En 1976, cerca de un millón de mexicanos escribieron en la boleta el nombre de un candidato que ni siquiera estaba registrado: Valentín Campa. No era un personaje improvisado. Había sido dirigente del movimiento ferrocarrilero y preso político durante años. Que un dirigente con esa trayectoria obtuviera cerca de un millón de votos escritos a mano decía mucho sobre el momento político del país.
Aquellos votos representaban alrededor de cinco o seis por ciento de la votación nacional. Puede parecer poco visto desde hoy, pero en un país donde todavía una cuarta parte de la población adulta era analfabeta, escribir el nombre de un candidato en la boleta era en sí mismo un acto político.
Un año después vendría la reforma política de 1977. El sistema entendió entonces que la exclusión política no podía sostenerse indefinidamente y abrió espacios para que fuerzas que habían permanecido fuera de la vida institucional pudieran participar en ella.
Desde entonces las reglas electorales mexicanas han seguido cambiando. Cada reforma respondió a los dilemas de su propio momento: ampliar la representación, fortalecer la competencia, reducir desigualdades en la contienda o ajustar el funcionamiento de las instituciones electorales.
Hace unos días escribí aquí sobre el informe Oligarquía o democracia de Oxfam México, que advertía sobre un problema de fondo: cuando el poder económico se concentra demasiado, la igualdad política empieza a tensionarse. Esa discusión también atraviesa, de otra manera, el debate actual sobre las reglas electorales.
No es casual que esta conversación reaparezca ahora. Buena parte del movimiento político que hoy gobierna el país surgió precisamente de disputas sobre la calidad de la democracia mexicana. Durante años, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la democracia no podía limitarse a administrar reglas existentes, sino que debía abrirse constantemente a nuevas formas de participación y representación.
Pero la pregunta de hoy no es exactamente la misma que en 1977. Entonces el desafío era abrir el sistema político a fuerzas excluidas. Hoy la discusión también gira en torno a cómo ampliar la participación de la ciudadanía dentro de una democracia que ya existe, pero que sigue buscando profundizarse.
La iniciativa de reforma actual plantea ajustes en la distribución de escaños y en algunas reglas del funcionamiento electoral que muchos reducen a un debate técnico. Pero, como ha ocurrido otras veces en nuestra historia política, el fondo es una discusión sobre la evolución misma de la democracia.
Algo de eso se hizo evidente en la consulta popular sobre el juicio a expresidentes. Quienes participamos en su promoción vimos de cerca algunos límites del diseño institucional vigente: en teoría, la ciudadanía podía participar; en la práctica, las reglas de difusión eran tan restrictivas que informar sobre la propia consulta resultaba casi imposible. Se nos permitió el voto, pero se nos escatimó la palabra.
Las instituciones democráticas —como cualquier norma constitucional— no son piezas de museo. Nacen para responder a los conflictos de su tiempo y deben revisarse cuando la realidad social las rebasa.
Así ocurrió con la reforma política de 1977, que abrió el sistema para que nuevas fuerzas pudieran participar en la vida institucional. Casi medio siglo después, el país vuelve a discutir sus reglas electorales. No porque la democracia haya fracasado, sino porque toda democracia viva necesita revisarse y ampliarse con el tiempo.
Mirar este proceso con perspectiva histórica permite recordar algo que nuestra propia historia confirma una y otra vez: en México la democracia no ha avanzado por concesiones, sino por conquistas.