El gobierno de Donald Trump ha fijado en el centro de su política los empleos para los estadounidenses, sus actos están encaminados a demostrar que hará cualquier cosa por preservar, aumentar y mejorar la mano de obra local. Los asalariados son el eje fundamental del capitalismo, sin ellos no hay consumo y la economía no avanza.
De esta forma hemos visto una política migratoria agresiva, un aumento en el costo de las visas de trabajo, aranceles a las industrias que desplazan a los trabajos norteamericanos como la industria automotriz, pero esto no solo abarca la manufactura, está llegando incluso a industrias como la del entretenimiento, pues acaba de imponer aranceles al cine extranjero. El abanico es amplio y no sabemos si realmente logra el efecto deseado, pero no quita el dedo del renglón sobre el tema laboral y el empleo interno.
Estamos ante la segunda parte del gobierno de Trump con esta política, en su primer mandato impuso un anexo laboral en el T-MEC para que los empleos en México fueran competitivos y dejaran de hacer dumping laboral, en que las empresas vinieran a instalarse a nuestro país por tener salarios de miseria; en el 2011 el salario mínimo estaba en $59.82, hoy ha crecido 300 por ciento.
Como ya hemos explicado, en la primera negociación del T-MEC se apostaba a la organización sindical para mejorar las condiciones laborales, esa era su hipótesis, por lo que obligaba a respetar la libertad sindical, pero esto no sucedió, se toparon con el enorme dinosaurio laboral que implica a una clase patronal represora, sindicatos charros golpeadores y una autoridad comparsa de un sistema anacrónico sindical. Al final, setenta años de corporativismo obrero no se borran tan fácil. Fracasó totalmente el anexo 23-A del T-MEC, se perdió una oportunidad histórica, la culpa no fue el modelo, sino su implementación, que se dejó en manos de un grupo laboral que cambió todo para seguir igual. Lo malo es que siguen al frente.
Parece que la apuesta será más agresiva en esta ocasión, el informe del departamento de Estado de Estados Unidos publicado hace unas semanas, incluye una aguda crítica a la situación laboral actual, va dando idea de los caminos que podrá tomar esta negociación. El punto es muy claro, la debilidad laboral está en el cumplimiento de la ley, nadie respeta los derechos laborales en nuestro país: se sigue utilizando la subcontratación de manera indiscriminada, no se otorgan las vacaciones y prestaciones como deben ser, no se pagan utilidades, las NOMS laborales son de adorno, todos saben que cada nueva reforma como la ley silla será letra muerta, la inspección laboral a nivel federal es mínima tirando a nula y a nivel local es inexistente.
No es casualidad que en un intento por tapar ese enorme hueco la Secretaría del Trabajo Federal haya sacado en estos días el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), como medio para recabar quejas laborales; pero desmantelaron en el sexenio pasado la inspección laboral, corrieron a muchos inspectores y, el actual secretario del trabajo ha participado en este desastre en los últimos siete años, nadie asume que esto realmente sea una decisión de estado por cambiar la situación laboral del país. Difícilmente, Estados Unidos se tragará esta ocurrencia como una verdadera acción para mejorar la situación actual.
El dinosaurio sigue allí, cámaras industriales y despachos patronales especializados en asesorar en cómo violar la ley, líderes charros que controlan el 97% de los contratos colectivos de trabajo, una industria floreciente de subcontratación que abarca 5 millones de empleos (la cuarta parte del trabajo formal), autoridades ramplonas, amalgamadas a los intereses patronales.
Nadie había visto jamás un anexo laboral como el del T-MEC del primer mandato de Trump. Los dados están lanzados. En esta ocasión vendrán imposiciones más agresivas, esperemos que realmente logre cambiar la realidad laboral que viven millones de trabajadores mexicanos, a donde la ley es que no haya ley.
Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM.
Nota: Cuando salió una reforma a la Ley de víctimas en donde se tipifica como delito el tiempo extra, puso a temblar a los patrones, por primera vez los vimos corriendo desesperados pues los iban a meter a la cárcel por hacer lo que siempre han hecho, al final se aclaró que no era aplicable y se volvió a la normalidad: seguir violando el tiempo extra sin que nada pase. Este puede ser uno de los caminos que veremos pronto, tipificar la violación de derechos laborales con delitos penales, solo así van a entender.