Esta semana, quiero centrarme en una de las reformas más relevantes de los últimos años: la Ley General de Aguas, una iniciativa que representa un cambio profundo en la manera en que México gestiona uno de sus recursos más importantes, más sensibles y más estratégicos: el agua.
La reforma garantiza finalmente el derecho humano al agua, la prioridad absoluta del consumo personal y doméstico, y la organización de un sistema hídrico moderno, transparente y con visión de largo plazo. Por primera vez, se establece una planeación hídrica nacional a 10, 20, 40 y 60 años, una visión sistémica que nunca se había plasmado en nuestra legislación.
Pero esta ley no solo mira al futuro: corrige las injusticias del pasado. Por mucho tiempo, el agua fue administrada bajo criterios que terminaron por favorecer a quienes tenían la capacidad económica o política para apropiarse del recurso. Se generaron abusos, acaparamientos y usos indebidos que afectaron a comunidades enteras, productores, ganaderos y a todos aquellos que trabajan con honestidad y viven de su esfuerzo diario.
Hoy, eso cambia.
La Ley General de Aguas establece transparencia total, castiga el uso ilegal, fortalece la vigilancia y elimina la compraventa privada de concesiones, un mecanismo que por años permitió lucrar con un bien que le pertenece a toda la nación.
Este nuevo marco no solo protege a los más vulnerables. También brinda certeza jurídica y operativa a las cámaras empresariales, al sector agropecuario y a los productores ganaderos. Les ofrece estabilidad, seguridad y reglas claras para planear, invertir y crecer, sabiendo que el agua será administrada con justicia y visión ambiental.
Algo especialmente importante para quienes trabajan la tierra:
Los productores conservarán su patrimonio y contarán con garantías reales. Se reconoce que la inmensa mayoría de ellos trabaja de manera honesta, con profundo arraigo a la tierra y con un compromiso que sostiene nuestra economía. Esta ley protege ese esfuerzo y pone un alto a los excesos cometidos bajo el amparo económico del poder durante muchos años.
Además, impulsa prácticas sustentables como la captación pluvial, el reúso del agua, la recarga de acuíferos y la investigación para mejorar la eficiencia hídrica. Todo ello forma parte de una visión integral para enfrentar el cambio climático y reducir la vulnerabilidad de regiones como Querétaro.
En nuestro estado, donde la presión hídrica es una realidad cotidiana, esta ley representa una herramienta invaluable para planear con inteligencia, para proteger nuestros acuíferos y para asegurar el acceso al agua a las familias, a los productores y a las empresas que generan empleos. Es una oportunidad para ordenar, para prevenir y para construir un futuro más sostenible.
La Ley General de Aguas no es una reforma más. Es un compromiso con la vida, con la justicia y con la responsabilidad que tenemos hacia las próximas generaciones.
En Querétaro, la tomamos con seriedad. La abrazamos como una oportunidad. Y la convertiremos en un motor para seguir haciendo de nuestro estado un ejemplo nacional. Porque cuando protegemos el agua, protegemos nuestro futuro. Y cuando cuidamos nuestro futuro… hacemos Querétaro Fuerte Otra Vez.
Agradezco a Federico Arreola por este valioso espacio semanal que me permite reflexionar, compartir y dialogar con ustedes sobre los temas que hoy están transformando al país. Agradezco la confianza, el acompañamiento y la oportunidad de abrir estas páginas para hablar con claridad de lo que realmente importa.