En 1917, la Constitución Política emanada del constituyente revolucionario señalaba en su artículo 40 que la nación mexicana sería una república democrática, aunque los 80 años posteriores demostraran que aspectos fundamentales como el desarrollo de procesos electorales transparentes que evitaran fraudes, la alternancia entre fuerzas políticas en cargos públicos y la dotación de certeza al voto ciudadano fueron inexistentes.
Si se compara dicho periodo contra el que inició en el año de 1996 cuando el Instituto Federal Electoral adquirió su carácter de organismo autónomo y que subsiste hasta la actualidad, observaremos un crecimiento exponencial en la calidad de la democracia.
En menos de 26 años experimentamos una alternancia intensa en cargos federales y locales en todo el territorio nacional, se construyó un registro federal de electores que resguarda los datos de más de 90 millones de personas y que sustenta la expedición de instrumentos -credenciales y documentos electorales- que dotan de legalidad y certeza al voto y se han invertido una gran cantidad de recursos en la profesionalización, capacitación y adquisición de tecnologías que garantizan la integridad de cada elección.
No obstante, la visión de perfeccionamiento al sistema de elecciones ha transitado por la búsqueda de niveles adicionales de legitimidad como el reconocimiento de su calidad por parte de autoridades y expertos externos.
Una vía idónea para lograrlo han sido las misiones de observación electoral establecidas desde 1993 en la legislación electoral mexicana y cuyos objetivos fundamentales han sido generar confianza en las instituciones electorales, en la organización de los comicios y funcionar como mecanismos de evaluación imparciales.
Aunado a lo anterior, las fuerzas políticas han encontrado en ellas una fuente de respaldo proveniente de la opinión pública nacional e internacional al asumir que la presencia de estos grupos dota a sus triunfos de una mayor legitimidad.
Estos ejercicios han sido tan exitosos y benéficos para el desarrollo democrático que se han promovido a nivel subnacional durante el desarrollo de elecciones locales e incluso en procesos de participación ciudadana.
El éxito de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2022
Tal es el caso de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2022 realizada el primero de mayo pasado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en la cual los habitantes de las 16 alcaldías pudieron elegir la forma en que debe de gastarse una parte del erario de la ciudad en beneficio de sus comunidades.
Para esta jornada la autoridad electoral seleccionó e invitó a 42 personas expertas en la materia, 12 provenientes de distintos países de Latinoamérica y Europa en donde existen mecanismos participativos similares y 30 nacionales, con el fin de conformar una misión de observación que funcionó como un ejercicio de consultoría del más alto nivel que entregará al IECM un informe pormenorizado con los hallazgos y recomendaciones correspondientes y que tiene por objetivo facilitar nuevos conocimientos que contribuyan a la evolución del Presupuesto Participativo.
Es necesario mencionar que el éxito de estas misiones por las cuales no se pagan salarios ni honorarios, requiere de condiciones operativas y logísticas muy precisas que permitan a los invitados trasladarse con eficiencia y seguridad en un entorno que no les es familiar y que al mismo tiempo, les facilite observar la mayor cantidad de eventos y procesos tanto el día de la consulta como en sus etapas previas y posteriores.
Ello significa que la autoridad convocante debe planificar con mucha anticipación cada misión y por su carácter democrático trasparentar los recursos que serán utilizados. Para el caso específico de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2022, el IECM programó desde el mes de enero del mismo año las actividades y costos relacionados con la misión, las cuales se aprobaron y publicaron por su Consejo General mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-015/2022 conocido por partidos políticos y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
Para su ejecución el IECM invirtió recursos distribuidos en 5 días de actividades que debe juzgarse con un espíritu democrático, pensando en que los verdaderos beneficiarios seran los 9.2 millones de habitantes de la Ciudad de México, puesto que el perfeccionamiento del Presupuesto Participativo tiene un potencial incalculable para impactar de manera positiva en la construcción colectiva de la urbe y en el fortalecimiento del tejido social de sus comunidades.
Los resultados inmediatos recogidos por la autoridad electoral consistieron en excelentes comentarios por parte de las personas integrantes de la misión, quienes se mostraron ampliamente sorprendidas por la calidad en la organización del proceso y el profesionalismo del funcionariado electoral al enfrentar este tipo de consultas participativas en una de las ciudades más grandes y complejas del mundo.
En tal sentido quien considere que las misiones de observación electoral son innecesarias o constituyen un lujo, desconoce la importancia que han tenido en la historia de la vida democrática en México y atenta no solo contra la evolución de los mecanismos de participación ciudadana, sino que desdeña la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas.