La depredación del país durante el neoliberalismo alcanzó dimensiones tan destructivas que, incluso, casi toda la agenda nacional —reconfigurada en el primer gobierno de la Cuarta Transformación— adoptó un carácter de urgencia y prioridad. Mientras que en administraciones pasadas la ciencia, la innovación y la tecnología fueron agendas de élites, caracterizadas por el dispendio, la simulación y hasta la banalización, la corrupción y el saqueo, en 2018 México dio un golpe de timón a las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación (HCTI). El sector se transformó de raíz a favor de la soberanía nacional y del bienestar del pueblo de México.
Las palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron guía y principio rector para el sistema nacional de HCTI: “ciencia para beneficiar a la humanidad y no una humanidad al servicio de la ciencia”. Por ello, cuando en 2018 llegamos a un Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) sin la “H” de humanidades y encontramos una institución dispendiosa, ineficiente, ineficaz y cooptada por intereses creados, fue necesario emprender un plan de trabajo sólido para una transformación real y no meramente cosmética. Esto fue lo que se logró en seis años.
El desafío fue mayúsculo: desarticular lo que López Obrador había definido, con amplia razón, como “la mafia de la ciencia”, y al mismo tiempo orientar todos los esfuerzos de investigación en HCTI hacia avances científicos y tecnológicos soberanos, capaces de incidir en la resolución de problemáticas nacionales concretas que, por su importancia y gravedad, requerían atención urgente y soluciones integrales. Así surgieron los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt, popularmente conocidos como Pronaces, algunos de ellos con énfasis en retos tecnológicos específicos y con prioridades fijadas por el propio presidente López Obrador.
El objetivo de la transformación se complejizó cuando descubrimos el arraigo y la normalización de triquiñuelas institucionales y estructurales que permitían, por ejemplo, transferencias millonarias de recursos del pueblo de México a intereses privados, a través de fideicomisos o de programas presupuestales como el PEI (Programa de Estímulos a la Innovación). Colocar la “H” de las humanidades por delante y hablar en plural de las ciencias y las tecnologías, con un enfoque de pluralidad epistémica y respeto a nuestros saberes tradicionales y vernáculos, no fue un gesto cosmético. Implicó desarrollar un enfoque que trascendiera a la academia para tomar con seriedad a los sectores productivo, social y público. Tampoco fue fácil, pues supuso una batalla contra las mentiras de grupos privilegiados que durante años habían tejido fuertes lazos de complicidad con los medios de comunicación bajo la articulación del Conacyt neoliberal.
Se transformó de raíz al Conacyt, especialmente su estructura y los instrumentos administrativos y de distribución de los recursos. Basta un ejemplo: en administraciones pasadas, la mitad de cada peso del presupuesto del Conacyt se destinaba al sector privado, incluidas las becas que debían ser —y ahora lo son— para la manutención de las y los futuros investigadores, y no para pagar onerosas colegiaturas y cuotas en instituciones que veían a la educación como un negocio redondo, y no como un derecho, tal como lo mandata nuestra Constitución.
Los privilegios de la élite academicista se terminaron. El dinero público destinado a la ciencia se invirtió en investigación científica a favor del pueblo y se fortaleció, como nunca antes, el derecho humano a la ciencia, que quedó establecido en la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), mandatada por López Obrador.
El logro de esta Ley General no es menor. Antes de su aprobación en 2023, México contaba con un andamiaje jurídico permisivo para la corrupción en el sector HCTI. Existía una Ley de Ciencia aprobada en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, que favoreció transferencias millonarias a intereses privados, como las que documentamos durante mi paso por el Consejo: más de 44 mil millones de pesos se transfirieron, de manera directa o indirecta, a privados —tristemente, en ocasiones, con universidades públicas como intermediarias— durante los sexenios de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los 91 fideicomisos, que el presidente mandató extinguir, servían para estas transferencias opacas.
¿Y con ello aumentó la innovación en México? ¿Esa innovación impactó en el bienestar y la soberanía del país? Las respuestas son contundentes: no. Durante esos años, especialmente en el último sexenio neoliberal, los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mostraron que los resultados en innovación, lejos de aumentar, disminuyeron. El gasto creció de forma exponencial, pero los resultados fueron a la baja.
El cambio debía ser estructural. Por ello, fue necesario construir una propuesta de Ley General en materia de HCTI, cuyo seguimiento personal realizó el entonces presidente López Obrador, bajo una discusión exhaustiva hasta quedar convencido de su contenido, su rigor técnico-jurídico y, sobre todo, de la garantía de consenso lograda en las universidades. Esta propuesta convocó y fue discutida con cerca de 100 mil entidades y personas, en un ejercicio amplio y plural donde todas las voces fueron escuchadas.
La Ley General en materia de HCTI se formuló en torno a un concepto esencial: el derecho humano a la ciencia, incorporado a la Constitución mediante su inclusión en el artículo tercero, a partir del trabajo legislativo iniciado en 2019. Al reconocer este derecho, el Estado se compromete a garantizar que el quehacer en HCTI favorezca el bienestar y la soberanía, pues la ciencia se concibe como una actividad cuyos beneficios deben ser disfrutados por todas y todos los mexicanos, ya que habilita el resto de los derechos humanos, individuales y colectivos, de esta y de futuras generaciones.
Esta Ley General, a diferencia del marco jurídico anterior, no permite fideicomisos. Lo que sí permite es una política científica de largo plazo. Comprende los problemas nacionales y establece mecanismos para contribuir a su resolución desde la investigación. Desde su artículo 12 contempla la creación de una Agenda Nacional, pues la investigación científico-humanística no debe limitarse a seguir modas extranjeras. Si bien la colaboración internacional es necesaria, no puede dictar nuestra agenda: cada país enfrenta necesidades propias y, para forjar soberanía nacional, es imprescindible un desarrollo científico soberano.
El marco normativo actual establece líneas de acción en torno a asuntos estratégicos y prioritarios para el desarrollo nacional y el interés público, así como temas de atención indispensable en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
Un ejemplo claro de ello son los resultados y avances logrados con los Pronaces, estructurados en diez agendas: Agua; Seguridad Humana; Salud; Soberanía Alimentaria; Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes; Energía y Cambio Climático; Educación; Vivienda; Sistemas Socioecológicos; y Cultura. Estas agendas no son limitantes; por el contrario, pueden ampliarse dentro del marco establecido por la Ley General.
Estas agendas guiaron el trabajo del Conahcyt y del gobierno para articular un programa estratégico nacional de corto, mediano y largo plazo. En el caso de la pandemia por COVID-19, por ejemplo, fue necesario construir casi desde cero las capacidades para generar vacunas como Patria, hoy con su desarrollo concluido y lista para ser utilizada. Actualmente existe una articulación de capacidades técnicas, humanas y de infraestructura para seguir construyendo una ciencia que salve vidas.
Lo mismo ocurrió con los ventiladores. Ante la alta demanda y la escasez global, México estableció una escuela de ventilación propia, que se consolidó con el diseño y desarrollo de Ehecatl 4T y Gätsi, dispositivos innovadores que permitieron atender la emergencia sanitaria, reducir la dependencia tecnológica del extranjero y salvar vidas.
Con estas fabricaciones soberanas se han atendido cerca de dos millones de horas-paciente en más de 90 hospitales públicos del país. Esto demuestra el trabajo conjunto con empresas honestas, dispuestas a colaborar por el bien nacional. Se establecieron modelos de colaboración con el sector privado que, con rectoría del Estado y siempre en beneficio del pueblo, agilizan soluciones a grandes problemas nacionales. Estos mecanismos quedaron asentados en la Ley General, que no excluye al sector privado.
Otro ejemplo es Taruk, el primer autobús eléctrico 100 % mexicano, cuya historia e impacto en el bien colectivo he abordado en una columna previa.
Cuando se promulgó la Ley de HCTI, ya se había demostrado esta capacidad habilitadora de derechos humanos, particularmente en salud y movilidad, pero también en agricultura, con el desarrollo de insumos para sustituir el glifosato —científicamente demostrado como cancerígeno— a través del Pronaces de Soberanía Alimentaria.
En fechas recientes, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer), durante su conferencia de prensa del 26 de enero, destacó el impacto positivo de las investigaciones realizadas en el marco del Pronaces de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, y llamó a que estos estudios sean guía para el saneamiento de sitios altamente contaminados que ponen en riesgo la vida comunitaria.
Como estos, existen muchos más resultados que merecen abordarse con detenimiento, como lo he hecho con los avances en leucemia linfoblástica aguda.
Los trabajos de los Pronaces circulan ya en libros y revistas académicas, de divulgación y especializadas, así como en materiales dirigidos al público en general. Pero, sobre todo, la incidencia social y ambiental del conocimiento generado en centenares de Proyectos de Investigación e Incidencia sigue latiendo en los territorios, sustentando acciones que claman justicia socioambiental.
Además, muchos de estos proyectos sembraron semillas que, de mantenerse su continuidad, pueden florecer en grandes beneficios para el pueblo de México. De ahí la importancia de preservar el marco que favorece la Ley de HCTI y de dar continuidad a los proyectos de los Pronaces que han dado resultados y pueden incidir de manera significativa.
Hoy México cuenta con una Ley General en materia de HCTI que no excluye a nadie y que establece con claridad que los apoyos e incentivos financiados con recursos públicos deben orientarse al interés general. Las empresas y universidades privadas interesadas en establecer convenios pueden hacerlo, siempre que confluyan con dicho interés público.
La Cuarta Transformación inició la ruptura con los paradigmas neoliberales. Hoy corresponde a quienes conducen el segundo piso de la transformación aplicar plenamente este marco legal —uno de los más avanzados del mundo— con compromiso científico, claridad epistemológica y profundidad filosófica, para fortalecer la soberanía científica y tecnológica, pilares de la soberanía nacional.