En medio del desastre provocado por la invasión de Rusia a Ucrania, legisladores de ese país enviaron hace unos días al Senado de la República, a través de la embajadora Oksana Dramaretska, una misiva por la cual solicitan a México el envío de armas y pertrechos para hacer frente a la agresión rusa.
La situación en Europa oriental se ha recrudecido tras el reciente bombardeo de un hospital de maternidad en la ciudad de Mariúpol, y ante la creciente posibilidad del empleo de armas químicas por parte del ejército ruso.
El presidente AMLO, en respuesta, aseguró que México, en tanto que país pacifista, se limitaría a enviar ayuda humanitaria y que buscaría la paz por medios diplomáticos; ello en un vendaval de críticas lanzadas contra el jefe del Estado mexicana por su tibieza y tras haber descartado cualquier sanción económica contra Rusia.
El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, reiteró que México no enviará armas pues el artículo 89 constitucional establece a la letra que:
“X.-En la conducción de la política exterior, el titular del poder Ejecutivo observará los siguientes principios... la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales..”
Constitución Política de México
Bien vale señalar que los argumentos esgrimidos por AMLO y Ebrard responden a una correcta interpretación de la letra constitucional. Este principio, elevado a la Carta Magna en 1988, ha sido desde entonces un pilar de la política exterior mexicana.
En perspectiva histórica, sí que las Fuerzas Armadas han respondido, pero lo han hecho en el marco de la defensa del territorio nacional. Basta recordar la Guerra de intervención francesa en el siglo XIX o el ataque de los Estados Unidos contra el puerto de Veracruz en el contexto de la Revolución mexicana.
En suma, el presidente AMLO, a mi juicio, acertó en su rechazo al envío de armas o material bélico contra Ucrania. En primer lugar, la Constitución lo prohíbe, en segundo lugar, México no forma parte de la OTAN ni de otra alianza militar, y finalmente, no se trata de un ataque contra la integridad del territorio.
Ello no exime, empero, que México, y en particular, el presidente AMLO, estén moralmente obligados a sancionar diplomática y económicamente a Rusia en nuestro país y en los foros internacionales. Acertadamente, la delegación mexicana votó a favor de la resolución condenatoria del ataque ruso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, muchos echamos aún de menos que México no se sume a la comunidad internacional en la aplicación de sanciones contra intereses rusos en nuestro país
Como bien he señalado en este espacio de SDP Noticias, la Inversión Extranjera Directa rusa en México es limitada. Por lo tanto, suscribo la idea que el papel de nuestro país en el concierto de las naciones y la imposición de sanciones contra el tiránico Putin y sus secuaces debe imperar sobre los beneficios que un puñado de empresas rusas pueden generar en beneficio de nuestra economía. Creo que lo vale. AMLO, desafortunadamente, no la ve así. Quizá, como ha reiterado el olvidado Ricardo Anaya, el presidente de México no comprende el mundo.