El próximo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones judiciales impulsadas por Morena y sus aliados. Alrededor de ello hay diversas opiniones. Quienes coinciden ideológicamente y apoyan todo lo que el oficialismo promueva e indique y por otra parte están quiénes no coinciden con el procedimiento y su ejecución, toda vez que hay un riesgo fundamentado en qué el proceso judicial no mejore con la reforma judicial.
Por otra parte este 8 de mayo inicia la Convención Bancaria. En la agenda se consideran diversos temas, pero no la reforma judicial, debiendo ser un tema clave, se opta por lo políticamente correcto y escuchar cómo la presidenta y su secretario de hacienda tocan el tema de bajar las tasas de interés. Por lo que se prevé será más un evento social sin profundizar en temas controversiales en la agenda.
La reforma judicial ya generó en estos días un desencuentro y diferencias entre el ex presidente Zedillo y la presidenta Sheinbaum con relación a la postura de ambos. El primero dando su opinión sobre la citada reforma y el efecto negativo que está tendrá para México. El disgusto de la segunda ha generado difusión en conferencia mañanera y medios públicos afines por el Fobaproa y otros asuntos en la administración del ex presidente Zedillo. A lo que esté reviro a hacer una auditoría independiente a las obras emblemáticas y a los apoyos que recibe el ex presidente López Obrador. Podemos estar en contra o a favor de una y otra postura y espero que haya continuidad del debate público con voces inteligentes de la vida pública y del sector privado. De eso se trata la democracia y más en el caso de la reforma judicial.
El entorno internacional también se vera afectado con la reforma judicial, no solo por las posiciones impulsivas de Mr. Trump, sino porque Asia, Europa, Centro y Sudamérica interactúan comercialmente con México. Si bien más del 80% es con los Estados Unidos, la diversificación progresiva comercial, requiere reglas claras y precisas en materia judicial.
La economía mexicana no está creciendo y eso se ratifica por diversos organismos internacionales y bancos de inversión. Con crecimiento menor al 1% o incluso negativo, para este año 2025 y eso sin aranceles, refleja que los anuncios de inversión en la mañanera no se traducen en registros económicos sólidos. El Plan México no termina de convencer y esto no es un club de Tobi con empresarios afines convocados por el oficalismo. Se necesita convencer a la mayoría de los empresarios, no solo a los machuchones afines, sino a los pymes y en cada región del país y para ello se requieren políticas públicas realizables y seguridad jurídica en la inversión privada.
En mi carácter de banquero y abogado de profesión y litigante activo, reflexionó lo siguiente. En especial en materias civil y mercantil, que involucran la mayor parte de la problemática del sector financiero y el patrimonio de empresas y personas.
Litigar con firmeza, profesionalismo y respeto por la legalidad se ha convertido en un acto de resistencia. En muchos tribunales locales y federales, las formas sustituyen al fondo, y la figura del juez que imparte justicia se ha transformado, lamentablemente, en la de un operador que administra plazos, evita decisiones, y parece incomodarse ante quien exige que se aplique la ley.
He sido testigo e incluso afectado de acuerdos judiciales que eluden responder lo solicitado, que “dan vista” como estrategia para evitar resolver, o que remiten oficios vacíos de contenido, aun cuando la solicitud sea clara, procedente y soportada con jurisprudencia. He visto cómo se devuelve un exhorto sin diligenciar, añadiendo requisitos no previstos por la ley y desvirtuando principios como la plenitud de jurisdicción. Y todo ello, con una normalidad escalofriante.
La arrogancia judicial no es nueva. Pero lo que resulta alarmante es su combinación con la negligencia. El juez que no resuelve, el secretario que interpreta sin base, y la oficialía que niega el acceso al expediente físico o digital, no solo entorpecen un proceso; vulneran derechos fundamentales como el de acceso a la justicia, la ejecución efectiva de las sentencias y el respeto al debido proceso.
Quienes litigamos desde el compromiso, la técnica y la ética, somos etiquetados como problemáticos. No porque faltemos al respeto, sino porque exigimos que el Estado cumpla su función. Lo que para nosotros es rigor jurídico, para algunos operadores del sistema es incomodidad. Prefieren al que consiente el abuso procesal, al que no apela, al que no reclama, al que espera con resignación que las cosas se “destraben solas”.
Y si esta es la realidad con un poder judicial aún integrado por perfiles formados en carrera judicial, lo que se perfila con la reforma constitucional impulsada por Morena podría agravarla: jueces electos por voto popular, sin méritos ni autonomía, sujetos a las pasiones del momento y al control del poder político. Si hoy ya cuesta trabajo que se resuelva conforme a derecho, imaginar cómo operará un sistema judicial politizado, improvisado y legitimado solo por mayorías, no solo genera alarma: genera desesperanza.
No se trata de atacar al poder judicial, sino de visibilizar una realidad que mina la confianza en la justicia: la omisión, el retraso sistemático, la falta de resoluciones de fondo. No es soberbia denunciarlo. Es dignidad profesional.
Seguiremos promoviendo, apelando, amparando y quejándonos cuando sea necesario. Porque el respeto por el litigio serio es una forma de exigirle al sistema que funcione para todos, no solo para quienes saben torcerlo.
El sector financiero requiere certeza en la recuperación de sus activos y hoy eso es hablar a muy largo plazo. Si se pretende bajar el costo financiero, es fundamental la certeza jurídica y reducir plazos de manera adecuada al riesgo involucrado.