Denise Maerker, de Televisa y Radio Fórmula, es una periodista muy inteligente. Ayer en la tarde, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación votara la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado, Denise realizó una excelente entrevista a la abogada constitucionalista Ana Laura Magaloni. Las oportunas preguntas de la periodista llevaron a la jurista a dejar las cosas perfectamente en claro. Sintetizo sus puntos de vista:

√ Se trató de un debate que dejó a la corte suprema muy fortalecida.

√ El presidente AMLO “no tiene capturados” a los ministros y a las ministras.

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√ Ministros y ministras votaron como personalmente consideraron que debían hacerlo.

√ Es decir, descartaron la inconstitucionalidad de la ley eléctrica de Andrés Manuel dos ministras que llegaron a la SCJN gracias a que el actual presidente las propuso —Yasmin Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf— y dos ministros propuestos por anteriores presidentes —Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena—.

√ Y consideraron inconstitucional ciertos aspectos de la ley eléctrica de López Obrador una ministra y un ministro que están en la corte suprema gracias a que les propuso el actual presidente —Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá— y lo mismo hicieron integrantes de la SCJN propuestos por otros presidentes —Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán—.

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√ A Magaloni le parece muy importante entender lo anterior “porque lo que viene para la corte es poder seguir mediando estos conflictos difíciles”.

√ ¿Cómo quedan las empresas privadas dedicadas a la energía? Cito la interpretación que la página de internet de Radio Fórmula dio a las palabras de Magaloni: “Las empresas de energía podrán promover amparos de manera individual, los cuales llegarían finalmente a la Suprema Corte de Justicia y ahí existe ya una mayoría para que sean otorgados”.

4 mil amparos

En efecto, eso le dijo Ana Laura Magaloni a la periodista Denise Maerker: Tales “amparos van a acabar tarde o temprano en la Suprema Corte y en alguna de las salas, y ya existen los votos, si tú ves cómo están los votos en la Corte, cómo se votarían esos temas, pues sí existen ya las mayorías para que en amparos lo ganes... Esas mayorías de siete protegen lo suficiente a las empresas para que puedan llegar a la Suprema Corte y ganar”.

Ahora cito lo que circuló ayer la consultora Integralia, de Luis Carlos Ugalde —uno de los operadores del fraude electoral de 2006—:

√ “La Suprema Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad por lo que la Ley entra en vigor”.

√ “La SCJN analizó la constitucionalidad de los artículos 3°, fracciones V, XII, XII bis y XIV, 4°, fracciones I y VI, 26,35, 53, 101 y 108, fracciones V y VI, adicionados o reformados de la Ley de la Industria Eléctrica”.

√ “Si bien ningún artículo logró los 8 votos necesarios, varios de ellos obtuvieron una mayoría de votos por la inconstitucionalidad, lo que sentará un precedente (si bien no obligatorio, sí orientador) para la resolución por parte de los jueces de los cerca de 4 mil amparos existentes. La mayoría de los ministros se pronunció en contra del cambio en el orden del despacho, la desaparición de las subastas y la implementación de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física”.

√ “Por no alcanzarse una declaratoria general de inconstitucionalidad, la ley entrará en vigor. Sin embargo, dado que hay procesos de amparo con suspensiones con efectos generales, la ley no puede aplicarse en este momento”.

√ “Los jueces deberán resolver caso por caso los amparos. En este sentido, es probable que tomen en consideración los argumentos de los siete ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad”.

√ “Si los amparos llegan a revisión, podrían llegar nuevamente a la corte, en donde el tema se resolvería por mayoría simple (+6)”.

¿Habla esa empresa consultora de 4 mil amparos? Sin duda son muchos —más que muchos: demasiados—.

La oportunidad para la 4T

La complejidad de lo que viene la diagnosticó rápidamente ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar: “Nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”.

Es decir, el problema no se ha resuelto e inclusive se ha complicado. Así son las cosas, muy difíciles, cuando impera el Estado de derecho. Y así deben ser.

¿Qué debe hacer la 4T? Lo que ya hace y llevarlo hasta las últimas consecuencias: considerar un triunfo del nuevo sistema político mexicano que la SCJN haya desestimado la acción de inconstitucionalidad de la ley eléctrica de AMLO, y así dejar las cosas, esto es, ya no insistir en la reforma que ahora mismo se debate en la Cámara de Diputados y que enfrenta dos problemas serios: (i) al parecer no cuenta con los votos que se necesitan para salir adelante y (ii) detonará numerosos litigios internacionales que complicarán las cosas en México.

Lo ocurrido ayer en la SCJN no es una victoria menor para la 4T y el presidente López Obrador. Y es que más allá de la ley eléctrica, quedó claro que al fin el poder judicial es autónomo en nuestro país, algo fundamental en una democracia.

Se equivocan quienes, como los analistas de la consultora de Luis Carlos Ugalde, dicen que lo ocurrido “pone en entredicho la autonomía de la corte, pues la votación sugiere que el gobierno tiene cuatro votos casi seguros a favor de los temas prioritarios de AMLO”.

Podría decirse eso si los cuatro votos de ayer “a favor de un tema prioritario de AMLO” hubiesen sido de ministros y ministras que llegaron a la corte suprema a propuesta de Andrés Manuel. No ocurrió así: dos personas que están en la SCJN gracias al actual presidente esta vez no lo apoyaron.

Si yo fuera Andrés Manuel, recogería las ganancias políticas, me olvidaría de una reforma que no parece viable, destinaría recursos para hacer de la Comisión Federal de Electricidad una empresa de vanguardia y empezaría negociaciones caso por caso para eliminar los abusos de las otras compañías eléctricas ligadas a políticos mañosos, desde luego castigando severamente a quien se deba castigar.