En medio de la ascensión fulgurante de Xóchitl Gálvez a los medios nacionales como potencial candidata de la alianza opositora a la Presidencia de la República, el presidente AMLO no ha escatimado recursos, personales y públicos, para lanzarse contra una senadora que legítimamente ha manifestado su intención de echar a Morena de Palacio Nacional.
El lunes pasado, luego de que AMLO acusó a Gálvez de ser conservadora y miembro de la oligarquía encabezada por Claudio X Gonzalez (no faltaron tampoco las debidas referencias a Hector Aguilar Camín y Enrique Krauze) y de haber mostrado cobardemente una fotografía burlona que hacía alusión a la familia indígena de la panista, el gobierno federal, a través de su cuenta oficial de Twitter, reprodujo las palabras de AMLO.
En otras palabras, el gobierno federal, de manos del presidente, léase, el jefe del Estado mexicano, utilizó impunemente recursos públicos para injuriar y denostar públicamente a una mujer de la oposición.
Se trata, pues de la más cobarde artimaña populista propia de los más tiránicos regímenes dictatoriales. Algo semejante, sin duda, a lo que han hecho los más ruines dictadores de la historia contemporánea: el Estado, abiertamente , al servicio de los intereses del presidente.
En adición, el artículo 134 de la Constitución lee, en su párrafo 8: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional… en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes…” Por tanto, se trata de un hecho que contravino la letra constitucional, misma que AMLO, el lector recordará, juró obedecer y respetar en el momento en que se convirtió el presidente de todos los mexicanos.
AMLO, como todo líder autoritario, utiliza mañosamente el discurso del respeto a la Constitución (como su reiterada exhortación a que los funcionarios reduzcan sus salarios) cuando mejor conviene a su narrativa, mientras que viola flagrantemente la Carta Magna cuando sus ínfulas populacheras dictan otra cosa.
El acto de AMLO y de la camarilla que le acompaña en su gesta hacia la disolución de la democracia electoral mexicana y hacia una elección de Estado en 202 debe ser denunciado en la opinión pública como inmoral, ilegítimo y violatorio de la Constitución.
Los mexicanos, en su conjunto, deben repudiar al unísono este episodio de bajeza política e ilegalidad constitucional que trasluce el talante autoritario de un presidente narcisista, que con sus palabras, chistes, muñequitos y el aparato del Estado, se empecina en encauzar a nuestro país hacia el colapso democrático.