Según se esperaba, el anuncio de los contenidos generales de la iniciativa de reforma electoral presidencial ha generado todavía más numerosas e interesantes reacciones y opiniones.
En perspectiva de Estado, en esencia lo que está en juego es el delicado balance entre democracia y gobernabilidad.
Esa relación se mueve en medio de la división formal y real de poderes, esto es clave tenerlo claro, en el contexto contemporáneo que con mucho excede la sola correlación entre partidos o coaliciones o poder ejecutivo y legislativo, en particular en el México de hoy.
En efecto, del lado de la democracia la participación electoral, en sentido estricto, y la participación política, en sentido amplio, exigen que el sistema de sujetos electorales directos (ciudadanía, partidos políticos y autoridades electorales), e indirectos (gobiernos, medios, organizaciones civiles, etcétera), concurran a la formación y traslado de la voluntad libre y auténtica vía representantes o de manera directa a la política jurídica y políticas públicas.
Eso está más que garantizado en la propuesta conocida hasta ahora, incluidos mecanismos locales de democracia directa y uso de tecnología digital, lo que no significa que la estructura y funcionamiento de los poderes e instituciones de gobierno estén en las mejores condiciones para lograrlo.
Del lado de la gobernabilidad o la conducción institucional efectiva para cumplir con los mandatos democráticos es en donde afloran las diferencias y tendrá que haber soluciones.
Ante las muy complejas interacciones multilevel, globales, nacionales y locales, informales e ilícitas crecientes, proyectar en el diseño legislativo los mejores términos y posibles correlaciones para prever y asegurar la gobernabilidad es en verdad ciencia y arte.
Más allá de sus intereses inmediatos, de los propósitos políticos de grupo o las ambiciones personales que son legítimas, los partidos y liderazgos deben sorprendernos enriqueciendo las garantías para equilibrar democracia y gobernabilidad.