antecedentes son reveladores:
- Según datos del IPAB, el proceso de liquidación de Banco Ahorro Famsa costó más de 12,000 millones de pesos.
- Accendo Banco implicó garantías y apoyos extraordinarios por más de 3,000 millones de pesos.
- Ahora, se teme que la eventual liquidación o rescate de otras instituciones rebase esos montos, presionando el balance del IPAB y requiriendo líneas de crédito que en última instancia saldrán de recursos fiscales.
Cada día que pasa, el valor intangible de confianza se deteriora, mientras la narrativa oficial de “tranquilidad” es incapaz de revertir el daño reputacional.
Tercer acto – el traspaso forzado y la crisis de confianza
Ante la presión internacional y la inminente aplicación de restricciones en EE. UU., el gobierno mexicano optó por trasladar miles de fideicomisos y operaciones de administración patrimonial a la banca de desarrollo Nacional Financiera (Nafin).
Esto implica dos paradojas:
- Un sistema financiero que durante años privatizó las ganancias ahora socializa las pérdidas con recursos públicos.
- Una banca de desarrollo que carece de experiencia operativa masiva en estos instrumentos ahora funge como receptor de activos contaminados.
Mientras tanto:
- Los notarios advierten riesgos graves de nulidad de actos y operaciones en incertidumbre jurídica.
- Visa, Mastercard y otros proveedores mantienen alertas activas.
- Los clientes siguen sin saber con claridad qué pasará con sus recursos.
- Y los supervisores que permitieron este escenario continúan sin consecuencias, igual que en Ficrea, Famsa y Accendo.
Visto desde fuera, México muestra un sistema financiero que privilegió la rentabilidad y la complacencia por encima de la vigilancia técnica. Visto desde dentro, persiste el discurso oficial de que “todo está bajo control,” mientras el reloj sigue corriendo hacia la fecha límite de confianza internacional.
Epílogo – la obra de teatro financiero
Así se representa esta tragicomedia de tres actos:
- La época dorada de la rentabilidad fácil y el crédito de sobrevivencia con narrativa de emprendimiento.
- El efecto sorpresa de un Tesoro extranjero que hizo en días lo que los supervisores locales no hicieron en años.
- La improvisación del Estado que ahora transfiere operaciones y riesgos a la banca pública sin un plan claro.
La moraleja es tan evidente como incómoda:
Un sistema que perpetúa la complacencia y la simulación acaba enfrentando su propia factura moral, financiera y reputacional.
Y como siempre, esa factura termina por pagarse con recursos de todos.
Fin de la obra.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR | PROMETEO
Banquero a nivel directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx