El desempleo, la desintegración familiar, las enfermedades mentales, la crisis migratoria, la extrema pobreza, las adicciones y la desigualdad social pueden provocar la mendicidad y la “mendicidad forzada” en las calles de México y del mundo, una dolorosa realidad que sigue latente en el mundo contemporáneo.
Estoy segura que los grandes pensadores de la época antigua no darían crédito de los acontecimientos tan catastróficos; la trata de personas y las masacres que se siguen suscitando en pleno siglo XXI.
La mendicidad en las calles del mundo es un fenómeno social que refleja desigualdad, pobreza extrema, exclusión y falta de acceso a derechos básicos como vivienda, salud, educación y empleo. Es un problema estructural ligado a la marginación.
La desigualdad social es una pandemia que ningún gobernante ha logrado erradicar, es una problemática que se encuentra enraizada desde hace siglos.
La mendicidad no es un delito, pero en algunos países existen ordenanzas que la sancionan, lo que criminaliza la pobreza. Las y los activistas y, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional, hemos dejado en claro que la mendicidad vulnera derechos fundamentales.
El gran reto para los gobiernos de las naciones es abordar la causa de fondo, además de garantizar el acceso a vivienda digna, empleo, seguridad social y servicios de salud.
En Finlandia existe el modelo “Housing First”, que ofrece vivienda inmediata y estable antes que exigir rehabilitación; en Brasil hay programas de transferencia condicionada como Bolsa Familia que redujeron la necesidad de mendicidad infantil; en México también hay apoyo a personas en situación de calle, aunque con limitaciones y falta de continuidad.
La mendicidad en las calles del mundo es el rostro visible de la exclusión social y su solución no pasa por sanciones, sino por políticas integrales de derechos humanos que ataquen la raíz: pobreza, desigualdad y falta de protección social.
La desintegración familiar puede provocar que la gente se vea obligada a vivir en las calles, que las niñas y los niños no encuentren la salida y necesiten huir de sus casas en busca de ayuda.
Tampoco hay que olvidar que la “mendicidad forzada” puede estar asociada con la trata de personas, el abuso sexual, secuestro y, definitivamente, con la violación a los derechos humanos de las víctimas.
Necesitamos políticas públicas integrales, intersectoriales y con enfoque de derechos humanos y de interés superior de la niñez: reducción de la pobreza familiar, educación de calidad, servicios de salud gratuitos, atención psicológica y vivienda digna.
En definitiva, se debe realizar un trabajo multidisciplinario entre los gobiernos y las sociedades para elaborar programas que ayuden a salir de la problemática a las personas que se encuentran en situación de calle y en la mendicidad forzada.
La explotación mundial de seres humanos afecta prácticamente a todos los países, “ya sea como punto de origen, tránsito o destino, y se ha informado de que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países”, (Unodc).