5 de agosto de 2021 | 22:30
Opinión

Oposición y la ASF

David Colmenares ya entregó a la Cámara de Diputados el tercer paquete de los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019.
ASF.
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Un tema trascendental en la próxima Legislatura es saber cómo actuarán los partidos de oposición respecto a los resultados de las auditorías a la Cuenta Pública.

La función principal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la fiscalización de la Cuenta Pública, en su carácter de órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos, los estados y municipios.

El titular del órgano para el periodo 2018-2026 es el oaxaqueño David Rogelio Colmenares Páramo. La pregunta es ¿la aplanadora de Morena buscará cambiarlo y poner alguien a modo o de plano, intentarán desaparecerla para que la Función Pública sea la instancia que determine quién cometió irregularidades?

Lo que hasta el momento hemos visto es que la titular de esa Secretaría actúa como juez y parte y perdona actos de corrupción en casos como los de Bartlett, Sandoval, Ana Gabriela Guevara y Rocío Nahle.

Las irregularidades

El Auditor de la Federación, David Colmenares ya entregó a la Cámara de Diputados el tercer paquete de los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, el primer año del gobierno de AMLO, encontrando irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF en 14 dependencias federales no fue posible aclarar o recuperar el gasto de 8 mil 187 millones de pesos durante 2019, siendo las secretarías de Bienestar, Cultura y Salud las que mayores cantidades tienen por resarcir.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aplicó tres auditorías a Jóvenes Construyendo el Futuro con las que se detectaron irregularidades en el diseño, operación y resultados del programa y evidenciaron el otorgamiento de becas a Servidores de la Nación, centros de trabajo “fantasma” y bases de datos poco confiables que repercutieron en el padrón de beneficiarios, “irregularidades” que seguramente funcionaron muy bien en el proceso electoral.

También se encontraron anomalías en la SEP, en el Tren Maya y en CFE, donde se presentan niveles de rentabilidad insuficientes y deficiencias de gobernanza para alcanzar sus objetivos.

Uno de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que más polémica causó, porque puso en evidencia al compañero presidente, fue la cancelación del NAIM. Agustín Caso Raphael, auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), declaró ante la Cámara de Diputados que no hubo errores en la auditoría de costos financieros estimados de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco en donde se señaló que la decisión costó 232% más de lo previsto.

De hecho, el resultado de la Auditoria sacó la vena autoritaria de AMLO y culpó a la Auditoría de ceder a intereses políticos, por lo que ordenó una investigación al respecto, principalmente contra David Colmenares. Dos meses después la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue obligada a rectificar y finalmente corrigió sus cifras por cerca de 218 mil millones de pesos ya que, según su último reporte, la cancelación del NAICM costó 113 mil millones de pesos.

Sin argumentos

AMLO empieza a quedarse sin argumentos sobre los aspectos de fiscalización y auditorías a su gestión, ante los datos demoledores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo que se buscó afectar intencionalmente al gobierno federal, el mismo argumento utilizó ahora respecto a la auditoria que se realiza para determinar qué sucedió con el colapso de la Línea 12 del Metro, en su mañanera señaló que los reportes y publicaciones solo buscan afectar su gobierno.

Mientras se victimiza saca su perfil autoritario para amedrentar a todo aquel que se le oponga o lo cuestione y más si exhibe anomalías, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En ese ir y venir de contradicciones, viene otro asunto que le cae a AMLO como anillo al dedo para presionar y alinear a sus adversarios o para ganar mayorías a partir del chantaje.

Hay dos líderes de partido que se encuentran con la espada de Damocles pendiendo sobre su cuello por irregularidades en sus gestiones como gobernadores. El de Campeche, Alejandro Moreno “Alito”, quien arrastra 3 mil 852 millones de pesos no aclarados de su administración.

El segundo es el ahijado de AMLO, Manuel Velasco a quien el SAT investiga por realizar presuntas operaciones simuladas por 500 millones de pesos.

Esto no es casual, resulta, como lo sugirió el compañero presidente, que estos dos partidos serán la punta de lanza para alcanzar las dos terceras partes que requiere para sus reformas Constitucionales.

¿Serán obligados por el chantaje y el poder del Estado? ¿Qué pasará con la oposición? ¿Apoyarán la labor de la ASF o bajarán la cabeza y permitirán que Morena, por instrucciones de AMLO nulifique a la ASF para seguir utilizando el presupuesto a sus anchas?

Hasta ahora el PRD ha sido el más firme y ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar “ahorros” en sector salud, revisar el proceso de adquisición de medicamentos en 2019, 2020 y 2021 y, en su caso, iniciar los procedimientos por las muertes que el desabasto ha generado.

La bancada del PRD presentó además un punto de acuerdo para exhortar que se revisen, auditen y hagan públicos todos los programas del Gobierno Federal, incluyendo ayudas y subsidios en los cuales aparezcan como beneficiarios ascendientes y descendientes directos y colaterales hasta el cuarto grado del presidente de la República.

El reto para la oposición en la Cámara baja será defender la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y exigir que los resultados de las auditorías se respeten, muy a pesar de que AMLO presione como acostumbra, con toda la fuerza del Estado.