En días pasados empecé a ver La rosa blanca, la película de Roberto Gavaldón que estuvo censurada durante años en México. Volver a ella en marzo, después de la conmemoración de la Expropiación Petrolera y del natalicio de Benito Juárez, no remite solo al pasado. El petróleo sigue pesando en México. Pesa en la historia, en la energía, en las finanzas públicas y en la discusión de fondo sobre qué tanto puede un país dejar al mercado y qué tanto debe resguardar como asunto de soberanía.
La historia gira, en el fondo, alrededor de una codicia conocida: la de petroleros extranjeros que miran la tierra no como arraigo, comunidad o herencia, sino como mercancía. Hay una escena suficiente para entenderlo. Primero se elogia la belleza del lugar. Después aparece una montaña de oro. Vacas, carro nuevo, una vida más holgada, promesas de progreso. Más que la cantidad, importa el gesto. No se está discutiendo solo un precio. Se está intentando traducir a dinero algo que hasta entonces pertenecía a otro orden.
Esa escena impacta porque deja ver una operación muy vieja: llamar progreso a lo que en el fondo es despojo. No está mal querer vivir mejor. Lo que está mal es dejar que el mercado decida qué vale y qué no. En ese punto, la pregunta deja de ser qué debe preservarse y pasa a ser solo cuánto cuesta, cuánto rinde y quién paga más.
Por eso el petróleo ocupó y sigue ocupando un lugar singular en la historia mexicana. No porque haya que idealizarlo ni porque debamos olvidar sus abusos, sus costos ambientales o sus deudas territoriales. Mucho menos porque el país deba vivir anclado a una nostalgia petrolera. El petróleo importó tanto —e importa todavía— porque hubo un momento en que México entendió algo elemental: que ciertos recursos no podían quedar enteramente entregados al apetito del mercado o al mando ajeno. La Expropiación Petrolera fue también eso: una decisión para poner límite. Para afirmar que la base material de la nación no podía tratarse como un negocio de otros.
Algo parecido sigue diciendo Juárez cuando se le saca del bronce. Más allá del ritual cívico, su lección de fondo sigue vigente: la República existe cuando la ley vale más que los privilegios. No es casual que marzo junte estas dos memorias. En una aparece la defensa del interés nacional frente a poderes económicos que se creían por encima del país; en la otra, la convicción de que el Estado solo merece ese nombre cuando impone reglas comunes frente a la excepción convertida en costumbre.
Y, sin embargo, esa discusión no pertenece solo al pasado. Ayer, al hablar del agua, el gobierno volvió a tocar ese mismo nervio: qué ocurre cuando un bien que sostiene la vida deja de entenderse como derecho y empieza a manejarse como privilegio o como negocio. Podrá cambiar el sector o el discurso, pero el mecanismo es básicamente el mismo. Primero lo dejan pasar. Luego le ponen nombre técnico. Y al final te lo venden como eficiencia.
Por eso, la discusión de nuestro tiempo no puede ser simplemente si estamos a favor o en contra de la modernidad. Eso se queda corto. La pregunta de fondo es otra: qué modernidad y para quién. No hay modernidad que aguante si descuidas aquello que sostiene la vida. Ningún país se sostiene solo con promesas tecnológicas o discursos sobre innovación si debilita el control sobre su agua, su energía, su tierra y sus condiciones materiales de existencia. La técnica importa, sí. Pero sin rumbo público puede terminar maquillando de novedad las mismas formas de despojo de siempre.
México es mucho más que su petróleo. Es sus pueblos, sus lenguas, sus regiones, sus cocinas y sus memorias compartidas. Pero también es un país que, en algunos de sus momentos más lúcidos, entendió que la soberanía no se defiende solo con símbolos. También se defiende en aquello que se decide no entregar por completo al precio. Ahí sigue latiendo una parte menos celebrada de nuestra grandeza.
Andrés Manuel López Obrador llamó a eso neoporfirismo. La palabra sigue siendo útil porque nombra con precisión una vieja operación: presentar como progreso lo que en realidad es despojo. Y entonces lo que está en juego no es solo un recurso. Es la patria, entendida no como consigna, sino como aquello que una generación decide no entregar por completo al lucro.